En la Fiscalía Especializada en Violencia de Género del EdoMéx, testigos a favor de las víctimas del líder sindical y su camarilla han comenzado a declarar, aportando pruebas en cuatro de las 10 carpetas integradas por delitos de acoso laboral y sexual, así como por violencia institucional en contra de profesoras de la sección 36; todo apunta a que el diputado local puede ser desaforado para que responda ante la ley por los múltiples abusos contra sus agremiadas junto con incondicionales como su secretario particular, Wilberth Xochihua
El Diván de la Utopía
Por I. León Montesinos
Especial de Cananea TV
El cerco legal en contra del dirigente de la Sección 36 del SNTE en el Valle de México y diputado local mexiquense, Rigoberto Vargas Cervantes, comienza a cerrarse una vez que en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género del Estado de México, han iniciado las comparecencias de los testigos a favor de cuatro de las diez víctimas que presentaron desde marzo pasado, demandas contra el líder y varios de sus cercanos colaboradores por los delitos de acoso laboral, violencia sexual e institucional, sin descontar la comisión de agresiones físicas directas y amenazas de muerte, lo que motivó que el órgano de justicia determinara otorgarles un botón de pánico al considerar que su vida corre peligro.
Las violentadas mujeres debieron acudir a las instancias jurídicas al no encontrar apoyo alguno por parte del Comité Nacional del SNTE, encabezado por Alfonso Cepeda, ni del Colegiado Nacional para la Paridad de este organismo, en su Secretaría de Equidad de Género y Derechos Humanos a cargo de Lucila Garfias Gutiérrez, por cierto, ex dirigente de la ahora cuestionada Sección 36. Para la dirigencia del gremio magisterial, la grave situación que padecen sus agremiadas en el Estado de México sencillamente no es un tema relevante en su agenda de equidad.
Lamentable además que a la lista de infamias cometidas por la dirigencia de la 36, deba agregarse la tendenciosa actuación de funcionarios del organismo denominado Servicios Educativos Integrales del Estado de México (SEIEM), que han asumido el rol de “sicarios administrativos” al servicio de Rigoberto Vargas y su comité, violando su Ley Orgánica para ejecutar absurdos cambios de adscripción como medida represiva a aquellos profesores y profesoras que se han atrevido a denunciar las bajezas de Vargas y su círculo de acosadores.
Tal es el caso de la maestra Elizabeth Delgado Román, quien se puso en la mira del abusivo líder y su camarilla, al adherirse meses atrás y de manera pública al Colectivo 15 de Febrero Mujeres 36, para exhibir de manera pública las agresiones y acosos sexuales. Ella, como otras tantas de sus compañeras comenzó a experimentar persecución laboral tanto de sus funcionarios sindicales como del SEIEM.
Prueba del incongruente abuso en su contra fue la reconvención a que se hizo acreedora María de Lourdes Muñoz Araujo, Encargada del Despacho del Departamento de Telesecundarias en el Valle de México, quien argumentando supuestas “necesidades en el servicio”, la removió en mayo pasado de su cargo como Directora de la Secundaria “Aztlán”, ubicada en Chimalhuacán, para enviarla a otro centro escolar en el municipio de Ixtapaluca.
Como parte del abuso laboral, la funcionaria había avalado una inexistente “acta administrativa” en contra de la maestra que, por cierto, forma parte del personal docente condecorado por el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, en reconocimiento a su labor y capacidad profesionales.
Tras analizar el irregular caso, el pasado 15 de agosto, Israel Fernández Clamont, Jefe de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género del SEIEM, determinó que no eran válidos los argumentos de María de Lourdes Muñoz para sostener el cambio de adscripción de la profesora Delgado, como tampoco la “armada” acta administrativa en su contra y ordenó a la Encargada del Despacho de Telesecundarias, regresarla a su anterior centro de trabajo.
A la incondicional de Vargas Cervantes no le quedó de otra que emitir un escrito, notificando a la mentora su reincorporación a la Telesecundaria Aztlán el pasado 8 de septiembre, pero curiosamente el día que se presentó al centro educativo, fue recibida de manera agresiva por los padres de familia que le impidieron asumir su cargo.
Poco después se supo que por órdenes de los dirigentes de la 36, funcionarios “indiscretos” habían avisado a los padres de familia del retorno de la maestra Elizabeth y armado la asonada, lo que motivó que a los delitos ya enumerados, Elizabeth Delgado Román, sumara en la Fiscalía Mexiquense los de violencia institucional y laboral en contra de María de Lourdes Muñoz y el Jefe de Sector Rodolfo Campos Reyes, así como del Supervisor, Raymundo Zempoalteca Zempoalteca. Funcionarios confabulados en su contra.
