La tecnocracia ha promovido la expulsión en comunidades y territorios indígenas
Los neoliberales de ayer y hoy, ejecutan una desaparición lenta y soterrada del campesinado y los indígenas, mediante el asesinato de líderes, el despojo de territorios, la voracidad de las mineras, la destrucción de bosques y suelos, contaminación de aguas, ríos y presas, lo mismo que obras en contra de las comunidades y ejidos; amén del control de territorios por parte del narco, y políticas corruptas en áreas como la agropecuaria, acuícola y forestal, elaboradas para el capital y el poder global alimentario, que avanzan con la eliminación real de parte de la población rural mexicana. Por ello, en las políticas públicas se debe priorizar el respeto a las formas autónomas de organización social indígena y campesina
La Carta Robada
Por Emilio López Gámez (*)
Especial para Cananea TV
En el ensayo “Pueblos indígenas como víctimas de los genocidios pasados y actuales: un tema esencial para el currículo de administración pública en américa latina.” Publicado en Opera, núm. 25, 2019, Universidad Externado de Colombia, de los autores, Nadia m. Rubaii, Sebastián Líppez-de Castro y Susan Appe, se analizan varios de los factores que durante siglos han operado en América Latina para borrar pueblos.
Otras formas de eliminación con el desarrollo del neoliberalismo se han sumado, por eso para el caso mexicano el tema agrario es el tema esencial, base para todo planteamiento, serio y contundente de políticas públicas rurales rumbo a la próxima administración federal.
En el caso de América Latina, como señalan los autores del ensayo: “… aunque para 2018 se estima una población de 45 millones de indígenas que viven en América Latina, se estima que “…cerca de 130 años después de los primeros contactos, el 90 % de la población indígena ya había sido asesinada (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2014).
A ello podríamos adicionar que el desarrollo del capitalismo durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, siguiendo con el sueño de W.W. Rostow, el capital, el neoliberalismo y seguidores (de antes y de hoy) llevan a cabo una desaparición lenta, soterrada del campesinado y los indígenas: el asesinato de líderes, el despojo de territorios, la voracidad de las mineras, la destrucción de bosques y suelos, contaminación de aguas, ríos y presas, construcción de industrias y obras en contra de comunidades y ejidos, destrucción ambiental, desplazamientos, control de territorios por parte del narco, políticas corruptas de funcionarios, políticas agropecuarias, acuícolas y forestales elaboradas para el capital, hasta hoy, y el poder global alimentario, continúan con la eliminación real de parte de la población rural mexicana, por eso se requiere una visión radicalmente distinta de política agraria.
LA POLÍTICA AGRARIA EN LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN FEDERAL
Líderes del movimiento campesino como el Ing. José Durán Vera, de la Unión Campesina Democrática, egresado de Chapingo, de Sociología Rural, con una larga trayectoria, ha elaborado análisis de fondo del problema agrario en México y ha planteado propuestas, que aquí se enumeran (algunas), que son centrales para la salvaguarda del territorio de ejidos y comunidades:
1.-Por cuanto hace a la Política para atender la estructura agraria, la relación entre el Estado y la clase campesina se basará en el reconocimiento pleno de las formas de propiedad social y sus mecanismos de representación, esto como principio para reorientar y clarificar los objetivos de Política Agraria.
2.- El derecho de paridad entre el campo y la ciudad, impulsará el fortalecimiento y la protección de la propiedad social del ejido y la comunidad, así como el patrimonio natural y cultural de la agricultura indígena y campesina,
3.-Por ello la reforma a la ley agraria es impostergable con objeto de perfeccionar las funciones de la SEDATU, la autonomía y las tareas de representación de la Procuraduría Agraria y el papel del RAN como el garante de la certeza y la legalidad jurídica de la tierra y los bienes naturales de ella.
4 .- Por lo anterior, ponderando la situación que guardan las instituciones que hoy integran el sector agrario (SEDATU, PA, RAN, FIFONAFE e INSUS), es importante que el presupuesto futuro sea suficiente para: Culminar fehacientemente los expedientes que aún permanecen en trámite derivados de los acuerdos agrarios firmados por las organizaciones campesinas y la Secretaría de la Reforma Agraria al final de los años 90 y las agendas vigentes validadas a finales del 2003 en el marco del cumplimiento del numeral 262 del Acuerdo Nacional para el Campo
Necesario asegurar el relevo generacional en zonas rurales
5.-Acelerar la regularización a favor de sus legítimos ocupantes de los terrenos nacionales que están en proceso de titulación, así como resolver definitivamente la ambigüedad jurídica que guardan las colonias agrícolas y ganaderas para culminar con la titulación correspondiente.
DERECHOS AGRARIOS Y RECAMBIO GENERACIONAL
6.-Generar un fondo de recursos económicos públicos que permitan la transmisión ordenada de derechos agrarios para fomentar el recambio generacional y el arraigo de mujeres y hombres jóvenes al interior de los ejidos.
7.- Para que la Procuraduría Agraria cumpla a cabalidad con las atribuciones que le son naturales (la conciliación de intereses como vía preferente para la solución de controversias, la representación y asesoría legal en juicio a los sujetos agrarios y la vigilancia del cumplimiento de la Ley) y sea capaz de actuar ante las autoridades diversas, es ineludible la desectorización para su plena Autonomía y su carácter de Ombusman Agrario.
8.-Por cuanto hace al Registro Agrario Nacional (RAN) este debe disminuir la sobre regulación que impone en los procesos de inscripción de los documentos que acreditan el derecho a la tierra de los sujetos agrarios, estableciendo con claridad los criterios que el ejercicio de su función debe aplicar, sin pretender calificar o estar por encima de los que son materia de sentencia por los tribunales agrarios, así como unificar los criterios que tienen lugar en diversas delegaciones de entidades federativas.
9.- Reabierta la atención a partir de septiembre del año 2021, nos estamos encontrando con procesos que evidencian descoordinación entre oficinas centrales y las representaciones estatales, atención discrecional de acuerdo a las preferencias de los funcionarios y lo más relevante y negativo, un desconocimiento profundo de muchos funcionarios, del marco jurídico agrario y del funcionamiento administrativo del RAN así como una creciente corrupción en la gestión y entrega de documentos oficiales. Todo ello por supuesto deben ser corregido a través de funcionarios honestos y expertos en la materia.
10.-No compartimos la concepción que deposita en el Estado una función monopolista respecto a la organización social pues no corresponde a la capacidad y a la conciencia de las fuerzas campesinas que en este momento construimos desde abajo el proceso de transformación. Por tanto, nos pronunciamos por el respeto a las formas autónomas de organización social campesina.
(*) Doctor en Economía por la Universidad de Chapingo y experto en temas agrarios.
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