La agenda pública debe ser coordinada también por mujeres en igualdad de derechos, sin que nos pongan el estereotipo de ser “las que se atreven” a ejercerlo, pues esto crea una desvaloración en las jerarquías de poder que parte de las ideas del patriarcado
Por Ana Rosa Lemus *
Especial para Cananea TV
Derechos Políticos, es una de las áreas más antiguas del campo jurídico, cuyas fuentes comprobables se han apegado a las costumbres culturales que en gran medida han minimizado la participación de las mujeres.
Esto generó que fuera un área exclusiva para hombres, ya que en ella se juega un papel de liderazgo y poder, que “se vulnera” si lo ejercen las mujeres, según la creencia. Sin embargo, al oír el término, “Política” resulta sencillo comprender que se trata de una serie de normas establecidas en el seno del estado, que permiten el manejo de las herramientas para ejercerla, y esta actividad sea destinada a beneficiar y representar a la sociedad.
En la actualidad solo se reconoce ese manejo de herramientas en un espacio de participación política de hombres a manera automática y normal.
En esa dirección, el patriarcado ha tenido un impacto nocivo para la construcción de la ciudadanía plena de las mujeres, porque recae directamente en el ejercicio de la participación política. Recordemos que durante varios siglos a las mujeres nos negaron el derecho a la propiedad, a la libertad de organización, a la educación, a la nacionalidad, al voto, etcetéra.
El acceso a estos derechos se demoró notablemente más para las mujeres que para los hombres. Ante esta situación se desarrolló un contexto de movilización y lucha a lo largo de la historia, para exigir el cumplimiento de los derechos políticos, lo cual ha costado muchas vidas.
Gracias a esas mujeres feministas actualmente tenemos más derechos ganados, pero aún no tenemos una mayor participación política debido a los altos índices de violencia que reducen el acceso a la educación, al empleo y a la seguridad social. Esto ha ocasionado pobreza y desigualdad social que perjudican principalmente a las mujeres.
Como ciencia que busca la mejor forma ejercer el poder, la política debería ser una actividad coordinada también por mujeres en igualdad de derechos, sin que nos pongan el estereotipo de ser “las que se atreven” a ejercerlo y llevarlo a la práctica, sino con la bandera real de equidad de género. Al considerarse ésta como una actividad solo para “hombres” se crea una desvaloración en las jerarquías de poder, mismas que a su vez alejan la igualdad y parten de las ideas del patriarcado que está latente e invisible entre el Estado y la sociedad.
Ante esta perspectiva, el debate sobre la violencia política está estrechamente ligado a las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y a la negación del ejercicio de esta actividad.
De aquí se enfatiza la idea de que la violencia política es ejercida mayoritariamente e injustamente hacia las mujeres, y es entendida como todas aquellas acciones y omisiones (incluida la tolerancia), que basadas en criterios de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales tienen por objeto anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos inherentes a un cargo público.
En México, “la violencia política,” es la que se comete contra las mujeres en concreto. Es un tema de vital interés en la agenda pública debido a la importancia de su contenido en relación con la democracia, ya que hace más estrechos los espacios y oportunidades de participación de las mujeres, además no se llega a una democracia verdadera y se limita la libertad.
Actualmente las mujeres tenemos derecho a votar, a ser electa, a la participación política y a los demás derechos consagrados en el artículo 35 de nuestra Constitución Política, pero estos solo existen en un concepto escrito, ya que es dudoso ejercerlos por miedo a las represiones.
Las “cuotas de género” se aplican (supuestamente) como medidas para contrarrestar la disminución de la participación política de las mujeres, pero en realidad nos imponen una “normatividad” de sometimiento y silencio que nos impide expresar la verdadera situación del ejercicio de este derecho.
La violencia se hace presente en las descalificaciones verbales, la condición económica, la forma de expresarse, (lenguas indígenas) genero, la raza, la forma de vestir, el físico, la formación académica, el nivel de estudios, etcétera.
Estas violencias anulan nuestra participación política, lo que conlleva a que nos repriman, nos frustren y atemoricen con lo más cruel; la violencia física o las amenazas de muerte.
Asimismo, la familia definida, la célula básica de la sociedad, también juega un papel importante en esta situación porque en ella se impone que la mujer debe realizar las tareas de cuidado a los hijos, a los adultos mayores y a los enfermos, incluyendo el trabajo doméstico no remunerado.
Las cargas morales, culturales y religiosas que se nos imponen como atenuantes para mantenernos ocupadas en esas áreas y así reducir nuestras posibilidades de participación política. De ese modo niegan nuestra capacidad para decidir sobre el actuar político.
Ante estos obstáculos se demandan acciones concretas y seguras para realizar el ejercicio pleno de nuestros derechos, con la apertura de espacios en equidad de género, con las garantías de seguridad que no menoscaben los derechos humanos, para que la violencia, ya sea de género o política, no siga apoderándose de las mujeres.
Es fundamental que ellas conozcan sus derechos humanos y políticos, y que aprendan a defenderlos, ejercerlos y exigirlos para eliminar la discriminación y avanzar hacia la igualdad sustantiva.
Así llegaremos a la verdadera y completa democracia participativa que actualmente demandamos las mujeres.
*(Escritora independiente)
