Dora Elena Real, ex diputada del PRI y Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, se niega a entregar una propiedad de 90 hectáreas, producto de un despojo que su padre hizo a los ejidatarios del núcleo agrario Las Salinas, pese a existir una sentencia del máximo tribunal del país y agrede a balazos a legítimos propietarios
Por Griselda Lozada
Enviada Especial de Cananea TV
Como una auténtica rémora del Grupo Atlacomulco, la ex diputada priísta y actual Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), Dora Elena Real dejó al descubierto su prepotencia y abuso de poder con el que se ha negado a cumplir una sentencia en contra de su familia, emitida desde el 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Luego de que a punta de balazos y a gritos de “sálganse de mi casa”, “pa´fuera todos” y “me lleva la chingada” recibiera a ejidatarios del Núcleo Agrario Las Salinas que buscaban recuperar su terreno de 90 hectáreas, ubicado en el municipio de San Felipe del Progreso, que les fue arrebatado por el padre de la funcionaria, José Guadalupe Real Pedraza, hace 26 años cuando era delegado agrario de la zona ejidal y esposo de la ex presidenta municipal, Emma Salinas López.
ANTECEDENTES DEL ROBO
A dos décadas de distancia, la familia de Dora Elena no ha podido acreditar la adquisición de este inmueble, por lo que el máximo tribunal de justicia ordenó que hagan entrega del bien.
“Nos sacaron con pistola, empezaron a tirar. Yo conté la primera vez 10 tiros. La segunda fueron 8, según para espantarnos. Nosotros no llevábamos armas, ni nada por el estilo”, señala Adela Morales, quien acompañaba a su esposo, hijo de uno de los ejidatarios de Las Salinas.
El 1 de agosto de 1945, el gobierno del Distrito Federal. Hoy Ciudad de México, tomó la decisión de expropiar las tierras del Ejido de las Salinas, ubicado en la delegación Azcapotzalco para instalar la zona industrial Vallejo.
Con el pago de esa expropiación, ya que la ley no les permitía dividirse el dinero, el grupo de ejidatarios adquirió un predio, localizado en San Felipe del Progreso, el 28 de marzo de 1960; quedando amparado por la escritura pública 4,602 y por la compra inscrita el 10 de septiembre de ese mismo año ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ixtlahuaca, Estado de México.
Desde el 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia del TOCA-541 en la que ordena a José Guadalupe Real Pedraza desalojar y hacer entrega del inmueble denominado El Rancho El Cristo o Embajomuy con una superficie de 90 hectáreas con el casco de la finca y demás elementos al grupo del Ejido Las Salinas; ya que de lo contrario se utilizaría la fuerza pública para cumplimentar la orden judicial.
Lidia Segovia, representante legal de los ejidatarios, indicó a Cananea TV que el pasado 8 de agosto de este 2019, el Juzgado Civil de Ixtlahuaca notifica a José Guadalupe Pedraza que tenía ocho días para desalojar la propiedad.
Por lo que no entiende la actitud de Dora Elena, que al decir de los pobladores de esta región mexiquense presume ser consentida del gobernador Alfredo del Mazo y luce fotos con éste, esgrimiendo gozar de influencias.
Hace unos días cuando los ejidatarios se presentaron en la propiedad en disputa para solicitar la entrega del inmueble, la funcionaria arribó con un grupo de personas armadas al predio, intimidándolos y exigiendoles que se fueran, de lo contrario traería a personas del poblado de Choteje para golpearlos.
Agresión a ejidatarios y enviada de Cananea TV
“Es un desalojo real. La señora nos gritoneo, dijo que traía pistola y nos empezó a señalar a la gente que portaba armas”, narró la representante legal del ejido Las Salinas.
Dora Elena Real, es el rostro vivo de la prepotencia política que aún subsiste en el EdoMex: ha sido diputada local por Partido Revolucionario Institucional en la LVIII legislatura del Estado de México en el periodo 2012-2015 en el gobierno de Eruviel Ávila Villegas y luego diputada federal por la LXIII legislatura del Congreso, durante el periodo 2015 al 2018 en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde fue secretaría de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Es fuertemente criticada por el grupo de ejidatarios, que no pueden concebir como estando al frente del CEDIPIEM, organismo cercano a las comunidades indígenas que busca garantizar e impulsar el desarrollo integral de los pueblos y asegura absoluto respeto a sus costumbres y tradiciones, se ostente con tal prepotencia y abuso de poder, cuando ella no tiene personalidad jurídica y mucho menos es propietaria del inmueble.
Amalia, otra de las acompañantes de los ejidatarios, informó que durante las detonaciones alcanzó a escuchar a la servidora pública decir a otra persona “estoy hasta la madre de tanta chingadera de estos indios piojosos”.
Por su parte, Real Salinas, recalcó que no se va a salir del predio hasta “que no llegue la fuerza pública”.
EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS DE DORA ELENA
Con los hechos violentos provocados por la ex legisladora, queda demostrado que a la vocal del CEDIPIEM poco le interesa una orden de la Suprema Corte, que dio el fallo a favor de los ejidatarios de las Salinas, desde hace seis años.
Solo así puede explicarse que es gracias a sus relaciones políticas, tráfico de influencias y nepotismo que ha logrado agotar diversos amparos de personas que dicen haber comprado de buena fe a su padre Guadalupe Real Pedraza parte del terreno de 90 hectáreas; y que en complicidad con su tío José Guadalupe Salinas López, hermano de la ex presidenta municipal de San Felipe del Progreso y madre de Dora Elena, representan a los supuestos compradores de “buena fe”. Fraude cometido tras el ilegal despojo.
