El legislador Juan Rubio Gualito, pide al DIF investigar funcionamiento del Monte de Piedad
Por mayoría, el pleno de Congreso de la CDMX exhorta al DIF Nacional a supervisar al Monte de Piedad ante denuncias de abuso laboral y desvío de recursos; los legisladores exhortan al DIF Nacional a investigar y evaluar las actividades asistenciales del Montepío, ante irregularidades y un uso ineficiente de recursos, además de que más de 1,700 trabajadoras y trabajadores, permanecen en huelga desde el 30 de septiembre, ante la pretensión de aniquilar su Contrato Colectivo de Trabajo
Especial de Cananea TV
El tema de la huelga en el Nacional Monte de Piedad y la pretensión de las autoridades encabezadas por el ex banquero y ex funcionario de BBVA, Rafael Humberto del Río Aguirre, de eliminar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), de los mil 700 trabajadores sindicalizados de la institución de beneficencia pública, llegó a la Tribuna del Congreso de la CDMX.
Por mayoría, su pleno aprobó el punto de acuerdo presentado por el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, mediante el cual se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) a supervisar y evaluar las actividades asistenciales del Nacional Monte de Piedad.
El objetivo, que marca un parteaguas en los 250 años de existencia de la institución fundada por Pedro Romero de Terreros para ayudar a los más necesitados, es verificar la correspondencia entre los beneficios fiscales que recibe y el cumplimiento de su objeto social, ante las denuncias por irregularidades laborales y uso ineficiente de recursos.
En tribuna Rubio Gualito denunció que más de mil 700 trabajadoras y trabajadores mantienen una huelga activa desde el 30 de septiembre, derivada del incumplimiento de acuerdos, la eliminación de derechos adquiridos y el hostigamiento sindical. “No es una huelga más; es la expresión legítima de una base trabajadora que fue desoída durante más de cuatro años. Ninguna institución, por histórica que sea, está por encima de la ley ni puede sostenerse a costa de los derechos laborales”, expresó.
El conflicto laboral ha terminado por sacar a flote que el Nacional Monte de Piedad, se ha desviado de su vocación fundacional al operar como una entidad financiera de carácter privado, cobrando tasas de interés que superan las de los bancos y destinando menos del tres por ciento de sus ingresos a labores asistenciales, pese a gozar de exenciones fiscales equivalentes a más del 40 % de sus ingresos anuales.
De acuerdo a sus funcionarios, encabezados por del Río Aguirre, quien tomó posesión en enero pasado, la institución está quebrada pero curiosamente se siguen abriendo sucursales en todo el país y los directivos se niegan a transparentar sus sueldos, los cuales se estima, pueden sumar varios millones de pesos al año. Creando un estado de privilegio para unos cuantos.
El punto de acuerdo busca que el DIF Nacional, como órgano rector del Sistema de Asistencia Social, ejerza sus facultades de vigilancia y evaluación sobre las instituciones privadas que reciben beneficios fiscales. “Si se detectan desviaciones, que se corrijan; si hay incumplimientos, que se sancionen; y si no hay congruencia entre su mandato y su práctica, que se revisen sus privilegios fiscales”, enfatizó el legislador.
El tema abre un debate hasta ahora inédito porque lo que debería ser una institución sin fines de lucro, se ha convertido en una sucursal de la usura privada de los directivos en turno que pretenden apoderarse de la institución, quitando de en medio a los trabajadores y su sindicato.
Rubio Gualito, reiteró que esta resolución no solo busca atender un conflicto laboral, sino el principio de justicia social en el que se sustenta la Cuarta Transformación: “Hoy defendemos el derecho a huelga, el derecho a organizarse y el principio de que nadie puede beneficiarse del dinero público sin rendir cuentas al pueblo”, concluyó.
