Los trasfondos que muchos sindicalizados desconocen
Conforme se normalizan las actividades en el Máximo Órgano de Justicia de la CDMX, van quedando al descubierto las razones ocultas que movieron a los paristas, algunas de las cuales no tenían la genuina intención de luchar por las mejoras salariales de los trabajadores, sino aprovechar la coyuntura para apoderarse del sindicato mayoritario y golpear políticamente al gobierno de la Ciudad y al de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, con un movimiento que, todo apunta, fue consentido y hasta apoyado, por el Magistrado Presidente, Rafael Guerra Álvarez
Investigación Especial de Cananea TV
Tras el retorno a las actividades laborales en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), poco a poco van quedando al descubierto los intereses político-sindicales que estuvieron detrás de los líderes paristas, alentados y solapados, desde un principio, por el titular del Poder Judicial capitalino, Rafael Guerra Álvarez.
Molesto por irse con las manos vacías en diciembre próximo, y siguiendo su reiterada estrategia de negar el pago de prestaciones como los vales de fin año a los más de diez mil empleados de base –estrategia que aplicó al gobierno de la 4T en la CDMX, desde el 2020–, Guerra Álvarez constató tras las elecciones del Poder Judicial que su futuro le pintaba sombrío pues, como se recordará, se quedó a la vera del camino en su intención por ser Ministro de la Suprema Corte.
Tras haber firmado, en mayo pasado, el aumento salarial correspondiente al 2025, otorgando un incremento extra en prestaciones con el Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la CDMX (SUTPJCDMX), retroactivo al primero de enero –mismo que fue avalado por las otras seis organizaciones minoritarias–, el Ministro Presidente se tomó hasta la foto oficial, como reconocimiento a la representación gremial.
Pero esta parafernalia pronto se desdibujó cuando un grupo de no más de cien trabajadores iniciaron su protesta exigiendo mayor incremento en sus sueldos y prestaciones; de manera sospechosa, Guerra comenzó a darles cobijo al recibirlos para entablar un supuesto diálogo, brincándose a los sindicatos legalmente reconocidos. Al interior del Tribunal ahora se comenta que un buen numero de quienes iniciaron el movimiento no eran trabajadores de base, sino empleados de confianza.
Los paristas, por supuesto, no objetaron el incremento ni el pago retroactivo que se vio reflejado en sus cheques del 30 de mayo, cuando el mismo debió aplicarse hasta el 30 de junio. Al paso de las semanas y ante la sospechosa tolerancia del titular del TSJCMDX, los quejosos llegaron a sumar 600 participantes, como lo aceptó el propio Rafael Guerra.
PARISTAS Y SUS INTERESES SINDICALES MÁS QUE LABORALES
Curiosamente desde que inició la primera mesa de negociación con las autoridades del gobierno capitalino, uno de los principales reclamos no fue solo laboral sino sindical. Gente como Eduardo Vélez Yáñez y Erika Ojeda Contreras, exigieron a funcionarios como el Secretario de Gobierno, César Cravioto, abrir la democracia interna en la convocatoria lanzada por el sindicato mayoritario, dirigido por Diego Valdéz Medina, cuya renovación debía darse el 30 de junio mediante el voto libre, directo y secreto de más de 6 mil agremiados.
Lo que no dijo en su momento a las autoridades, Eduardo Vélez, es que pretendió registrarse bajo la Planilla Azul, a pesar de haber dejado de pertenecer al SUTPJCDMX, teniendo su nueva afiliación con el Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior, dirigido por Ortelia Bautista Pardo, hermana del magistrado Elfego Bautista, y cuya organización suma unos dos mil agremiados. Documentos allegados a este medio lo ubican con el registro sindical 97 correspondiente a este sindicato, pero no al de Diego Valdés Medina. En una palabra, se quiso pasar de listo mintiendo a los funcionarios del GCDMX.
Desde un principio, uno de sus objetivos prioritarios no era el obtener más salarios pues sabían de sobra que mañosamente su aliado, el Magistrado Presidente, buscaba usarlos como punta de lanza para obtener del gobierno capitalino recursos no contemplados en el presupuesto del 2025, y autorizados desde el pasado año por el Congreso Local, sino hacerse del control del sindicato mayoritario y comenzar a tomar el poder absoluto de los que llamaron hasta el cansancio en sus discursos, “sindicatos charros”.