Lidia Segovia, aseveró que Dora Elena, le informó que esos amparos son de sus padres, que administra y cuida. Juicios de Usucapión que fueron avalados por el Juez Civil de Ixtlahuaca.
Resaltó que cuando llegaron al predio, la servidora pública estaba tan insistente de que había un amparo donde se informa que existía la suspensión del acto reclamado, sin embargo, la abogada resaltó que ellos nunca recibieron tal notificación. De hecho, la Suprema Corte desechó desde el 2005 el último recurso de amparo interpuesto por Guadalupe Real.
Detalló que el Rancho El Cristo o Embajomuy es propiedad privada y así lo adquirido el ejido de las Salinas, ya que nunca se incorporó al Régimen Ejidal.
De igual manera, aseguró que desde 1993 a la fecha, el Tribunal Unitario Agrario reconoció que era propiedad del Ejido de las Salinas y se declaró incompetente, por lo que se inició el juicio civil en Ixtlahuaca.
Asimismo, añadió que todas las veces que han solicitado al juez civil de Ixtlahuaca ejecute con fuerza pública la orden de la Suprema Corte aparece un amparo. “Vía telefónica nos dicen que hay una suspensión”, indicó.
Destacó que hace un mes enviaron una carta al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a fin de que conociera el caso y se pudiera establecer una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo con José Guadalupe Pedraza pero hasta ahora no han tenido respuesta.
PROTECCIÓN POLÍTICA
Marina Morena Vega, presidenta del Comisariado Ejidal de las Salinas, acreditada ante el Registro Agrario Nacional en marzo de este año con el folio 2672, apuntó que el conflicto que enfrentan con Real Pedraza y ahora su hija Dora Elena, ya se tornó político, pues ya han agotado todas las instancias legales, sin que ninguna autoridad, incluyendo el Ministerio Público quiera entrar al Rancho con la fuerza pública.
Testimonio de Carlos Bautista
Por lo que hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que a todas luces aquí hay un acto de corrupción y tráfico de influencias, puesto que las autoridades del Estado de México se encuentran en contubernio con esta familia, que no puede acreditar su propiedad del predio pero que haciendo uso de sus relaciones con los gobernadores mexiquenses y el Grupo Atlacomulco se burlan de las autoridades federales y de los mandatos judiciales nada menos que de la Suprema Corte.
Recordó que, durante la pasada elección, Dora Elena, busco seguir los pasos de su madre al contender por la presidencia municipal de San Felipe del Progreso, sin embargo, al no lograrlo fue incorporada al equipo de Alfredo del Mazo. Por lo que ahora se siente muy respalda. “Ella nos sigue amedrentando, no nos deja tomar posesión del inmueble”, dijo.
A un cuarto de siglo, de los 60 comuneros, que originalmente eran propietarios del Rancho denominado El Cristo solo quedan 22, pues la mayoría eran personas de la tercera edad que ya fallecieron.
LOS DETENIDOS Y SU SOSPECHOSA LIBERACIÓN
El pasado jueves 24, Dora Elena Real Salinas, haciendo uso de la violencia sacó a los ejidatarios del inmueble que llegaron de manera pacífica y sin armas a buscar a José Guadalupe Pedraza. Testigo presente de la actitud violenta y prepotente fue la enviada de Cananea TV, quien incluso fue agredida por la funcionaria, como quedó constancia en los videos publicados en este reportaje.
Testimonio de Marina Moreno
Durante las detonaciones, policías estatales arribaron cerca del lugar, donde fueron informados por los ejidatarios que tras llevar una orden de desalojo por la Suprema Corte fueron retirados del lugar a balazos.
“Estábamos explicando a los policías la situación, cuando de pronto unas personas a bordo de una camioneta, tipo Nissan pasaron a toda velocidad y comenzaron a disparar al aire. De inmediato, los oficiales se subieron a las patrullas y luego de una persecución lograron detener a cuatro personas, que a todas luces se ve llevaban la instrucción de matarnos y suponemos que enviados por Dora Elena”, detalló uno de los ejidatarios.
Testimonio de Rosalío Moreno
Se trata de José Manuel Malo Sánchez, Pablo García Sánchez, Ceferino Contreras y César Acevedo Ramírez, quienes al momento de su captura se les encontró al interior del vehículo donde viajaban un arma de fuego calibre 22.
Sin embargo, tras permanecer unos minutos en el Centro de Justicia de Ixtlahuaca los sujetos fueron llevados para pruebas de antidoping a otro lugar, porque no existía médico legista.
Posteriormente, se les regresó al Centro de Justicia de Ixtlahuaca, donde horas más tarde se les tomó su declaración y fueron puestos en libertad por el Ministerio Público Antonio González Martínez del tercer turno de Ixtlahuaca del Estado de México, quien se negó a tomar la declaración de los ejidatarios del Ejido de las Salinas.
“El MP nos indicó que los abogados de los detenidos llevaban preferencia y curiosamente son los mismos defensores legales de Real Pedraza. A los ejidatarios nunca se les tomó la declaración, con lo que una vez más comprobamos el tráfico de influencias y la corrupción que sigue operando en las instituciones de justicia y con las que se mueve esta señora”, denuncia Lidia Segovia.
