En el penal de Pachuca, hasta el diablo tiene miedo
La Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tiene en la mira al ex Director de ése penal, Juan Carlos Delgadillo, por la degradación y violencia que dejó a su paso entre la población carcelaria a la negó no solo su alimentación sino atención médica a causa del Covid-19; la cadena de corrupción y abusos apunta hacia funcionarios de segundo rango de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, como el caso de Laura Talamantes, encargada de los penales del estado, quien ha permitido abusos propios de un campo de concentración donde los procesados son inducidos a la drogadicción y la extrema violencia
Investigación Especial de Cananea TV
Mientras la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), prepara un informe sobre las condiciones infrahumana en que sobreviven los internos del Centro de Readaptación Social de Pachuca, las autoridades locales decidieron remover de la dirección del penal a Juan Carlos Delgadillo, luego de las innumerables irregularidades presentadas a raíz de la pandemia del Covid-19, donde se estima de manera extraoficial, murieron 10 reos por no haber recibido la atención médica oportuna.
En solo siete meses en el cargo, Delgadillo convirtió el centro penitenciario en un verdadero campo de concentración donde los internos han muerto incluso de hambre. Cual si se tratara de escenas propias del Auschwitz de la Alemania Nazi, el funcionario mandaba escoger diariamente cinco kilos de la mejor carne para sus perros rottweiler, mientras a los presos los alimentaba con pellejos sobrantes y alimentos en estado de descomposición.
Pero en esta perversa tarea de encubierto exterminio a los reclusos, el funcionario no actuaba solo: tenía como sus brazos ejecutores a tres custodios; dos hombres y una mujer. Con la aprobación de Delgadillo, Ricardo y Cristóbal se encargaban de golpear de manera brutal a los internos, obligándolos a ingerir drogas con el fin de llevarlos a la adicción y convertirlos en compradores cautivos. Cuando un consumidor dejaba de pagar, ambos custodios se encargaban de cobrarle los saldos pendientes.
En esta tarea también participaba una mujer de nombre Yosune, que de acuerdo a versiones recabadas por la investigación de Cananea TV, mantenía relaciones sentimentales con el ex Director. Removido ahora al penal de Tulancingo, Delgadillo obligaba al personal médico a alterar reportes y diagnósticos para tapar la brutalidad de sus carceleros, como también a torcer dictámenes de enfermos por Covid para no desembolsar las cantidades presupuestales asignadas para enfrentar la pandemia.
Denuncias de familiares indican que han sido ellos quienes han comprado los medicamentos para los prisioneros enfermos de coronavirus, pero también cuando sus consanguíneos han enfermado de otros padecimientos.
LA CORRUPCIÓN VIENE DESDE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Hace unos días y con antelación al cambio de Delgadillo, la doctora Erika Bautista constató en carne propia que quien era su jefe superior inmediato, el también médico, Vicente Ortega y el ahora ex director, no se manejan solos en las atrocidades cometidas a los internos; el solapamiento y la luz verde provienen nada menos que de la Subsecretaría de Seguridad Pública del estado, encargada del manejo de los Ceresos locales, con Laura Talamantes al frente.
Erika Bautista, que hasta una semana formaba parte del personal, fue instruida por el director del Cereso para presentarse a las oficinas de Readaptación Social. Cuando la facultativa estuvo frente a Laura Talamantes, la funcionaria la acusó de haber pretendido ayudar a escapar al ex alcalde del municipio de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho, al haber dictaminado que el preso estaba al borde de un infarto, solicitando su traslado a un hospital. De acuerdo al criterio de la responsable de los penales de Hidalgo, no valieron los argumentos científicos de la profesionista cuya misión es salvar vidas sin importar los delitos que hayan cometido o no los internos.
De hecho, según confirmaron a este medio fuentes al interior del reclusorio, fue el propio Delgadillo quien firmó la autorización para que el ex edil pudiera ser “externado” –llevado a un hospital para su atención externa–, pero quiso evadir su responsabilidad culpando a la médico.
Lo inconcebible, según narró un testigo, es haber pensado que Raúl Camacho hubiera podido escaparse cuando se encontraba postrado con oxígeno y realmente al borde de un infarto que de no ser atendido a tiempo hubiera sido mortal. Lo anterior, se confirma por una fotografía tomada al enfermo momentos antes de su traslado al Hospital General de Pachuca.
Semanas atrás, el ex director y la doctora Bautista habían tenido otro enfrentamiento porque uno más de los internos, el empresario Manuel Samuel Castro Mercado, también estuvo a punto de morir de Covid por la renuencia de Delgadillo para permitirle su traslado al Hospital General; negativa criminal a la que también se sumó el doctor Víctor Ortega, encargado del área médica del penal, adscrito a la Dirección General de Readaptación Social. Ambos accedieron a su traslado como lo peticionaba con urgencia la doctora, cuando se percataron que los familiares del interno habían solicitado la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Castro tuvo que ser intubado para salvar su vida, pero como en otros tantos casos, fueron sus familiares los que costearon sus medicamentos y el pago del oxígeno que requirió cuando fue llevado de nuevo al penal, donde por cierto, nunca se le proporcionó una dieta que le ayudará a su recuperación, pues se le remitió a una zona de aislamiento en donde lo alimentaron por varios días solo con un bolillo y una rebanada de embutido conocido como “pastel de pollo”.
