El empresario Manuel Castro, su vida en peligro
La pandemia ha puesto al descubierto las anomalías que prevalecen en este centro penitenciario y la violación a los derechos humanos de internos como el empresario Manuel Castro Mercado al que se le niega la debida atención médica y se le impide ser atendido en centros hospitalarios, pese a que tales gastos corren por cuenta de sus familiares; el director Juan Carlos Delgadillo, trata de ocultar que la pandemia tiene en riesgo la salud de los mil 800 internos. Ya hay quejas en la CNDH y en el Congreso de la Unión al respecto
Por Lic. Carlos E. Amador Uriesti
Especial para Cananea TV
La situación que enfrenta el empresario Manuel Samuel Castro Mercado en el penal de Pachuca bien puede ser empleada como material de análisis en materia jurídica y de derechos humanos para dimensionar hasta qué punto todavía hay mucho por hacer en México para recobrar el devaluado Estado de Derecho y el respeto a los derechos constitucionales de miles y miles de mexicanos, libres o privados de manera injusta de su libertad.
Preso desde enero del 2012 por negarse a aceptar una artera extorsión por parte de funcionarios del ex gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, que le exigían entregar la planta de lo que fuera la armadora Dina Nacional, en Ciudad Sahagún, a cambio de su libertad, Castro Mercado ha comprobado en carne propia lo ineficaces que resultan las Ongs, tanto estatales como nacionales, pues a pesar de haber obtenido fundadas recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se reconoció ampliamente la fabricación del delito de homicidio en su contra, sigue preso y ahora en riesgo de perder la vida por el irresponsable manejo de la pandemia del coronavirus por parte de las autoridades del Cereso, en espera de sentencia a ocho años de su detención.
De acuerdo a informes recabados de manera extraoficial, los contagios por Covid en el centro penitenciario no son fortuitos sino producto de una poderosa mafia que todo lo controla y que no ha tenido el cuidado de sanitizar los productos que son expedidos en la única tienda de consumo que funciona al interior del penal y donde se expiden productos a precios sumamente elevados.
Toda la serie de irregularidades que suceden en este Cereso, no pueden pasar desapercibidas para el director Juan Carlos Delgadillo quien está tratando de minimizar y ocultar un problema que amenaza la salud y la vida de los internos. Tenemos referencias que el funcionario ha informado sólo un deceso por Covid en sus reportes a las ONGs, el pasado 26 de julio, pero el número de fallecimientos es de al menos cinco internos muertos, de manera extraoficial.
Familiares de los presos aseguran que tan solo en la Iglesia del penal –improvisada como centro de aislamiento–, se han segregado a más de 20 personas que presentan los síntomas de la enfermedad y otros tantas se han enviado al UNPA, área destinada a los internos que presentan agudos problemas de adicción.
La población del penal es de alrededor de mil 800 internos, por lo que se infiere lo que puede ocurrir si las autoridades de seguridad pública y el gobierno del estado de Hidalgo no deciden supervisar con lupa lo que viene haciendo Delgadillo, que además de violentar los derechos humanos de la población penitenciaria y hacer negocio a sus costillas, está acercándolos a la tumba por no cumplir con los protocolos ni el personal necesario y capacitado para enfrentar la pandemia.
Tenemos entendido que el 18 de junio pasado, el representante en México de la firma International Development, fue enviado de forma atropellada al Hospital de la SEDENA, de la capital del Estado, al presentar alta temperatura y problemas respiratorios graves.
Versiones de sus familiares dan cuenta que Castro Mercado llevaba más de una semana solicitando a las autoridades del penal, le realizaran las pruebas pertinentes porque sin duda, ya tenía todos los síntomas del coronavirus, pero nadie le hizo caso hasta que no comprobaron su deteriorado estado de salud, a pesar de ser una persona adulta mayor, cardiópata y tener problemas de presión baja.
En el nosocomio de la SEDENA tomaron la determinación de enviarlo al Hospital General de Pachuca, donde ingresó el 23 de junio, siendo intubado por la gravedad de su caso. El 3 de julio y apenas un día después de haber sido desintubado, los médicos lo dieron de alta sin darle la oportunidad de recuperarse, enviándolo de regreso al penal.
