Pueblos originarios exigen a Andrés Manuel López Obrador frenar el proyecto carretero Toluca-Naucalpan que no les fue consultado por Enrique Peña Nieto ni como gobernador ni presidente; la obra ha devastado el entorno ecológico, manantiales y zonas arqueológicas para beneficiar a la firma TEYA, filial del Grupo Higa, de Armando Hinojosa Cantú, amigo del ex mandatario; alcalde de Huixquilucan se niega a reconocer a comunidades
Por Griselda Lozada
Especial de Cananea TV
A más de una década de que instalado en el gobierno del Estado de México, el Grupo Atlacomulco iniciara el ecocidio del Bosque Otomí-Mexica y el despojo de tierras a comunidades indígenas en los municipios de Lerma, Naucalpan y Huixquilucan por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, los pueblos originarios siguen en pie de lucha, esperando que el gobierno de López Obrador ahora sí les haga justicia contra la imposición de una obra que nunca les fue consultada.
Proyectada desde la administración de Arturo Montiel Rojas y concretada por su sucesor Enrique Peña Nieto, en 2007, su construcción fue otorgada a la empresa TEYA S.A de C.V, filial de Grupo Higa, propiedad Juan Armando Hinojosa Cantú, el amigo entrañable y constructor predilecto del ex mandatario, quien cobró notoriedad pública tras el escándalo de la tristemente célebre Casa Blanca, emblema de la corrupción del grupo político que perdió la presidencia en el 2018.
El proyecto carretero implica una longitud de 39 kilómetros y por éste se prevé que transiten diariamente más de 30 mil vehículos, pero que debido a la resistencia de los pueblos indígenas de Ayotuxco, Huitzizilapan y Xochicuautla, y a los amparos interpuestos contra el abierto despojo de sus tierras, no pudo ser concluida en mayo pasado como estaba planeado y solo se tiene un avance del 77 por ciento. Razón por la que las autoridades advierten que el monto de inversión de mil 449.5 millones de pesos podría aumentar.
TERRITORIO DEVASTADO
A casi 12 años de construcción, esta obra ha afectado a un acuífero subterráneo, a 140 manantiales de agua que dotan del vital líquido a los pobladores de los Valles de México y Toluca, y ha devastado vestigios arqueológicos.
Comunidades otomíes de Ayotuxco, integrantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra, exigen al gobierno federal parar la construcción, en tanto no se tenga pleno conocimiento del estudio del impacto ambiental, avalado de manera ilegal y en lo oscurito el 5 de julio del 2010 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Todo el entramado de despojos se gestó con el aval de Enrique Peña Nieto, quien fungía en ese entonces como mandatario del Estado de México y los alcaldes de Toluca, Lerma, Naucalpan y Huixquilucan; este último encabezado entonces por Alfredo del Mazo Maza, quien ahora como gobernador busca concluir la obra. Y sin duda, no puede ignorar la cadena de tropelías cometidas en perjuicio de los indígenas, pues atestiguó como edil y primo del ex presidente la concepción del proyecto.
Luego de más de una década de represiones y abusos, la comunidad otomí, solicita al gobierno federal se castigue a los depredadores que con esta obra carretera han destruido parte del ecosistema de la región y exige se someta a juicio político al ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, ahora senador de la República, y se destituya de su cargo al mandatario mexiquense, Alfredo del Mazo por permitir la expropiación de tierras de la comunidad otomí, catalogada santuario del agua y forestal por el mismo Enrique Peña Nieto en mayo del 2006. Una contradicción más de la demagogia imperante en la clase política mexiquense que en aras de los millonarios negocios terminó por ignorar sus postulados ecológicos.
Juan Villegas Mejía, Representante Común Ejecutivo de la Comunidad indígena otomí de Ayotuxco, Yamazula, Quixtengo, Guiloteapan y los pueblos de San Francisco, Santa Cruz, Ranchería y Equiparables del municipio de Huixquilucan, explicó a Cananea TV, que tras la expropiación de tierras, se han ingresado 22 amparos, de los cuales se tienen tres ganados que echan abajo el proyecto carretero, al menos en el ámbito jurídico.
Recordó que el amparo indirecto 139/2012, presentado el 17 de diciembre del 2017 en el Poder Judicial de la Federación ante el Juez Décimo Tercero de Distrito con sede en Naucalpan dejó sin efecto lo publicado en la Gaceta del Estado por el gobernador del Estado de México del 12 de octubre del 2012, en la cual se establecía la expropiación de tierras.
El representante indígena, añadió que también se cuenta con el amparo 1208/2015, en el mismo Juzgado de Distrito, donde el juez determinó la suspensión de plano de Llano Negro a Rosa Vierno y del kilómetro 19.980 al 36.620 a fin de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardan.
Sin embargo, tanto el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y su antecesor, Eruviel Ávila ignoraron esa orden judicial y continuaron los trabajos de construcción de la Toluca-Naucalpan, destruyendo parte del ecosistema de flora, fauna y vestigios arqueológicos de Ayotuxco.