Tras 20 mesas de trabajo, los paristas agrupados en la llamada Coalición de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, lograron que el Secretario de Gobierno anunciara en la conferencia ofrecida a la par de otros funcionarios del gobierno central y del Presidente del TSJCDMX y su Oficial Mayor, el jueves 26 de junio, que se diera el anuncio de una nueva convocatoria a registro de planillas y elecciones, a ser lanzada días más tarde por el sindicato mayoritario.
CAMARILLA IGNORÓ LA VOLUNTAD DE LAS MAYORÍAS
Un día antes, y para variar, un grupo de los paristas se había negado a acatar la voluntad mayoritaria en los centros de trabajo, mismos que sometieron a votación a sus compañeros para para determinar si levantaban o no el paro. Nueve áreas votaron por la afirmativa de regresar a laborar, siete lo hicieron en contra y solo hubo una abstención. Pese a esto, el grupo que desde el inicio pretendió objetivos político-sindicales, ignoró la decisión de las mayorías, rechazando la invitación de Rafael Guerra para presentarse a trabajar el lunes 30 de junio.
Como denunció César Cravioto, la situación llegaba a los límites del sentido común porque mientras millones de trámites y afectaciones a la ciudadanía se acumulaban en los juzgados de las distintas materias, un grupo de los paristas se negaba a firmar las minutas elaboradas por ellos mismos, además de insistir en sus mítines en el desplazamiento del líder del sindicato mayoritario sin los procedimientos establecidas por la Reforma Laboral de la 4T, o una determinación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), como el insalvable voto libre, directo y secreto de las bases.
Al darse el registro de Planillas para contender en la elección interna programada para el próximo martes 15 de julio, los representantes de las tres corrientes opositoras al dirigente Diego Valdéz Medina, se dijeron inconformes ante la Comisión Electoral, por los requisitos solicitados. Por ejemplo, el contar con una antigüedad laboral y una experiencia sindical de por lo menos 15 años. Y de inmediato señalaron en las redes sociales y algunos medios de comunicación, que impugnarían el registro que, a su decir, no se había dado de acuerdo al estatuto.
El asunto es que pasaron por alto un pequeño gran detalle: que fue el propio Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), el que había supervisado y elaborado la nueva convocatoria en base a lo establecida en la Ley Burocrática Vigente, pero también imponiendo las modificaciones al estatuto de la organización sindical para que se contemplará la equidad de género y el voto libre, directo y secreto. Es decir, que al impugnar lo determinado por la Comisión Electoral del SUTPJCDMX, estaban impugnando, de hecho, al máximo árbitro que rige la legalidad en los sindicatos del apartado “B”, es decir, al TFCA.
LOS PARISTAS Y SUS FALLIDAS PLANILLAS
Según ha trascendido, ni la Planilla Blanca encabezada por Erika Ojeda Contreras, quien se ostentó ante diversos medios como vocera de la Coalición y fue de las más férrea opositores a las decisiones mayoritarias de los diversos centros laborales del Tribunal; como tampoco la Azul con Araceli Mendoza Gómez como candidata—esposa por cierto del fallido aspirante, Eduardo Vélez–, lograron cumplir con los requisitos establecidos.
Misma situación se presentó en la solicitud de registro de la Planilla Guinda liderada por José Nezahualcóyotl Salinas Martínez, hermano del que fuera titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), Cuitláhuac Salinas Martínez, en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, y a quien la entonces Procuradora Marisela Morales, le solicitó su renuncia por presuntas implicaciones de su equipo con grupos delincuenciales. Salinas Martínez trató de desfondar al sindicato de Diego Valdéz, pues 20 de los miembros de su comité decidieron acompañarlo en su ahora frustrada aventura.
Tenemos entendido que ninguna de las tres planillas logró siquiera reunir a los aspirantes necesarios para cubrir los 235 cargos a las diversas carteras –y sus respectivas suplencias– requeridos en la convocatoria elaborada por el TFCA; algunas de las solicitudes presentaron inconsistencias en las firmas de inexistentes simpatizantes que ni siquiera dieron su consentimiento para ser incluidos, dándose además inconsistencias en el tema de la equidad de género.
