El Protocolo Modificatorio al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, contempla a expertos independientes que vigilarán el cabal cumplimiento de la Reforma Laboral para evitar que los patrones interfieran en la vida interna de los sindicatos. Y en el caso del gobierno capitalino ronda la sospecha de funcionarios que en su calidad de patrones, tratan de violentar la autonomía sindical, no exentándose que tal anomalía atraiga la atención de los inspectores externos
El Diván de la Utopía
Por I. León Montesinos
Especial para Cananea TV
La implementación de la Reforma Laboral tendrá en enero próximo su primer filtro de verificación en las elecciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX); organismo que aglutina al mayor número de sindicalizados y que por años fue utilizado como brazo corporativo y electoral de partidos como el PRI y el PRD.
Tras un controversial cambio de estatutos que fijó las reglas de participación, acudieron al pre registro tres decenas de aspirantes a sabiendas que en teoría solo cinco de ellos podrán pasar a la siguiente ronda, al establecerse como requisito el obtener al menos el 20 por ciento de las firmas de los 40 secretarios seccionales.
Por el número de sus agremiados, estimado en más de 110 mil, lo que ocurra al interior del organismo no pasará desapercibido en el nuevo entorno laboral que estableció un plazo no mayor a seis meses para que todos los sindicatos modificaran estatutos para estar en sintonía de la reforma, sobre todo en cuanto a la ahora obligada democracia interna para elegir a sus representantes a través del voto libre, directo y secreto de cada uno de sus afiliados. En el Único este ejercicio solo se aplicaba en sus secciones pero no en su comité general.
Pero vayamos por partes para desglosar las implicaciones que puede tener la cercana elección del SUTGCDMX en la aplicación tangible de los anunciados cambios laborales:
El pasado 12 de diciembre, el Senado aprobó el Protocolo Modificatorio al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, en que se aceptó por la mayoría de los legisladores y del gobierno de la 4T, la creación de un Panel Laboral de Respuesta Rápida, que de acuerdo al documento se integrará por expertos independientes elegidos por los países involucrados.
Tal situación que desató una airada respuesta por parte de algunos sectores empresariales y políticos panistas como el vapuleado Felipe Calderón y su ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, al considerar que la actual administración estaba permitiendo una intromisión extranjera en la política laboral interna, evidenció la resistencia de las viejas inercias al cambio de arquetipo donde el sector privado apostó buena parte de sus ganancias en la explotación laboral de millones de asalariados. De hecho, el contenido sustancial de la Reforma implica un mayor poder de negociación de los trabajadores frente a los patrones al cristalizar la libre asociación y una verdadera negociación colectiva.
El acuerdo modificatorio establece que estos inspectores laborales, expertos independientes o “agregados laborales” como los llamó la Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, podrán verificar que los nuevos derechos contemplados en la Reforma Laboral se cumplan, y en caso de que los miembros del panel determinen que se está cometiendo una violación a los mismos, estarán en posición de demandar la suspensión de beneficios arancelarios o sancionar a mercancías o manufacturas de empresas que incurran en faltas graves.
Pero surge la pregunta: ¿Estarán los tres niveles de gobierno exentos de estas responsabilidades laborales y supervisión de los panelistas, en su carácter de patrones?
Por todo el país abundan los laudos en cuanto a obligaciones laborales no cumplidas por gobiernos y organismos estatales, municipales y federales, que les obligan a resarcir los derechos violentados a infinidad de trabajadores burocráticos.
Cabe la pregunta: ¿La lupa de los inspectores laborales se encargará de vigilar también a aquellos funcionarios que han actuado de manera abusiva contra los burócratas sindicalizados?
Desde su campaña el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador habló de las injusticias tanto laborales como salariales ejercidas a los servidores públicos de menor rango. Y en el caso del gobierno capitalino, a la doctora Claudia Sheinbaum, sus antecesores le heredaron toda una serie de irregularidades y enredados laberintos de subcategorías y nóminas como la 8 –esta última creada con fines electorales por los funcionarios de Mancera–, que han impedido a miles de trabajadores con más de 20 años de antigüedad, el acceso a una basificación, mejores ingresos y toda serie de prestaciones que prácticamente les fueron escamoteadas.
Surge así la razonable duda: ¿Medirá la Reforma Laboral con el mismo rasero a los patrones-empresarios y a los patrones-gobierno?
En consecuencia: ¿Merecerán igual atención del Panel Laboral los trabajadores burocráticos que los de la Iniciativa Privada?
Uno de los puntos fundamentales de la reforma es sin duda el respeto a la autonomía sindical tan trastocada por empresarios a través de sindicatos blancos, como también de autoridades que por décadas mantuvieron a raya las demandas de una controlada burocracia con dirigencias a modo, coptadas con prebendas y hasta cargos de elección, vía partidos como el PRI y el PRD.
