Suteymistas exigen laudos justos y apegados a derecho
La dirigencia del SUTEYM en Ecatepec, realizó una serie de protestas a las afueras de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en ese municipio, denunciando la emisión dolosa e infundada de tres laudos que afectaban directamente a sus afiliados al no considerarlos en su calidad de sindicalizados sino de empleados de confianza. Lo torcido del tema derivó en la destitución de su ex titular, Eduardo Piña Márquez y volvió a poner en la palestra los innumerables laudos que tuvieron su punto de mayor crecimiento en los dos trienios del ex alcalde y hoy diputado federal por el Partido del Trabajo, Fernando Vilchis Contreras, con sus innumerables despidos injustificados
El Diván de la Utopía
Por I. León Montesinos
Especial de Cananea TV
De la reciente destitución del titular de la Sala Regional del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (TECA), con sede en Ecatepec, Eduardo Piña Márquez, se pueden obtener diversas lecturas que apuntan a explicar la perversa ilegalidad con que venía operando este centro de justicia laboral en perjuicio tanto de los agremiados del SUTEYM como de la propia alcaldesa de Morena, Azucena Cisneros Coss.
Le explico: Hace unos días, la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM-Ecatepec), encabezada por su líder, Pedro Arechiga, realizó una serie de protestas a las afueras de la mencionada Sala, denunciando la emisión dolosa e infundada de tres laudos que afectaban directamente a sus afiliados al no considerarlos en su calidad de sindicalizados sino de empleados de confianza.
Lo torcido del tema, volvió a poner en la palestra de las eternizadas injusticias contra cientos de trabajadores de ese ayuntamiento, un número igual de laudos que se vienen arrastrando de gobiernos anteriores pero que tuvieron su punto de mayor crecimiento en los dos trienios del ex alcalde y hoy diputado federal por el Partido del Trabajo, Fernando Vilchis Contreras.
En junio del pasado año, el Secretario del Trabajo del EdoMéx, Norberto Morales Poblete, firmó con la presidenta municipal, Azucena Cisneros, un convenio de colaboración para llevar a cabo las Jornadas de Conciliación Laboral Permanente, cuyo principal objetivo era dar solución a los laudos radicados en los tribunales.
Estuvieron presentes en el acto, entre otros funcionarios estatales y locales, el procurador de la Defensa del Trabajo, Efrén Sánchez López, el Secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz, el Consejero Jurídico, Luis Alberto López Pérez y el entonces titular de la Sala Regional del TECA, Eduardo Piña Márquez.
En el acuerdo, se dejó en claro el reconocimiento al brutal rezago en materia de laudos laborales. Y en tal sentido, autoridades estatales y municipales se dijeron dispuestos a trabajar juntas para este plan de reordenamiento institucional impulsado por la Gobernadora, Delfina Gómez Álvarez.
El proyecto no podía inscribirse de mejor manera para otorgar la justicia laboral largamente esperada por los sindicalizados que, incluso, fallecieron sin obtener el ansiado laudo a su favor, pero como el camino al cielo siempre está tapizado de buenas intenciones, sucedió que Piña Márquez decidió junto con funcionarios municipales de medio pelo, cambiar la ruta institucional a un camino al infierno, tapizado de cochupos jurídicos.
Los laudos comenzaron a fluir, sí, pero no a favor sino en contra de los trabajadores. Los promotores de acuerdos fuera de ley pensaron que entrando en complicidad con Eduardo Piña—abogado al que se criticó haberse titulado apenas en el 2023–, se pondrían la estrellita con la alcaldesa, presumiendo ahorros al erario municipal, a costa de pisotear los derechos de la clase trabajadora.
Nos referimos a quienes varios afectados señalan como responsables de esta estrategia que contraviene a la Primavera Laboral anunciada el pasado Primero de Mayo por la Presidenta Claudia Sheinbaum; el Consejero Jurídico, Luis Alberto López y su operador y enlace en la Sala del TECA, Raúl Reyes Rosas.
El tema que tarde o temprano terminaría por reventar y visibilizar la falta absoluta de conciencia de clase de funcionarios locales y estatales, es que hasta el pasante en derecho laboral más inexperto podría darse cuenta de las aberraciones jurídicas que han pretendido desconocer la calidad de sindicalizados a personas con más de 10 ó 20 años antigüedad, como es el caso de Ofelia Padilla Rodríguez.
Es de entenderse que el titulado con apenas unos años de experiencia, como es el caso de Piña Márquez, no sepa ni jota de la aplicación puntual de las leyes y menos de una especialidad como lo es el derecho laboral, pero del lado del Consejero Jurídico que ostenta en sus redes hasta una maestría en Administración Pública, el tema no puede invocar ignorancia sino mala fe.
Cabe preguntar al funcionario municipal qué parte no comprendió cuando la alcaldesa Azucena Cisneros manifestó su disposición para resolver de manera definitiva los conflictos laborales acumulados durante la firma del convenio del pasado año.
Dudamos que Azucena Cisneros haya dado una orden en sentido contrario a la justicia a los trabajadores, porque conoce y sabe perfectamente los destrozos laborales que le heredó su antecesor. Entonces, ¿por qué su Consejero Jurídico y sus corifeos, se fueron por la libre quitándole la categoría de sindicalizados a quienes solo buscan una sentencia justa?
Los trabajadores del SUTEYM que se manifestaron hace unos días, saben que ha sido únicamente a través de la protesta pública como las autoridades han volteado a verlos. No debemos olvidar que por muchos años, el sátrapa de Vilchis Contreras los dejó sin sus salarios y el pago de sus aguinaldos en fin de año, además de haber abonado cientos de laudos ahora en proceso, al aplicar despidos injustificados por parte de funcionarios déspotas y arbitrarios que, aunque parezca increíble, laboraron para un gobierno supuestamente morenista y de izquierda.
