Se repite otra ilegal reelección
Como en 2019, Herminio Cahue se reeligió empleando el caduco sistema a mano alzada, violando tanto la Ley de Servidores Públicos del EdoMéx, como la Reforma Laboral y la LFT, negando a sus agremiados el derecho de acudir a las urnas a expresar su libre voluntad; habrá que ver si para el líder de filiación priísta, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del EdoMéx, le cubre su irregular elección como ocurrió en el gobierno de Alfredo del Mazo. Hay evidencias para que las autoridades laborales echen abajo la burda parafernalia e, incluso, le finquen responsabilidades por la opacidad y falta de rendición de cuentas en el manejo de los millonarios recursos y patrimonio sindical
El Diván de la Utopía
Por I. León Montesinos
Especial de Cananea TV
En un hecho inverosímil y violatorio a la Ley Federal del Trabajo, la Ley de los Servidores Públicos del Estado de México y a la democracia interna establecida en la Reforma Laboral de la 4T, para que la elección de dirigentes sindicales sea a través del voto libre, directo y secreto de sus agremiados, Herminio Cahue Calderón, se reeligió como líder de la burocracia mexiquense, por un periodo más, en su pasada asamblea donde rindió su Octavo Informe, montando una grotesca parafernalia de unidad y fuerza sindicales para modificar una vez más su estatuto y “ampliarse” por un nuevo periodo de cuatro años, sin emitir la respectiva convocatoria para el efecto, echando mano de la votación a mano alzada de los miles de acarreados al acto, a pesar de que este sistema además de obsoleto, carece de validez en las nuevas leyes laborales del país.
Como si el EdoMéx se tratara de una ínsula independiente, el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), nuevamente como en el 2019, pasó por encima de los ordenamientos laborales tanto de su entidad como de la federación, dejando la resolución jurídica de su fraudulento proceso de elección, en manos de la encargada de la Presidencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Kumiko Myshyko Mota Malagón.
Hace cuatro años en el gobierno priísta de Alfredo del Mazo, el entonces Presidente del Tribunal, Gerardo Becker Ania, consintió la serie de irregularidades legales cometidas por Herminio Cahue, al permitirle violar el artículo 144 de la Ley de Servidores Públicos del EdoMéx, que establece la prohibición de los Secretarios Generales del SUTEYM y del gremio magisterial local, el SMSEM, a reelegirse.
DEL MAZO Y SU “TÍTERE” BECKER
En 2018, Cahue Calderón junto con sus incondicionales del Comité Estatal, modificaron el estatuto cambiando el termino reelección por “ampliación”, estableciendo tal salvedad por única ocasión. En octubre de 2019, Becker Ania validó la burla estatutaria en el SUTEYM, pisoteando la ley local de Servidores públicos; además, permitió que el dirigente de más 80 mil sindicalizados, se quedara en el cargo por otro cuatrienio sin aplicar el voto libre, directo y secreto establecido en el artículo 371 fracción X, de la Ley Federal del Trabajo (LFT), como uno de los requisitos de la nueva Reforma Laboral, aprobada el primero de mayo de ese año.
En una indudable complicidad, el titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje mexiquense, no exigió a Herminio Cahue y sus funcionarios sindicales, adecuar sus estatutos para establecer como obligación indispensable para validar a su dirigente, la realización de elecciones a través del voto libre, directo y secreto de sus miles de trabajadores. Su “ampliación” de periodo se dio mediante una Asamblea de Delegados Electores que votaron a mano alzada, como en los viejos tiempos del corporativismo priísta.
Trabajadores indignados con el desaseo estatutario y jurídico en que se consumó la “ampliación” (reelección) de Cahué en el 2019, presentaron una demanda ante Gerardo Becker, acompañada de 800 firmas donde le detallaban al funcionario que tal procedimiento era una abierta violación a las leyes en la materia, pero como entonces Becker Ania obedecía la línea del gobernador, determinó que los quejosos no tenían personalidad jurídica, a pesar de haber presentado los documentos que los acreditaban como trabajadores sindicalizados en activo y miembros del SUTEYM.
De su parte, el sindicato esgrimió el pretexto absurdo de que la distancia entre los municipios mexiquenses, era un impedimento y complicaba llevar a cabo una elección a través de la instalación de urnas, para dar a los miles de agremiados la oportunidad de ejercer su libre decisión, como lo marcaba ya la Reforma Laboral del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Tal excusa no es creíble si se considera que, por ejemplo, organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNSTA), con más de 300 mil agremiados en todo el país, realizó en noviembre de 2022 sus elecciones donde acudieron a votar 210 mil trabajadores; esto es, el 70 por ciento de su membresía.
Ahora, en su nueva “ampliación”, Cahue Calderón y su comité cayeron en un franco, retador y extremo cinismo a las leyes laborales al violar en todos los sentidos su propio estatuto, pues nunca convocaron a una Asamblea de Elección, sino de Informes.
CIENTOS DE ACARREADOS, VOTARON A MANO ALZADA
Solo la cúpula sindical sabía sobre el burdo montaje que se preparaba para que, en paquete, se despacharán asuntos que nunca figuraron en la orden del día como la nueva reforma estatutaria al artículo 114, permitiendo ahora la “ampliación” del líder en turno hasta por tres ocasiones y la elección a mano alzada no tomando en cuenta, para variar, el contenido de la Ley Burocrática del EdoMéx, la LFT y la Reforma Laboral.
En los videos filtrados en las redes sociales, los asistentes solo siguieron las indicaciones que les marcaban los operadores de sus líderes seccionales, muchos de los cuales, se comenta, ni siquiera eran delegados electorales sino acarreados de municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Neza, Ecatepec y Tultitlán.