El propio Nezahualcóyotl Salinas dijo en un programa radiofónico que era sencillamente imposible cubrir tal número de cargos, contradiciendo lo que junto con las otras planillas expresaron por semanas a la base trabajadora y a los medios: tener el apoyo de las mayorías. De haber existido tal supuesto, no les hubiera sido imposible cubrir los 235 cargos, pero en los hechos tal poder de convocatoria nunca existió.
A las puertas de su sede sindical, los escasos seguidores de la Planillas Blanca y Azul, increpaban a los miembros de la Comisión Electoral del sindicato mayoritario, acusándolos de fraude y lanzando consignas por las dos décadas de permanencia en el cargo del líder, Diego Valdéz, exigiendo su no reelección: “Somos abogados, conocemos la ley”, gritaban al unísono.
FRENTAZO ANTE CONVOCATORIA DEL TFCA
El tema es que si son abogados deberían saber que ni la Reforma Laboral de la 4T ni la Ley Federal del Trabajo, prohíben la reelección en los sindicatos; también, deberían saber como juristas que si la convocatoria fue elaborada por el TFCA, sus inconformidades e impugnaciones deberán turnarlas a este organismo, mismo que tratando de bajarle presión al cierre del TSJCDMX, elaboró con el mayor de los cuidados todos los términos y requisitos de la convocatoria en cuestión. Al final y sin tantos aspavientos, la única planilla que logró su registro fue la Naranja, con Diego Valdéz Medina a la cabeza.
La inmensa mayoría de los agremiados del sindicato mayoritario, no cayeron en el garlito de los repentinos redentores disidentes, manteniéndose al margen, porque conocían a la perfección sus excesos y hasta arranques violentos, como es el caso de Nezahualcóyotl Salinas y sus hijos Enrique y Eduardo. Cuya planilla no debió ser del color guinda de Morena, sino más bien azul, el color de los panistas con quienes trabajaron Neza y su hermano Cuitláhuac años atrás, en el sexenio de Felipe Calderón.
Y en tanto se les caía el teatro en el tema sindical, en el laboral una nueva votación entre los grupos de paristas en los centros de trabajo del máximo órgano de justicia capitalino, confirmó lo ya sabido: la mayoría ya se había percatado del doble lenguaje de sus compañeros de movimiento y sus verdaderas intenciones, a pesar de que en sus grupos de las redes sociales negaban una y otra vez perseguir ambiciones sindicales o políticas.
El viernes 4 de julio, por fin 12 de estos grupos firmaron la minuta de acuerdos con el Presidente del Tribunal, el Oficial Mayor y funcionarios del gobierno capitalino. Todavía pasarían unos días en que Erika Ojeda, el matrimonio Vélez y su grupo, buscaran en vano evitar el regreso al trabajo. Ese mismo día, el movimiento que desde el Poder Judicial Federal se ha opuesto sistemáticamente a la Reforma al Poder Judicial, invitó a la ya fraccionada Coalición a sumarse a la protesta “civil” que marcharía del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, el pasado domingo 6.
Esta alianza pública, vino a confirmar que estas corrientes internas minoritarias, buscaban ser la punta de lanza para golpear políticamente tanto a la administración de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, como a la propia Presidenta, Claudia Sheinbaum. En sus redes sociales hay abundantes pruebas de la forma en que criticaron que hubiera dinero para eventos sociales y culturales pero no para los trabajadores del tribunal.
Ahora que las aguas terminarán de volver pausadamente a su nivel –pues además, tras la elección en el SUTPJCDMX, viene el periodo vacacional–, el titular del Tribunal no deberá confiarse en salir bien librado del tormentoso lío que él mismo alentó. Legisladores del Congreso Local se están enterando de la existencia del llamado Fondo de la Administración de Justicia que debía ser empleado para mejorar el nivel salarial de miles de trabajadores, pero que solo ha beneficiado a los mandos medios y superiores.
Una caja chica que, al parecer, Rafael Guerra ha manejado de forma discrecional y que requiere ser auditada por la Contraloría capitalina bajo supervisión de los diputados locales. La falta de recursos en el tribunal tiene más vertientes que las ocultadas mañosamente en el extendido paro o, mejor dicho, cortina de humo tendida a favor del magistrado presidente que ya se va en diciembre próximo. Pero antes, debe rendir cuentas y dar muchas explicaciones.
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