En los últimos 20 años los gobiernos neoliberales han aplicado una política de apertura del sector energético en base a las directrices impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para desmantelarlo con la complicidad de los líderes charros del SUTERM
Por Jesús Navarrete
(Coordinación Nacional de Electricistas CFE-SUTERM)
Especial para Cananea TV
Desde su inicio y hasta el año de 1938, la industria Eléctrica en México estuvo totalmente en manos privadas principalmente extranjeras, el servicio de energía eléctrica en ese periodo solo cubría el 50% de la población, además de ser de mala calidad por los continuos apagones, variaciones de voltajes y frecuencia, pero la mayor afectación a los consumidores, provenía de los altos cargos de las tarifas eléctricas que eran de las más altas del mundo.
El conflicto social que lo anterior generó, se resolvió en 1960, mediante la adquisición por el Estado mexicano de todas las instalaciones de la Industria Eléctrica en manos privadas, y mediante la reforma al artículo 27 Constitucional, para otorgar a la Nación la Exclusividad en la prestación del servicio público de energía eléctrica.
La gestión del sector eléctrico nacionalizado, arrojó un balance netamente positivo para la nación, por lo siguiente: La cobertura del servicio eléctrico alcanzó el 95% de la población; La industria eléctrica nacional ha alcanzado una alta capacidad instalada y representa uno de los sistemas más extensos del mundo.
La capacidad de generación incluye el aprovechamiento de diversas fuentes energéticas primarias; se ha logrado la unificación de frecuencias y la interconexión del sistema eléctrico nacional; la industria opera con rentabilidad apropiada e índices de productividad notables; el servicio que se proporciona a los diversos sectores sociales ha significado una destacada contribución al desarrollo nacional; la infraestructura eléctrica mexicana constituye un gran patrimonio nacional y, junto con la industria petrolera, es el pilar de la soberanía nacional.
Sin embargo, todo lo alcanzado hasta el 2000, está seriamente amenazado, ya que, en detrimento de un proyecto propio de desarrollo nacional, en los últimos 20 años los gobiernos neoliberales han venido aplicando una política de apertura del sector energético que atiende a las directrices neoliberales, impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, provocando el deterioro, el desmantelamiento del sector y el avance de la privatización.
La estrategia que la derecha siguió para lograr la privatización, fueron dos vías: Reforma a las leyes secundarias y Reforma Constitucional al artículo 27 incluyendo lo relativo a la materia eléctrica.
Con respecto a la vía de las reformas a las leyes secundarias, la administración salinista reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) con disposiciones contrarias al espíritu y letra de la Constitución, promulgadas el 23 de diciembre de 1992.
EL AVANCE DE LAS TRASNACIONALES
Esta Reforma abrió espacios a la participación privada en el segmento de generación del sector eléctrico público con la modalidad denominada “Productor Independiente de Energía” (PIE) que creció o con gran celeridad y que al año 2012 representó el 35% de la capacidad instalada de generación eléctrica en el sector público, si bien su participación ha ido disminuyendo a partir de la Reforma Constitucional, al incorporarse otras modalidades de generadores privados.
Todas las empresas propietarias y operadoras de estos proyectos son filiales de empresas transnacionales, como: AES, INTERGEN, estadounidense; UNIÓM FENOSA, IBELDROLA, EYRA, ACCIONA, ABENGOA, españolas; EDF, francesa adquirida por Gas Natural de España; MITSUBISHI japonesa; COSORCIO KST Japón-Italia; ENEL GREEN Italiana y TRANSALTA canadiense.
En este esquema un particular es propietario y opera la central de generación, con la condición de vender su producción a CFE. El compromiso de pago de la CFE tiene dos componentes, un cargo fijo, que es independiente del suministro de energía y tiene por objeto resarcir al particular por la inversión realizada y otro cargo variable que depende de la energía suministrada.
Si bien a partir de las reformas de 1992, el Ejecutivo Federal impulsó la modalidad de Productor Independiente de Energía incluyéndola en los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y en el de Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación, para ello contó con la sucesiva legitimación del Congreso de la Unión, quien lo ha autorizado anualmente para contratar este tipo de modalidad privatizadora, o sea, estuvieron avalados por esa instancia.
