Recuperar el agua como propiedad nacional, en beneficio de la población
El pasado 16 de abril fue publicada en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución, suscrita por el diputado Manuel Alejandro Robles y diversos legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, en contra de la privatización y la libre explotación de las tierras y recursos, que ha colocado el interés económico por encima de los derechos humanos, de la biodiversidad de la tierra y de las aguas, facultando al Ejecutivo para regular la extracción del vital líquido, dándole el carácter de propiedad nacional, devolviendo el carácter social al ejido
La Carta Robada
Por Emilio López Gámez (*)
Especial para CananeaTV
Como se recordará aquí en la Carta Robada comentamos que el día 11 de marzo de 2024 se realizó una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados donde organizaciones campesinas, pueblos indígenas y afromexicanos y diversas organizaciones de la sociedad civil, del movimiento popular urbano, informaron sobre una iniciativa de reforma al artículo 27 Constitucional de 1992. Como se recordará el artículo 27 constitucional fue reformado en 1992 en el marco del modelo neoliberal.
La reforma al artículo 27 en 1992 transformó la base de las políticas públicas rurales
Esa reforma transformó de raíz las políticas públicas del campo lo que ha permitido continuar con la desposesión de tierras al campesinado y pueblos indígenas, el control de la biodiversidad por parte diferentes fracciones del capital (industrial, comercial, financiero, entre los más visibles), el acaparamiento del agua, el incremento del poderío de las mineras, y la determinación de las políticas alimentarias en favor de las grandes empresas transnacionales monopólicas y oligopólicas que han provocado el aumento de la dependencia alimentaria y más pobreza en el campo.
La iniciativa de reforma al artículo 27 ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria
El día 9 de abril de 2024, en el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma al artículo 27 Constitucional. A ello siguió que el día 16 de abril fue publicada en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez y diversos legisladores del Grupo Parlamentario de Morena. Posteriormente, el día 17 de abril del 2024 se realizó una conferencia de prensa de parte de las organizaciones para informar sobre los avances al respecto.
La ANICS impulsa el proceso de reforma al artículo 27 Constitucional
La Asamblea Nacional de organizaciones Campesinas, Indígenas y Sociales (ANICS) ha estado llevando este proceso; entre los integrantes de la ANICS podemos mencionar a la COCYP, LA CIOAC-JDLD, LA UNORCA, LA UCD, LA UFIC, LA CNPA, LA CCC, LA UPREZ, Abundancia de la tierra, mujeres empresarias, Agrónomos Democráticos, REDOSC, Alianza de los pueblos y barrios de la CDMX. Otras organizaciones campesinas también se han estado sumando a este proyecto.
Relación entre marco jurídico y políticas públicas, base de la destrucción del desarrollo del campesinado y los indígenas
La relación inocultable de los impactos de la reforma al artículo 27 en 1992 quedó de manifiesto ya que en el marco jurídico las reformas posteriores son las que les dan contenido a las políticas públicas del medio rural. Así, en la exposición de motivos, se señala : “Que la legislación neoliberal secundaria, basada en las modificaciones de la Constitución en su artículo 27 y el marco legal secundario que de él deriva (leyes: Agraria, de Aguas Nacionales, de Minería, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Crédito Rural; de Seguros Agropecuarios, de Energía Eléctrica, de Petróleo y Gas) protege principalmente la privatización y la libre explotación de las tierras y recursos, colocando el interés económico por encima de los derechos humanos, de la biodiversidad y de la tierra y de las aguas.” Esto no es otra cosa que la destrucción de políticas agroalimentarias nacionales que podrían tener un enfoque centrado en la producción de alimentos adecuados.
Contenido del texto propuesto del primer párrafo
Se reproduce texto propuesto para el primer párrafo de Artículo 27: “La propiedad de las tierras, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico, y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada y, a los ejidos, comunidades y Pueblos indígenas, constituyendo la propiedad social”
La reforma propuesta defiende la propiedad social
De ello se desprende que en el primer párrafo de esta propuesta de reforma del artículo 27 se incorpora la defensa de la propiedad social de los ejidos, las comunidades y pueblos indígenas, que no deja de ser arrasada por la voracidad de esta variedad de capitalismo mexicano que sirve a los intereses del capital global alimentario. Se defiende a su vez la biodiversidad, los bienes del subsuelo, las aguas y la tierra, que es propiedad de la nación y de donde se desprende que es la nación la propietaria de la tierra y que ningún país o grupo de empresas tiene el derecho de manejar esos recursos para sus intereses particulares.
La defensa de las aguas
En el caso de las aguas, en el párrafo seis se propone en parte de su contenido como texto en esta reforma lo siguiente: “Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional” La clave está en que las aguas del subsuelo pueden ser alumbradas, pero cuando lo exija el interés público “…el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización”. Son las grandes empresas de todos los sectores de la economía (refresqueras, lecheras, cerveceras, mineras, hoteleras etc.) las que acaparan el uso del agua).
(*) Doctor en Economía por la Universidad de Chapingo y experto en temas agrarios.