Hace unos días, uno de los peritos asignados a la compilación de pruebas, solicitó la comparecencia de un testigo que grabó con su celular la agresión orquestada contra la maestra Delgado Román, a la que de manera inexplicable y tras quedar detenida su reasignación como directora de la Telesecundaria Aztlán, Directivos del SEIEM le colocaron a “resguardo” nada menos que en la Supervisión donde laboran sus agresores.
Las pruebas aportadas por los testigos a favor de las denunciantes en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, entre ellas las profesoras Carolina Vázquez Bautista, Karina del Olmo García, Rocío Sánchez Vázquez y Elizabeth Delgado, servirán para apuntalar una probable consignación de los responsables entre los que figuran además de Rigoberto Vargas Cervantes, su Secretario Particular y candidato a sucederlo en la 36, Wilberth Xochihua García; también se encuentran en la lista de agresores: Víctor Alfonso Espinoza Alarcón; Ranferi Escobar Villafuerte, Julio Omar Palacios, Justino Hernández y Mario Núñez Rojas.
El que el dirigente de la 36, sea diputado local, no es obstáculo para que las autoridades judiciales mexiquenses puedan solicitar un juicio de procedencia al Congreso Local que conlleve a su desafuero. El juez que analice la causa de estas profesoras tendrá en sus manos elementos más que suficientes para proceder contra los agresores pues ha trascendido que tras practicarse evaluaciones psicológicas a las víctimas, se determinaron impactos psicosociales tales como: Pérdida de la seguridad, desgaste emocional, cambio en el proyecto de vida, sentido de vulnerabilidad constante y permanente y afectaciones a su calidad de vida, ingresos económicos y desenvolvimiento profesional.
Tan vergonzoso y grave asunto, que puede sentar un inédito precedente a nivel nacional, dará mucho de qué hablar sobre todo porque es inminente la emisión de la convocatoria para renovar a la dirigencia de la 36, donde estarán en juego situaciones políticas más allá del mero relevo seccional en el contexto de las elecciones a la gubernatura mexiquense del 2023.
Los agravios cometidos a infinidad de maestras por parte de Rigoberto Vargas y su primer círculo tendrán un alto costo en las próximas elecciones seccionales sobre todo porque su membresía está compuesta de forma importante por mujeres, muchas de las cuales han experimentado situaciones similares a las de sus compañeras que tuvieron el valor de dar la cara y denunciar a los agresores.
Para el dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda, el tema debe ser atendido a la brevedad sobre todo porque parece existir un conflicto de intereses de la responsable de atender este tipo de violencias de género, Lucila Garfias, quien tiene puestos sus intereses en su sección de origen con su propio candidato, en la persona del actual Presidente del Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas, Renato Maldonado. Razón por la cual se ha abstenido de atender y hablar sobre el tema con los medios para no confrontarse con Vargas Cervantes.
El costo político que implica para el sindicato más grande del país el abandono total de Cepeda y su Comité a los delicados asuntos de violencia de género, transformados en delitos contra las profesoras mexiquenses –cuya vida incluso está en peligro a criterio de la Fiscalía Mexiquense al otorgarles botones de pánico–, puede ser muy alto si, como todo apunta, quien gane en el gobierno del Estado de México puede ser una mujer.
Para el gobernador Alfredo del Mazo, el caso también amerita especial atención pues en este sucio entramado de actitudes machistas y misóginas contra las profesoras mexiquenses, tanto el titular de Educación Pública, Gerardo Monroy Serrano como su subalterno, el Director General del SEIEM, Guillermo Legorreta Martínez, tienen mucho de culpa por prestarse a ser el brazo ejecutor de Rigoberto Vargas Cervantes contra los disidentes de la 36.
Si el Ejecutivo del EdoMéx le rasca al asunto podrá confirmar las sospechas que detrás del papel de comparsas de sus funcionarios al líder de la 36, se oculta el intransparente manejo de las cuotas sindicales que ascienden anualmente a varias decenas de millones de pesos y de las cuales, comentan los mentores, el diputado local y líder les convida una buena tajada a cambio de hacerle el trabajo sucio desde el SEIEM.
Tema que en las elecciones por venir será de especial interés para los contendientes. Tanto para Cepeda como para el gobierno mexiquense, Rigoberto Vargas se va convirtiendo en un incómodo lastre del que deben deshacerse a la brevedad.
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