Para garantizar el fundamento de una representación sindical surgida de la libre decisión de los trabajadores y una legítima negociación colectiva deberá garantizarse esta autonomía. Y así como las viejas inercias empresariales se oponen a los cambios por venir plasmados en la nueva reforma, de igual manera estará por verse si del lado oficial se predica a nivel institucional con el ejemplo, no incidiendo desde el poder en la vida interna de los sindicatos como el Único. Una insana costumbre que terminó transformada en regla a seguir.
Una muestra palpable de esta descarada y abierta intromisión de las autoridades capitalinas en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, se conjuga en la figura del ahora acusado de tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio y recursos públicos, Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien libró una orden de aprehensión en su contra, el pasado 12 de diciembre, gracias a una suspensión provisional.
Vázquez Reyes fue el dueño absoluto del SUTGCDMX en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde buscó mudarlo del corporativismo priísta al perredista, quitando de en medio al entonces dirigente y diputado local del PRI, José Medel Ibarra. El escándalo de corrupción del entonces Secretario de Gobierno, René Bejarano, captado recibiendo fajos de dólares por parte del empresario argentino, Carlos Ahumada, dejó en un impasse el proyecto de apropiación política del sindicato.
Con su mentor en prisión, Vázquez Reyes terminó por ser, de facto, más que el dirigente, el dueño absoluto del sindicato. Operación que repitió en la administración de Miguel Ángel Mancera pero ahora con todo el apoyo del ex jefe de gobierno, al convertir al SUTGCDMX, en 2018, en un brazo electoral de la alianza política del PRD-PAN, que buscó llevar a la Jefatura de Gobierno a Alejandra Barrales. Tras haber ejercido una vez más el poder tras el trono, Vázquez Reyes cuenta con los suficientes recursos para alentar la creación de un nuevo partido en la figura de la asociación “Somos Sociedad en Movimiento”, que el pasado 9 de diciembre realizó un magno evento en el nada austero Palacio de Minería. Proyecto que podría quedar trunco si los tribunales no le otorgan el amparo definitivo a las órdenes de aprehensión en su contra.
Vale preguntar en el actual contexto modificatorio del T-MEC: ¿qué opinarían los inspectores extranjeros del Panel Laboral sobre esta intromisión de la parte oficial en la organización gremial mayoritaria de la CDMX, en una clara violación a su autonomía y a los convenios de la OIT?
Este lunes 23, deberán registrase los precandidatos al Único que logren el apoyo del 20 por ciento de los secretarios seccionales; empero, todo apunta a que dos serán los grupos que ubicarán a sus candidatos en la recta final: el del ex dirigente Juan Ayala, que en la figura del ex Secretario de la Sección 6, Edel López Paz —considerado el sorpresivo caballo negro de la sucesión–, se comenta, cuenta con el apoyo de 26 de las 40 secciones; y el actual líder de la Sección Uno, Hugo Alonso Ortíz, apoyado por las catorce restantes, que aglutinan al mayor número de agremiados.
Hasta aquí podría entenderse un rejuego de los grupos internos en el proceso de elección interna que se avecina; sin embargo, el asunto que pone en entredicho la democracia sindical por venir en el Único, es que de nueva cuenta ronda la sospecha de la intromisión oficial, ahora de parte de funcionarios del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, en el apoyo a ciertos candidatos.
Dos flancos se abren tras las enguantadas “manos negras”: el de la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez y el de Bertha Gómez Castro, funcionaria de la Secretaría de Finanzas que a través del actual Director General de Administración, Sergio Antonio López Montecinos –paradójico- alienta los intereses del grupo del ex líder, Juan Ayala Rivero, que se la pasó atacando en las elecciones del 2018 a la hoy Jefa de Gobierno. Bertha Gómez, ha trascendido, se dio a la tarea de alentar otros grupos donde aparece como patrocinador el también ex dirigente, José Medel.
Indudable que la sucesión del Único implicará un valioso análisis a los resultados que en la práctica arroje la aplicación de la Reforma Laboral, en cuanto al ejercicio del voto libre, directo y secreto de sus miembros, pero también colocará como uno de los puntos de atención del Panel Laboral establecido en el T-MEC, el papel que desempeñe el gobierno capitalino en su calidad de patrón de más de 110 mil trabajadores, de respeto a la autonomía sindical y a la libre decisión de los sindicalizados a ejercer su democracia interna, sin las intromisiones de funcionarios acostumbrados a dictar línea y anteponer su interés personal o de grupo, al de los trabajadores.
Lo que suceda en el Único en las semanas por venir, será motivo de atención generalizada en el gobierno de la 4T, pero también de nuestros socios comerciales y sus inspectores laborales. ¿Se atreverán los equipos en conflicto de la doctora Sheinbaum a alentar la “tormenta perfecta” de la Reforma Laboral en la CDMX?
Muy pronto lo sabremos.
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