Penales, negocios y privilegios ilícitos
Además de violar de manera constante sus derechos humanos, entre ellos, el derecho a la salud, directivos y custodios de centro penitenciario, dicen que no hay recursos para la compra de medicamentos pero no explican en que se gastaron, por ejemplo, los 50 millones de pesos adicionales para atender la pandemia del Covid 19; en tanto, hay reos que se dan el lujo de ampliar sus celdas para su comodidad
Especial de Cananea TV
A consecuencia de la flagrante violación a los derechos humanos de más de 2 mil reos del penal de Pachuca, que pone en riesgo su salud y su vida, sus familiares lanzan una voz de auxilio al gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, para que instruya a su equipo de transición que tendrá en sus manos la Seguridad Pública del Estado y el control de los penales, para que realice una investigación sobre el robo y tráficos de medicamentos, cuya desaparición suma varias decenas de millones de pesos, así como la venta de protección que permite al interior del centro penitenciario el ejercicio de delitos como venta de droga, la extorsión telefónica y el derecho a determinados presos a gozar de inauditos privilegios.
En denuncias subidas a las redes en portales como El Gallito, se da cuenta que delincuentes de alta peligrosidad como Juan Carlos Escamilla, que controla la Galera Cinco de Procesados, opera desde su celda a toda una banda de extorsionadores, obteniendo miles de pesos diarios de ganancias, lo que le ha permitido comprar las voluntades de los funcionarios y custodios del penal.
Si la gente del nuevo gobernador acude a su celda, se llevarán la sorpresa de que con total impunidad mandó a “ampliarla”, construyendo tres metros hacia abajo un gimnasio, y tres metros hacia arriba su sala y su recámara, mientras el resto de la población duerme hacinada en verdaderas barracas, dicen de manera anónima los familiares.
Aunque parezca increíble tal grado de impunidad solo es posible con la venia de las autoridades del centro penitenciario, pues solamente así se explica el por qué le fue posible a Escamilla introducir al penal todos los materiales de construcción necesarios para obtener la comodidad a su gusto.
Las familias de los reos denuncian que desde hace años, pero sobre todo durante la pandemia del Covid-19, la salud de los presos y hasta su vida, peligran por la falta absoluta de medicamentos e insumos para la atención de emergencias. Por ejemplo, piden al nuevo gobernador que investigue dónde quedaron los más de 50 millones de pesos asignados para atender la contingencia del Covid, enfermedad que de manera extraoficial mató a más de diez reos por la falta de atención médica, pues muchos fallecieron sin siquiera ser llevados al Hospital General de Pachuca.
El colmo es que cuando un enfermo es llevado al centro hospitalario, los custodios siempre llenan una forma pidiendo a los funcionarios le otorguen atención gratuita pues aducen que el reo no tiene recursos para pagar su atención médica. El asunto es que también por falta de presupuesto, las autoridades del nosocomio se niegan a atenderlo hasta que su familia no aporta los gastos.
Se supone que la titular de los reclusorios de Hidalgo, Laura Talamantes, recibe un presupuesto anual para atender estos casos, pero gente como Jorge Bátiz Pomar, Enlace Administrativo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, así como Edgar Miguel Medina Robles encargado del Almacén General de Suministro Médico, siempre se escudan en que por falta de recursos no hay medicamentos y muchas veces llegan al cinismo de pedir las recetas con que las familias de los presos compran sus medicinas para justificar ellos sus gastos.
Se estima que el robo a medicamentos ha dejado millonarias ganancias toda esta mafia de funcionarios enquistados en penales como el de Pachuca, con la complacencia de Laura Talamantes, dándose otros casos como el de Roberto Yáñez Anta, que desde hace años controla la única tienda autorizada en el penal y que incluso vende hasta celulares.
Piden los familiares al nuevo gobierno, haga una auditoría a fondo para castigar a los responsables de exponer la vida de sus parientes, pues obstante haber infringido la ley, dicen, tienen derechos humanos para ser atendidos en su salud, lo cual además no es posible pues en el día solo trabajan tres médicos para atender una población de más de 2 mil infractores y en la noche, “está prohibido enfermarse porque sencillamente no hay doctores”.