CHARRISMO APOYA LA PRIVATIZACIÓN
Estas Reformas, que modificaron las leyes secundarias, abriendo espacios a los privados, tuvieron la anuencia de los dirigentes oficiales del SUTERM quienes no opusieron resistencia a esos cambios, al contrario, los apoyaron de manera acrítica y reprimieron a los trabajadores que estuvieron en contra de esta privatización.
De esta manera, el charrismo sindical, se convirtió en un aparato de control, que no solamente se roba las cuotas sindicales y los recursos financieros y materiales de la empresa y de los trabajadores, sino que sirvió de estructura política a favor de las trasnacionales,
Con respecto a la vía de Reformas a la Constitución incluyendo la materia eléctrica, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se concretó esta Reforma, promulgada el 20 de diciembre de 2013 y con el propósito de profundizar la privatización de la industria eléctrica, mediante la creación de un “mercado de generación”, en el que varios generadores de electricidad privados puedan vender energía eléctrica abriéndoles además espacios en la transmisión, distribución y comercialización, aunque por las contradicciones propias de esa reforma, no se ha podido aplicar como está prevista.
El impulso a los esquemas de participación privada por parte de los gobiernos neoliberales, no ha consistido solamente en otorgarles el permiso, sino que se han preocupado por crearles un entorno favorable; un ejemplo es el suministro de gas natural, para lo cual la CFE ha licitado por instrucciones de la SENER, una red de gasoductos que serán propiedad de privados con un esquema similar al de los Productores Independientes de Energía, para asegurar ese suministro, esquema que por cierto ha validado por la administración de la IV Transformación.
RECOBRAR SENTIDO NACIONALISTA
Por lo anterior pensamos que el nuevo gobierno de la cuarta transformación, debe retomar con un nuevo enfoque la política energética en materia eléctrica teniendo en cuenta que en las pasadas elecciones presidenciales, el pueblo de México se manifestó por cambios profundos y considerando la nueva correlación de fuerzas en el poder legislativo, en el presidencial y en el ánimo nacionalista de los mexicanos, estas políticas deben ser remarcadas en los aspectos que preocupan a amplios segmentos de la ciudadanía, como es la presencia privada en el sector eléctrico y el de las tarifas eléctricas. Es un tema que la cuarta transformación debe abordar sin titubeos.
La soberanía nacional ha sido afectada gravemente pues el capital privado es extranjero, ha pasado en proporciones importantes de la industria Eléctrica nacionalizada a manos foráneas, cualquiera que sea el mecanismo de desincorporación eléctrica afecta al patrimonio nacional. La Industria Eléctrica, lo mismo que la petrolera, constituye un patrimonio que sintetiza el sentimiento de soberanía nacional.
En este sentido, la alternativa de los trabajadores se expresa en una Política Eléctrica Independiente con las siguientes bases: Exclusividad del Estado en Materia Energética; Propiedad y Control de la Industria Eléctrica; Control de los Recursos Naturales no Renovables; Aprovechamiento de los Recursos Naturales en bien de la Nación, Desarrollo Social Democrático.
Es importante hacer notar, que la actual planeación en el sector eléctrico de la 4T, no responde a las expectativas generadas sobre el rescate del sector eléctrico, de conformidad con el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico 2019-2033, (PRODESEN), la participación de la CFE en la capacidad instalada de generación en el Sector Eléctrico Nacional en el año 2018, es de 59.7% y la de los privados 40.8%, de acuerdo al Programa Indicativo de Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE) incluido en el PRODESEN, para el año 2024, la participación de CFE será de 48.6% y la de los privados de 51.4%.
Considerando que estamos en el primer año de gobierno de la 4T, es prudente conceder el beneficio de la duda, pero de continuar esta tendencia, habrá que demandar el cumplimiento de las promesas de gobierno, por las cuales votó mayoritariamente el pueblo de México.