Otro amparo indirecto ya se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se les destituya de sus cargos ante el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados y Senadores de la República a todos los funcionarios que desacataron el mandato judicial y se ordene la suspensión definitiva de la obra.
“También estamos solicitando al gobierno federal se lleve a cabo una consulta pública en nuestras comunidades indígenas, a fin de que se cancele en definitiva el proyecto carretero”, resaltó Villegas Mejía.
DESTRUCCIÓN ARQUEOLÓGICA
El pasado 25 de octubre, la Comunidad de Ayotuxco, a través de su representante indígena, envió al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y diversas autoridades judiciales, una carta donde anexan toda la documentación que avala la catástrofe ecológica y los desacatos a los mandatos judiciales de las autoridades estatales.
En el escrito se demuestra el abuso de autoridad y corrupción que existe en torno a esta obra para beneficiar a la empresa AUTOVAN, Autopistas de Vanguardia, S.A de C.V, como concesionaria.
Villegas Mejía, detalló que tras la construcción de la carretera se han encontrado diversos vestigios arqueológicos, entre ellos vasijas de cerámica, de las cuales dos están bajo su resguardo sin que hasta el momento el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presente un resultado de estas investigaciones. Como denuncia, se arrasó con vestigios históricos sin que las autoridades movieran un dedo por cuidar el valioso legado histórico que prácticamente fue irresponsablemente arrasado por TEYA, con la complicidad de las autoridades municipales y estatales del EdoMéx.
Recordó que Ayotuxco es una comunidad considerada como República Indígena desde los tiempos de la Colonia por la Corte Española, y que tiene registrados sus antecedentes históricos en el Códice Techialoyan de Huixquilucan (Códice Hemenway), que actualmente está bajo el resguardo de Peabody Museum de la Universidad de Harvard,
En los valiosos manuscritos se da testimonio de los asentamientos indígenas que prevalecieron en la zona y que tanto el gobierno estatal como el gobierno de Enrique Vargas del Villar, actual presidente municipal de Huixquilucan pretenden desconocer, a fin de que el proyecto carretero siga adelante. “En esta zona se encuentra dos vestigios arqueológicos, que presumimos son pirámides prehispánicas. Una marcada en los mismos Códices, que fueron ratificados por la Escritura 5,978 y traducidos en 1921 por el paleógrafo Ezequiel Gutiérrez que se nos indica que se encuentra en el paraje de Juan Moreno y otra más que recientemente hemos descubierto en Llano Negro de San Francisco El Viejo”, señaló Villegas Mejía.
Desde el 2010, las comunidades indígenas de Ayotuxco, San Francisco Xochicuautla y San Lorenzo Huitzizilapan se encuentran en pie de lucha, luego de que el gobierno del Estado de México realizara la expropiación de 175 polígonos de tierra, afectando con ello el decreto del Parque Ecológico Turístico y Recreativo Zempoala-La Bufa, denominado Parque Estatal Otomí-Mexica, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el 8 de enero de 1980.
Actualmente Ayotuxco cuenta con un territorio de 9 mil 542 hectáreas y es una de las poblaciones indígenas más antiguas del Estado de México. Donde habitan más de 9 mil indígenas distribuidos en 42 comunidades.
“JUDAS” DE AYOTUXCO
Derivado del proyecto carretero, Leónides Ciriaco Martínez de la Cruz, presidente del Comisariado Ejidal de San Francisco Ayotuxco recibió el 26 de agosto del 2010, sin conocimiento de las comunidades indígenas, dos cheques de caja, uno por 73 mil 644 pesos con 75 centavos de BANORTE y otro por 11 millones 690 mil 562 pesos con 80 centavos a cambio del convenio de afectación, ocupación previa y pago anticipado por la indemnización de tierras de Bienes Comunales, celebrado entre el gobierno del Estado de México por conducto del Organismo Público Descentralizado Denominado “Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, sectorizado a la Secretaria de Comunicaciones, representado por Manuel Ortiz García.
Además, Marco Rey Salas, representante legal de la comunidad en complicidad con Leónides Ciriaco Martínez, cobró el 13 de marzo del 2008 de la Comisión Nacional Forestal diversos apoyos por reforestación de la Comunidad de San Francisco Ayotuxco, el primero por 159 mil 295 pesos y el segundo por 655 mil 607 pesos, todos a través de la transferencia bancaria 552497925 de BANORTE. En ambos casos, los legítimos comuneros nunca fueron consultados y menos beneficiados con las millonarias cantidades. Los “judas” fueron utilizados por el gobierno del Estado para maquillar un supuesto consenso con los otomíes.
Por lo cual, la comunidad de Ayotuxco pide al gobierno federal, al Procurador Agrario y al titular del Instituto Nacional del Pueblos Indígenas, INPI, citen a Leónides Ciriaco Martínez y Arnulfo Limas Galindo, ambos presidentes del Comisariado Ejidal, en los años de 2010 y 2015, para que rindan un informe a la Comunidad del dinero recibido, sobre todo del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, FIFONAFE, del cual obtuvieron 16 millones 264 mil 207 pesos por concepto de pago anticipado de indemnización con motivo de la expropiación, afectación, limitación de uso y disfrute de una fracción de tierras comunales.
