La dignidad de Castro contra la desvergüenza de Olvera
Tras diez años de permanecer injustamente detenido en el Cereso de Pachuca, por la muerte de un trabajador de la Ex Dina Nacional, Castro Mercado, está en espera de recibir sentencia tras cerrarse su proceso; en manos del juez Víctor Hugo Velasco Calixto estará el hacer justicia al hombre que se negó a aceptar los chantajes del ex mandatario para despojarlo de su planta armadora en Ciudad Sahagún, por lo que debió enfrentar todo el aparato judicial de Hidalgo en su contra y que motivó recomendaciones y puntos de acuerdo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado de la República
Por Inés de la Cruz Muñoz (Becaria)
Especial de Cananea TV
El próximo 28 de enero se cumplirán diez años de la ilegal detención del empresario Manuel Samuel Castro Mercado y cuya injusticia tuvo resonancia tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como en el Senado de la República.
A lo largo del tortuoso proceso y en sus respectivos ámbitos, las dos instituciones emitieron duros cuestionamientos, recomendaciones y puntos de acuerdo en contra del Sistema Judicial del Estado de Hidalgo, que durante el gobierno de Francisco Olvera, actúo de manera facciosa con el fin de despojarlo de la planta de la ex Dina Nacional en contubernio con el líder sindical, Artemio Vázquez Peña y su esposa la hoy nuevamente alcaldesa de Apan, Guadalupe Muñoz.
Todo lo anterior se puede apreciar en la causa penal 154/2018 que se encuentra radicada en el juzgado de Apan Hidalgo, en donde saltan a la vista infinidad de arbitrariedades plenamente comprobadas, que el Gobierno de Hidalgo realizó en evidente perjuicio y violación de derechos humanos del referido empresario.
Al paso del tiempo y tras un acucioso análisis del expediente no es aventurado señalar que la intención de Olvera y sus secuaces, siempre tuvo la perversa finalidad de privarlo de su libertad, para de esa forma y mediante argucias ilegales, cínicamente arrebatarle su empresa, la cual se ubica en Ciudad Sahagún, misma que de forma por demás improcedente, le fue entregada a un sindicato que estaba coludido con el entonces Gobernador Francisco Olvera Ruiz.
En una de sus declaraciones publicadas en su momento por los medios, Castro Mercado denunció que durante los primeros días de su detención, la amenaza enviada por los amanuenses del ex gobernador Olvera, fue clara: “Si firmas la cesión de la planta, sales inmediatamente”.
El empresario se negó al sucio chantaje por lo que es evidente que el proceso legal referido, desde su mismo inicio estuvo plagado de violaciones al debido proceso, ya que sin pruebas firmes, fue detenido y posteriormente, recluido ilegalmente en el Cereso de Pachuca, Hidalgo.
Como ya se anotó, las violaciones que se cometieron en dicho proceso penal, donde se le acusó de la supuesta muerte por arma de fuego del obrero, José Matilde Cotonieto Sánchez, fueron de tal magnitud, que la Comisión Nacional de Derechos humanos y el Senado de la República, respectivamente, emitieron sendas recomendaciones para el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, haciendo público su total desacuerdo con la forma en que se había actuado por parte de la autoridad judicial.
De entre las incontables irregularidades contenidas en el expediente, destacan que Castro Mercado fue presentado hasta siete horas después de su detención a una jurisdicción judicial ajena al lugar de los hechos pues el Ministerio Público de Apan a quien correspondía iniciar las investigaciones, fue instruido para que trasladara al caso a la ciudad de Pachuca.
A Castro se le negó la presencia de un abogado y muchos de los supuestos testigos fueron presionados para declarar en su contra; la procuraduría hidalguense en el gobierno de Olvera, fue incapaz de ubicar en el tiempo y espacio de los hechos, al acusado e, incluso, la muerte del trabajador fue señalada de manera torpe en horarios distintos a los expresados por sus acusadores.
Todo el cúmulo de abusos e irregularidades hasta en los peritajes de balística, no pasaron desapercibidos ni para la visitaduría de la CNDH que emitió la recomendación contra el gobierno de Olvera, como tampoco en las conclusiones del Senado que derivaron en un punto de Acuerdo exigiendo la aplicación puntual de la ley, para corregir las innumerables fallas al proceso.
Dentro del juicio penal respectivo ya se concluyeron todas las etapas que marca la ley, por lo que se está en espera de la sentencia definitiva, la que por obvias y fundadas razones legales, deberá ser absolutoria, ya que no existe razón ni prueba alguna para que se siga sosteniendo tan aberrante Crimen de Estado y abuso de poder, cometido en contra del empresario Manuel Samuel Castro Mercado.
El juez Víctor Hugo Velasco Calixto, titular del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apan, recibió en octubre pasado las conclusiones del Ministerio Público y la Defensa y se espera que en los próximos días dicte su veredicto.
Y sin duda que en manos del juzgador estará devolver mucha de la credibilidad perdida al Estado de Derecho en Hidalgo, donde el ex gobernador Francisco Olvera y sus secuaces, dejaron la huella indeleble de uno de los latrocinios judicial más vergonzosos cometidos en la entidad.