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES
Desempeñar su función de manera seria y profesional le costó a Erika Bautista su trabajo, pues a pesar de que tras su encuentro con Laura Talamantes se le notificó que sería reubicada, al retornar al Cereso, Juan Carlos Delgadillo le señaló que debía firmar su renuncia. La médico se rehusó y a cambio fue prácticamente echada de sus oficinas por los custodios del penal, sin permitirle siquiera recoger sus objetos personales.
Ella se siguió presentando a laborar en los días subsecuentes pero siempre tuvo como respuesta de la gente de seguridad del penal que había órdenes estrictas de impedirle el paso. De hecho, tanto como su jefe superior, Víctor Ortega y la propia Laura Talamantes, ahora podrían ser denunciados por despido injustificado, ya que la afectada tenía vigente un contrato de trabajo.
Otras fuentes que pidieron el anonimato, aseguran que en efecto, no fueron pocas las veces en que el ex director les exigió cambiar sus dictámenes médicos para justificar las brutales golpizas a los internos, con argumentos tan inverosímiles como el que un reo se cayó de su cama, rompiéndose las costillas a “causa del golpe”.
Tal alteración de los hechos ha maquillado la brutal violencia que priva al interior del Cereso, al grado que para intimidar a quienes se niegan a subsanar las cuotas hasta para bañarse, así como el pago de drogas, les han introducido objetos punzocortantes en partes del cuerpo como el ano, como lo demuestran radiografías tomadas a los presos violentados, uno de los cuales tenía incrustado un desarmador en el recto. Estuvo a punto de morir pero sobrevivió de milagro.
DROGAS SÍ, ALIMENTOS NO
Alfredo Esquivel, un reo de 45 años, murió el pasado 9 de octubre, al parecer víctima de Covid, pero lo cierto es que desde hacía tiempo atrás, padecía como otros muchos internos, una severa desnutrición que no debe descartarse como la verdadera causa de su deceso.
Por su aspecto físico reflejado en las imágenes hechas llegar a Cananea TV, cualquiera pensaría que el hoy occiso frisaba los 60 ó 70 años; avejentado por el consumo de drogas al que es inducida la mayoría de la población carcelaria, no comía o prefería evadir la terrible realidad de este moderno campo de concentración, por la pésima calidad de los alimentos que constituyen el menú diario del llamado “rancho”.
En tal sentido, seguramente que la Tercera Visitaduría de la CNDH tendrá elementos suficientes para establecer no únicamente una violación a los derechos humanos de los internos sino además, un presunto fraude a los recursos públicos. Los funcionarios no solo del penal de Pachuca sino los de la Subsecretaría de Seguridad Pública, deberán explicar en qué se han estado gastando los recursos destinados a la atención médica y la alimentación de los reclusos. Ha trascendido, por ejemplo, que fueron varios millones de pesos los destinados a enfrentar la pandemia del Covid en los penales del estado y, en consecuencia, pagar los tratamientos a los reos.
Si como afirman los familiares de los procesados, son ellos los que han pagado de su bolsillo los medicamentos y tratamientos no solo del Covid sino de otras enfermedades, ¿dónde han quedado tales recursos públicos? Una auditoría se hace urgente para esclarecer tales irregularidades y abusos como el hecho de que Juan Carlos Delgadillo daba diario la orden de escoger cinco kilos de la mejor carne para alimentar a sus dos rottweiler que mantenía cerca de él, al interior del centro penitenciario.
Se dice que buena parte de los víveres que deben destinarse para dar de comer a los presos, son canalizados desde hace tiempo a la tienda que funciona al interior del Cereso, donde una persona sumamente allegada a Laura Talamantes –se especula que su esposo–, es quien la maneja, de tal modo que si un recluso no quiere morir de hambre o fallecer por intoxicación al ingerir los alimentos putrefactos que le proporcionan en el “rancho” diario, debe pagar por un cono de huevos –aproximadamente kilo y medio–, 95 pesos, y si desea beber una coca-cola de 600 mililitros, desembolsar 25 pesos.
Negocio redondo a costillas de los impuestos de los mexicanos y a expensas de la vida de los presos.
EL INFRAMUNDO VISTO A TRAVÉS DEL “CRISTAL”
La sífilis es uno de las enfermedades que han proliferado entre la población más pobre y desvalida del Cereso de Pachuca; esto a consecuencia del hacinamiento en las celdas y el consumo de drogas altamente adictivas como el “cristal”, lo que conlleva a actos de promiscuidad sexual y a daños incluso en su salud mental.
No son pocos los internos que deambulan por los pasillos y las áreas de uso común, extraviados por el consumo de las mortales drogas sintéticas; el daño es tan severo que algunos han sido aislados del resto de la población. Enfermos mentales que vegetan en vida y se suman a las cifras del silencioso y oculto exterminio interno.
El nuevo director del penal de Pachuca, Marcos Hernández Morales –quien retorna al cargo–, tendrá que comenzar a desmantelar la reedición de este “Auschwitz” hidalguense, mismo que ya está en la mira de la CNDH, por los incontables atropellos cometidos a su interior.
¿Qué responderán al gobernador Omar Fayad y a la ONG nacional, funcionarios locales como Laura Talamantes, sobre este símil nazista que renació en la entidad?
