Innovadora iniciativa del legislador de Morena, a favor de los derechos humanos
La innovadora iniciativa busca que la figura del indulto, se actualice en un nuevo catálogo de causales que permita beneficiar a personas de edad avanzada con enfermedades terminales como el cáncer, pero también a mujeres que enfrentan la fabricación de delitos, lo mismo que grupos indígenas, víctimas de discriminación lingüística y cultural; en su exposición ante el Congreso Mexiquense, el diputado local de Morena, señala que cuatro de cada diez casos de detención en el Estado de México, son acusaciones injustas, lo que ha llevado a que unas 40 mil personas, estén recluidas en los 22 penales de esa entidad
Por Staff de Cananea TV
En lo que puede considerarse una propuesta innovadora y humanista que favorecerá a adultos mayores, personas con enfermedades terminales como el cáncer, mujeres acusadas injustamente, lo mismo que integrantes de comunidades indígenas a los que se les han fabricado delitos, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, presentó en la LXII Legislatura del Congreso Mexiquense, una iniciativa para actualizar la figura del indulto a través de la Ley de Indulto y Justicia Humanitaria del Estado de México.
Actualmente, la facultad que se confiere al, o la titular del Ejecutivo Estatal, para otorgar el indulto a personas sentenciadas por delitos del fuero común, se encuentra plasmada en el artículo 77 de la Constitución del EdoMéx, por lo que en su exposición de motivos el legislador expuso que en su entidad, cuatro de cada diez personas detenidas presuntamente, han sido víctimas de fabricación de delitos, reportándose una cifra de 40 mil privadas de la libertad en los 22 centros penitenciarios mexiquenses.
El tema engloba el amplio espectro de los derechos humanos y propone actualizar el indulto para que no se perciba solo como un gesto aislado de “benevolencia” al valorarlo como un instrumento “para corregir los desajustes más graves entre la pena impuesta y los principios de dignidad, proporcionalidad e igualdad”.
De especial importancia es destacar que la propuesta del diputado local, establece un moderno catálogo de causales, sustentado en evidencia objetiva con estándares nacionales e internacionales y criterios plenamente verificables, con lo cual se permitirá ejecutar valoraciones que identifiquen enfermedades graves o en estados terminales –entre ellas el cáncer o las diabetes críticas–, sobre todo en personas de la tercera edad, pero también casos de excepción no atendidos como los trastornos psiquiátricos que han llevado a la pérdida de la cordura a por lo menos 500 internos en las cárceles mexiquenses.
Además de la vejez, la novedosa e integral propuesta legislativa, contempla el análisis de probables afectaciones irreversibles a hijas e hijos menores, buscando identificar condiciones de vulnerabilidad acreditada a grupos sociales, como los indígenas, que han sido víctimas de discriminación estructural a causa de las barreras lingüísticas o culturales.
El diputado puntualizó que en la nueva Ley de Indulto y Justicia Humanitaria, que busca derogar la Ley de Indulto Estatal—vigente desde abril del 2016–, la conmutación de la pena no podrá interpretarse como medio de revisión, corrección o sustitución del fallo jurisdiccional, ni como vía para controvertir la valoración de pruebas, la calificación jurídica del hecho o la decisión judicial sobre la culpabilidad de la persona sentenciada.
Otros de los aspectos torales de la iniciativa son el agilizar los procedimientos, señalando responsabilidades concretas a las autoridades respectivas y evitando trabas burocráticas con tiempos definidos en los procesos, previendo además la emisión inmediata de documentos sin costo, con el objeto de que el indulto se resuelve dentro de “márgenes razonables”.
En tal sentido, el legislador propone el fortalecimiento del Consejo Consultivo del Indulto que, aunque ya existe en la normatividad vigente, se le dote un marco que le permita emitir opiniones técnicas fundadas en parámetros objetivos, “perspectivas interinstitucionales y principios de derechos humanos”, con el fin de poder examinar la razonabilidad de la pena, las condiciones de vulnerabilidad y violaciones documentadas contra la persona sentenciada.
Cabe destacar además que la propuesta presentada al Congreso Mexiquense, introduce medidas de acceso efectivo al procedimiento y garantiza que las personas privadas de la libertad reciban orientación adecuada, información accesible y apoyo institucional para la integración de sus solicitudes; prohibiendo cualquier forma de obstaculización y salvaguardando la protección de datos personales.
Entre sus artículos transitorios, la propuesta fija un plazo de 90 días naturales para la instalación formal del Consejo Consultivo de Indulto, una vez que la nueva ley entre en vigor; plazo igual se establece para que el ejecutivo, a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad, emitan las disposiciones administrativas necesarias para su correcta aplicación.
La iniciativa del legislador mexiquense representa, sin duda, una propuesta de avanzada en el Estado más poblado de la República Mexicana, y que puede servir de modelo para otras muchas entidades, en el tema del análisis y aplicación puntual a los derechos humanos, en los centros penitenciarios.
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