Documentos históricos evidencian ignorancia de Enrique Vargas
UN ALCALDE ANALFABETA
En 12 años de lucha, los integrantes de la Comunidad Indígena de Ayotuxco, al igual que los de Xochicuautla han enfrentado todo tipo de adversidades, desde confrontaciones con policías estatales y asambleas donde buscan convencerlos de cambiar el régimen de tenencia de la tierra a propiedad privada, hasta levantones, despojos y detenciones ilegales.
Como la que le sucedió al Representante Común Ejecutivo de la Comunidad indígena otomí de Ayotuxco, Yamazula, Quixtengo, Guiloteapan y los pueblos de San Francisco, Santa Cruz, Ranchería y Equiparables del municipio de Huixquilucan, Juan Villegas, quien fue señalado por el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar de ser miembro del cartel de Jalisco Nueva Generación, luego de que el líder indígena se negara a entregarle las tierras.
“El 25 de junio del 2017 al salir de una asamblea en Ayotuxco, fui detenido por agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes me levantaron de manera arbitraria y me llevaron al penal de Barrientos, por presuntamente exigirle un millón de pesos al alcalde y ser parte del cartel de Jalisco Nueva Generación, pero quiero comentar que días antes recibí una llamada del edil exigiéndome las tierras, ya que de lo contrario “me iría muy mal”, recuerda el dirigente.
Y es que en su afán de apropiarse de las tierras de la comunidad indígena, Enrique Vargas del Villar, actual alcalde de esa demarcación, junto con todo su cabildo en el trienio pasado se atrevió a desconocer por medio de un escrito dirigido al Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan a estas comunidades, señalando que “no estaban reconocidas, asentadas y registradas como población indígenas otomí”. Con su solo dicho, el presidente municipal panista, reelecto en el 2018, pretendió borrar la historia del país.
SEGUNDA “INTERVENCIÓN” FRANCESA
Pero las agresiones y despojos contra los otomíes no pararon ahí: otros personajes como el magistrado del Tribunal Agrario del Distrito 10 con residencia en Tlalnepantla, Heriberto Leyva García, haciendo uso de su poder, otorgó a la asociación civil Francia en México A.C, la posesión de 301 hectáreas de tierras comunales, condenado a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales a respetar la posesión de la presunta dueña, quien en 1987, compró los terrenos a Fanny Covarrubias, a quien nadie conoce en la comunidad, según detalla Juan Villegas quien denuncia que tras el pretendido despojo legal se encuentra la intención de construir en la zona boscosa una exclusiva universidad. La superficie está valuada nada menos que en 120 millones de dólares.
Tal cantidad explica por sí sola el nivel de corrupción que existe entre los funcionarios y las notarías, que a cambio de unos pesos desconocen como escrituras legítimas los códigos y documentos históricos del país mismo y del Estado, para avalar otras apócrifas emitidas en 1987, como las presentadas por Mónica Patricia Fernández, represente legal de Michael Paola Le Brun Adams, presunta propietaria de los terrenos ubicados en el paraje de Dos Ríos, intersección de la carretera Huixquilucan Río Hondo, con el antiguo camino conocido como Camino Viejo, denuncia el líder indígena.
Leyva García podría ser denunciado además por lenidad ya que también ignoró el reconocimiento y personalidad jurídica de los comuneros, según consta en el documento expedido a su favor por el Registro Agrario Nacional y protocolizado en el 2003, más reciente incluso que las escrituras validadas por el funcionario de 1987.
Villegas está solicitando al gobierno de López Obrador se castigue al magistrado Heriberto Leyva, por entregar tierras comunales a la Asociación Civil Francia en México, que exige a las comunidades el pago de 8 millones 423 mil 985 pesos por el concepto de daños y perjuicios sufridos en el patrimonio Le Brun Adams, aparente dueña de una propiedad nada menos en que una comunidad indígena.
A un mes de cumplirse un año del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la autopista Toluca-Naucalpan, es otro de los problemas sociales heredados por la administración de Enrique Peña Nieto a la 4T, que al igual que el Tren Interurbano México-Toluca, solo trajo a su paso destrucción, ecocidio, negociaciones por debajo del agua y jugosas ganancias monetarias a empresarios ligados al Grupo Atlacomulco.
Se espera que integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realicen un recorrido por las obras a fin de que conozcan de primera mano la devastación arqueológica y ecológica de una obra que nunca fue consultada con los pueblos originarios de la región, como lo marcan los tratados internacionales y acuerdos de la ONU, firmados por México.
Por lo que en esta lucha contra los atropellos del Grupo Atlacomulco, las comunidades indígenas esperan que el Ejecutivo Federal honre su promesa que les hizo en el zócalo capitalino tras recibir el Bastón de Mando en su toma de posesión, de velar y proteger el territorio de los pueblos originarios. “…Vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México; es una ignominia que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas…”, dijo el recién ungido mandatario.
Y en Ayotuxco estas palabras estarán a prueba de ser una realidad en los hechos o quedar en mera retórica de la 4T ¿Sufrirá un duro revés el Grupo Atlacomulco? El gobierno federal tiene la palabra.
