La titular de la CNDH ante el incumplimiento de priístas
Tras once de años de permanecer en el Cereso de Pachuca, Castro solicita a la reelecta titular de la CNDH, revise el por qué ni el entonces gobernador Francisco Olvera, y después Omar Fayad, se negaron a atender las recomendaciones emitidas tanto por la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo como la Comisión Nacional, donde se ordenaba a las autoridades locales a reponer el viciado proceso que siempre tuvo como objetivo despojarlo de su planta armadora en el complejo industrial de Ciudad Sahagún del municipio de Tepeapulco; en manos de Rosario Piedra está el hacer justicia al empresario y reparar el daño patrimonial cometido en su contra
Investigación Especial de Cananea TV
Un mes antes de ser liberado el 20 de agosto del 2023, tras 11 años de ilegal reclusión en el Cereso de Pachuca, el empresario Manuel Samuel Castro Mercado, envió el 25 de julio una carta, vía electrónica, a la ahora reelecta titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, solicitándole revisar el por qué a nueve años de emitida la recomendación 45/2014 por el organismo a su cargo, no se atendieron los puntos solicitados pidiendo a las autoridades del gobierno de Hidalgo, recomponer el proceso en su contra iniciado en el sexenio del priísta Francisco Olvera Ruiz, al ser acusado del homicidio de un trabajador muerto a las afueras de lo que fuera la planta de Dina ubicada en el complejo industrial de Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco.
A lo largo de más de una década, la injusticia en contra del empresario quedó registrada tanto en el Congreso de la Unión como en las Comisiones Local y Nacional de Derechos Humanos, cuyo proceso judicial, desde un inicio, estuvo plagado de irregularidades encaminadas a despojarlo de su empresa, ubicada en Cd Sahagún, por parte del ex gobernador Francisco Olvera Ruiz en complicidad con el entonces titular del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Juan Menes Llaguno y otros de sus ex funcionarios hidalguenses.
Con el peor de los cinismos, el ex mandatario le envío a Castro Mercado, personeros que le advirtieron a su esposa que solo obtendría su libertad a cambio de entregarle la planta. Al irse hilando la serie de atrocidades jurídicas en su contra, orquestadas desde el gobierno local, ambas comisiones tuvieron elementos más que suficientes para emitir amplias recomendaciones sobre las anomalías registradas durante su detención y en la integración de la averiguación previa donde abundaron pruebas sin sustentación jurídica ni pericial; los dos organismos pidieron a la administración de Olvera Ruiz reponer el proceso y sancionar a los policías y funcionarios judiciales que se actuaron por consigna política. En ambos casos ex mandatario ignoró los señalamientos.
En la enumeración de las múltiples irregularidades expuestas en su momento en la Comisión Permanente, y que derivaron en un punto de acuerdo el 11 de julio del 2018, promovido por diputados de Morena, se destacaba que las autoridades judiciales de Hidalgo no tomaron en cuenta la recomendación R-VGJ-0030-13, hecha por la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, ni la 45/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Y así como en su momento Olvera Ruiz desoyó ambas resoluciones y uno de los Puntos de Acuerdo emitidos por los diputados federales para atender el caso, posteriormente el gobernador, Omar Fayad, también priísta, maniobró para no ser citado por el Senado para explicar el por qué también como su antecesor, hizo caso omiso de las innumerables irregularidades, tal y como lo establece la Ley de Derechos Humanos en México.
Por tales irregularidades Samuel Castro, en su momento, fue declarado “preso político ” tanto por el sacerdote y defensor de migrantes Alejandro Solalinde, como por los legisladores de Morena de la LXIII Legislatura.
Entre las pruebas detectadas por los organismos de derechos humanos tanto a nivel local como nacional, surgieron relevadores datos como el hecho de que Manuel Samuel Castro, nunca disparó contra el obrero muerto, el 28 de enero del 2012, pues quedó constancia de la existencia de un video muy revelador donde se demostraba que el occiso José Matilde Cotonieto, ya se encontraba muerto al momento en que la misma gente del líder sindical, Artemio Vázquez, detonó los balazos contra la planta en cuyo interior se encontraba el empresario.
Los exámenes periciales que se le practicaron al cadáver de José Matilde Cotonieto, probaron además que el cuerpo presentaba rastros de pólvora más no en la ropa que el obrero vestía al momento de ser asesinado. Estas pruebas periciales demostraron que el cadáver del trabajador fue “plantado” en las inmediaciones de la planta, pero fue asesinado en un lugar distinto.
Sobre su encarcelamiento, Manuel Samuel Castro aseguró a los medios que todo era parte de una maniobra encauzada a despojarlo de la planta de Motor Coach Industries que anteriormente albergó a la armadora de Dina Nacional toda vez que hasta el momento “no hay ninguna prueba en mi contra”.
Denunció que el plan para despojarlo de su empresa quedó en evidencia cuando el ex procurador Straffon Ortíz se comunicó con su esposa para decirle: “Dígale a su esposo que firme cediéndonos la planta y mañana sale libre”
Al paso del tiempo y tras un acucioso análisis del expediente no es aventurado señalar que la intención de Olvera y sus secuaces, siempre tuvo la perversa finalidad de privarlo de su libertad, para de esa forma y mediante argucias ilegales, cínicamente arrebatarle su empresa, la cual se ubica en Ciudad Sahagún, misma que de forma por demás improcedente, le fue entregada a un sindicato que estaba coludido con el entonces Gobernador Olvera Ruiz.
El procesado debió enfrentar en su reclusión toda una serie de violaciones a sus derechos humanos pues en la pandemia del Covid-19, en el 2020, estuvo a punto de morir por la negligencia del Director del Penal para agilizar su traslado al Hospital General de Pachuca, donde estuvo intubado; tiempo después, sufrió una fractura de muñeca y pese a su estado, fue llevado al nosocomio esposado. El brutal exceso de fuerza fue incluso cuestionado por el personal del hospital, pues los Policías Bancarios lo obligaron a ser encadenado de pies y manos, a pesar de estar recién operado.
El 11 de julio del 2018 y a instancias de diputados de Morena, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, emitió un punto de acuerdo exhortando al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y al Consejo de la Judicatura Federal, a resolver su caso conforme a derecho.
Pero el gobierno de Omar Fayad al igual que el de Francisco Olvera, sencillamente ignoraron el exhortó lo mismo que el podrido Consejo de la Judicatura, al que le esperan grandes cambios y una purga a fondo por la Reforma al Poder Judicial ya aprobada por el Poder Legislativo. El atropello a Castro Mercado es una de las tantas cuentas pendientes de este organismo.
El 29 de agosto del 2023, Manuel Samuel Castro Mercado, obtuvo por fin su libertad, pero aún espera que la reelecta titular de la CNDH por el Senado, el pasado 13 de noviembre, haga valer la recomendación emitida en el 2014 a su favor. El empresario, pide a Rosario Piedra Ibarra, revise el citado documento y la carta enviada a sus oficinas, para que le sean restituidos sus violentados derechos humanos y la planta de la que fue despojado con todo el poder del entonces corrupto gobernador, Francisco Olvera.
Sin duda al revisar el voluminoso expediente, Rosario Piedra comprobará los excesos que se dieron en los gobiernos priístas en Hidalgo, en la época neoliberal donde fue hecho añicos el Estado de Derecho.
La arbitraria reclusión del empresario, no concluye con su liberación; aún falta reparar el daño y castigar a los verdaderos responsables de tal abominación jurídica. La titular de la CNDH, tiene la palabra…
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