Estos sindicalizados han debido soportar toda suerte de calamidades y hasta el robo de sus salarios. Lea con atención lo siguiente y juzgue si los suteymistas tienen o no la razón en salir a las calles a protestar:
Por ley y de acuerdo a lo pactado con el gobierno mexiquense, los trabajadores burocráticos celebran su día el 27 de octubre de cada año y reciben como reconocimiento el pago equivalente a una quincena extra. Los trabajadores refieren que durante su administración, Fernando Vilchis los engaño al hacerlos firmar sus nóminas con el respectivo pago compensatorio, pero llegó la segunda quincena de octubre y la cantidad acordada no cayó.
El latrocinio de este cínico que ahora en San Lázaro predica, como petista, el advenimiento de una sociedad sin clases, se estima en unos 20 millones de pesos que literalmente les robó a los suteymistas, si se considera un salario promedio de 10 mil pesos y una quincena de cinco mil; es decir, que estos cinco mil pesos que nunca les entregó a unos 4 mil sindicalizados, suman unos 20 millones de pesos.
¿No son estos algunos de los poderosos motivos para que los trabajadores del ayuntamiento de Ecatepec exijan ya no más abusos? Esto sin contar con los atropellos en sus centros de trabajo y, claro está, los despidos injustificados. Y del castigo al bandido ahora con fuero, que les birló su compensación extra, ya ni qué hablar.
En el tema coyuntural que se aproxima para la alcaldesa, la posición de lucha del SUTEYM no debe verse como su némesis sino como una alianza para desactivar la bomba de tiempo laboral que le dejó el truhan de Vilchis y que maliciosamente no dudará en emplear para dinamitar su probable reelección.
Ante esto, debemos preguntarnos: ¿Qué implicaciones y alcances legales pueden tener la omisión de un alcalde al no atender el pago de laudos laborales?
De acuerdo a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la inhabilitación del cargo y hasta la cárcel. Y a quién dude de que esto es real, que le pregunten al ex alcalde del vecino municipio de Coacalco, Erwin Castelán, los motivos por los cuales fue destituido a finales del 2017, lo mismo que otros ediles del país como Bernardo Barranda de Paraiso, Tabasco, Carlos Martínez Varela, de Emiliano Zapata y el ex delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, entre otros tantos.
¿Midieron las consecuencias de este asunto los asesores jurídicos de la alcaldesa, al alterar laudos?
En 2023, cuando el todavía presidente municipal intentó meter las manos en la democracia interna de los suteymistas de Ecatepec, en este mismo espacio hablamos de su irresponsabilidad manifiesta para atender los cientos de laudos acumulados y en proceso de ejecución.
Referimos un documento interno proporcionado por los entonces agredidos miembros del cabildo, donde hasta diciembre del 2022, se tenía un acumulado de pagos pendientes de 253 laudos por un monto de 222 millones 849 mil pesos. Sin dejar de mencionar otros mil 550 laudos activos.
Vilchis llegó a presumir que iba a “patear el bote”, porque tenía acuerdos con las autoridades; para entonces ya intuía que Morena no le iba a consentir dejar a su esposa Esmeralda Vallejo o su testaferro, Ernesto Santillán, en la alcaldía. El fugaz líder del PT en el EdoMéx, sabe que el tema de los laudos es un arma encubierta que puede accionar políticamente contra la actual Presidenta Municipal.
Por eso es importante que Azucena Cisneros sepa que su verdadero enemigo a vencer no está en las filas de la clase trabajadora, sino en quien le abonó una carga explosiva con cientos de laudos a punto de estallar, jurídica y políticamente hablando.
El tema que ha vuelto a visibilizarse, implica una especial atención del gobierno del Estado, al punto que no solo se removió del cargo al cuestionado Eduardo Piña Márquez, sino que se envío como relevo a un verdadero experto en temas laborales, como es el caso del abogado Carlos Barranco. Hombre de probadas capacidades y cercano a la actual Presidenta del TECA, Alma Juárez Bautista.
Tenemos entendido que entre los primeros acuerdos logrados con la parte sindical y los abogados de los trabajadores afectados con los torcidos laudos, con el nuevo responsable de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, están el iniciar mesas de diálogo el próximo 17 de septiembre. Y en cuyos puntos a tratar ha sido testigo de calidad la representante regional de la Subsecretaría de Gobierno, Amellali Caballero, quien firmó la minuta consensada entre las partes.
El nuevo escenario que busca no solo bajar presión al delicado conflicto sino ir destrabando mediante la vía del diálogo, los casos de más urgente resolución e, incluso, plantear salidas alternativas mediante justas recontrataciones, es una oportunidad para que la alcaldesa frene las intenciones golpistas de esos emisarios del pasado que buscan ponerle piedras en el camino, pero también para hacer un corte de caja a varios de sus asesores que no comprenden la lectura de la política en materia laboral que viene ejecutando a nivel federal la presidenta Claudia Sheinbaum y está replicando la gobernadora, Delfina Gómez.
Una vez más los escenarios se le descomponen al mafioso ex alcalde en su intento por dinamitar el futuro político de Azucena Cisneros, aunque mucho dependerá de las determinaciones que tome al respecto la actual presidenta municipal para desactivar de una buena vez el peligroso tic-tac que se sigue escuchando en la bomba de tiempo heredada por Vilchis.
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