El ingreso fue controlado mediante la emisión de boletos que debían ser otorgados, supuestamente, solo a los delegados electores pero al decir de muchos trabajadores, Cahue Calderón y sus incondicionales dejaron fuera a servidores del Sector Central para dar preferencia a municipios como Naucalpan que llevaron alrededor de mil 500 acarreados cuando el estatuto marca un delegado por cada veinte trabajadores; esto es, que si numéricamente tal ayuntamiento cuenta con cinco mil agremiados, le correspondían solo 250 delegados. En contraparte, al Sector Central conformado por 18 mil agremiados, solo se le permitió ingresar unos cien delegados.
En toda esta farsa no escasearon de parte de varios dirigentes seccionales, los loas y el culto a la personalidad a Cahue, colocándolo como el líder que debe seguir al frente del SUTEYM por todo lo que según ellos, “le deben los trabajadores”, como su estabilidad laboral –habrá que preguntarle a los agremiados de Ecatepec, al respecto–.
RENÉ PALOMARES Y SU IMAGINARIO VOTO LIBRE, DIRECTO Y SECRETO
El desfile de falacias no paró ahí, pues René Palomares Parra, titular de la Comisión de Vigilancia, enumeró como algunos de los requisitos para la elección que momentos después se sacarían de la manga, la integración de “un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar”, para lo cual la Comisión de Vigilancia “tiene la facultad de vigilar la elección en cualquier momento”, (sic) para que “la votación se desarrolle de forma segura, directa, personal, libre y secreta (¡recontra sic!).
¿A qué elección se refirió el sobrino del cacique David Parra?, ¿a la que se realizó en el auditorio de la Sección 17 del SNTE, o la que solo existió en su imaginación?
Habrá que preguntarle: ¿Dónde se cotejo el citado padrón y a qué hora, ya no digamos los 80 mil trabajadores del SUTEYM, sino al menos los asistentes al acto –incluidos los acarreados–, votaron de forma libre, directa y secreta? Los videos muestran manos alzadas, pero ni una sola urna.
“CHARROS” DE PIEL SENSIBLE
Hasta ese grado llegó la desfachatez de los charros del SUTEYM, quienes envalentonados y ya entrados en gastos, decidieron iniciar una “purga” de algunos afiliados que, a su decir, han usado “de manera dolosa” la libertad de expresión para “afectar la imagen de sus dirigentes”.
Por lo menos tres nombres fueron llevados a la picota sindical: José Antonio Bastida, Yuri González y Rosa Gloria Hernández.
¿Pero qué tan grave es la falta de estos servidores públicos qué a los ojos de Cahue y su Comité ameritó su expulsión?
Sucede que algunos de ellos, como otros muchos inconformes, fueron los denunciantes del irregular proceso de ampliación cometido en octubre del 2019, pero también su “pecado” consistió en hacer valer otro derecho consagrado en la Reforma Laboral de la 4T, que faculta a los trabajadores a exigir transparencia y rendición de cuentas a sus líderes.
Quién sabe bien del asunto es sin duda el eterno Secretario de Finanzas del SUTEYM, Artemio Cruz González, impuesto desde hace más de 20 años por el cacique David Parra en el cargo, donde además, vea usted, es el titular de la unidad y transparencia. ¡Juez y parte¡
Hace un par de años, Cruz respondió a una solicitud sobre información en cuanto al costo del Deportivo Uranga. La respuesta fue llana y escueta sin especificar los montos aplicados: El costo, 600 millones de pesos. En opinión de algunos expertos en la materia, tal cantidad no se ajusta a las características de la obra que presuntamente tiene un muy elevado sobreprecio, además de que su uso como el del Centro Vacacional de Tenancingo ha sido, en buena parte, empleado de manera exclusiva por la familia de Cahue Calderón, como lo han denunciado los agremiados en las redes sociales.
Pedir democracia interna y transparencia son, bajo la óptica totalitaria y charril de Cahue y su Comité, usos “dolosos de la libertad de expresión” y motivos de un “daño a su imagen personal”, que ameritan expulsar de su organización a trabajadores.
Es justificado el temor externado por los valientes sindicalizados, a los medios, en el sentido de hacer responsables a Herminio Cahue y sus eternizados dirigentes menores, de su seguridad e integridad física y de sus familias.
Otros trabajadores como el maestro Ernesto González Guerrero, delegado sindical en la Dirección del Sistema Estatal de Informática (SEI), enviaron con días de antelación a la truqueada asamblea, una petición a su líder estatal, solicitándole información del proceso electoral como calendario y plazos, requisito y criterios de elegibilidad, campaña de difusión y proceso de votación y escrutinio, entre otros puntos. Tal y como lo establece la Reforma Laboral. Por supuesto, ni Cahue o alguno de los miembros de su comité le dieron respuesta. Ahora se entiende que todo estaba predispuesto para la faramalla de su “ampliación”.
Son cientos de millones de pesos los que están en juego, sobre todo por el manejo discrecional de las prestaciones que se otorgan en efectivo y que son manejadas al interés personal de los dirigentes y sus intereses políticos, como los recursos que en la pasada campaña al gobierno del Estado, se presume, inyectaron a la candidata perdedora, Alejandra del Moral.
Ahora con una gobernadora de Morena en el poder, estará en manos de las autoridades del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del EdoMéx, determinar todo el cúmulo de excesos e ilegalidades cometidas en la pasada asamblea donde Herminio Cahue se reeligió –“amplió”–, como si su partido, el PRI, aún despachara en el Palacio de Toluca.
Los 80 mil agremiados del SUTEYM esperan que ahora sí, se meta en cintura a estos desbocados “charros”, confiscándoles hasta las espuelas.
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