Se comenta que la determinación de los directivos de dicho nosocomio de no permitir su convalecencia en su interior se debió a que las autoridades del penal no están aportando un solo centavo a la cuota de recuperación que establece el Hospital General para todos los pacientes.
Y nos preguntamos si las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública o el propio gobierno del estado no previeron recursos para enfrentar cualquier eventualidad por la pandemia al interior de los penales. Los reos que llegan a enfermarse deben pedir apoyo a sus familiares para allegarse los medicamentos y equipos médicos, necesarios para su atención.
La condición de pérdida de libertad bajo ningún aspecto impone la conculcación de derechos humanos y el derecho a la salud. Ante esto es conducente preguntar a las autoridades cuáles han sido los criterios para atender la pandemia al interior de los penales de Hidalgo y cuántos los recursos contemplados para ello, pues al final, la responsabilidad de la salud de los internos recae en el gobierno del Estado.
Tanto los familiares de los reclusos como la opinión pública de Hidalgo tienen derecho a ser informados sobre lo que ocurre en los penales en torno a la pandemia del Covid, y saber si son los titulares de los mismos los que están escamoteando los recursos asignados para este fin. O en realidad no se contempló una partida para hacerle frente. En ambos casos, el panorama es grave.
Hasta donde tenemos conocimiento, la familia del empresario Castro Mercado ha costeado los medicamentos desde su internamiento al Hospital General de Pachuca, hasta su retorno al penal, teniendo que pagar el oxígeno que lo ha mantenido con vida, a razón de dos litros por minuto. Pero no conforme con esto, el titular del centro penitenciario se ha negado a que el enfermo sea atendido de otros males como una lesión en la rodilla producida por el trato bárbaro de que fue objeto en sus traslados a los nosocomios.
La esposa de Castro, envió el pasado 21 de julio una carta a Juan Carlos Delgadillo, solicitándole información sobre el área asignada a su esposo para su convalecencia y referencias sobre las capacidades del personal médico del penal para su atención, así como las bitácoras donde deben registrarse los protocolos para el caso. El silencio fue la respuesta.
Dos días después, el empresario nuevamente debió abandonar el penal de manera urgente porque presentaba una severa hemorragia, producida por la prescripción de cuatro anticoagulantes por parte de la responsable del servicio médico del Cereso, la doctora Erika Bautista. Se presume que su diagnóstico fue por la presunción de que el enfermo presentaba un cuadro de trombosis.
Los especialistas del Hospital General de Pachuca lograron sacar nuevamente adelante al paciente pero lo peor de la pesadilla que vive Castro Mercado está lejos de concluir: debido a la ausencia de recursos oficiales para atenderlo, el interno envío una carta al director del penal fechada el 28 de julio pasado solicitándole su anuencia para realizarse dos estudios: uno el jueves 30 de julio en los laboratorios El Chopo a las 11; am, para valorar un posible astillamiento de rodilla; y otro, el viernes 31 a las 10;30 am en la Clínica Biomédica, ubicada justo frente al Hospital General de Pachuca, cita programada con el doctor Ramón Legorreta.
Pese a que los gastos no serían absorbidos por la Dirección del Cereso, Juan Carlos Delgadillo no solo puso obstáculos; además, por medio de la persona que funge como enlace entre las autoridades del penal y las hospitalarias para informar y facilitar trámites a los familiares, la licenciada Yosune Valdéz, los directivos de Biomédica decidieron cancelar la cita a Castro porque según les informó la funcionaria, se debería montar todo un aparato de seguridad por la “alta peligrosidad del reo”, como si se tratara del “Chapo” Guzmán u otro personaje de tal dimensión delictiva. Es de suponerse el pánico que ocasionó tan desproporcionado comentario entre el personal de Biomédica.
Hasta donde tenemos información, en su primer retorno al penal tras estar intubado, Castro Mercado fue enclaustrado en un área del UNPA, pese a que no podía moverse por su quebrantado estado de salud y su lesión en la rodilla. Como una violación más a sus derechos humanos no solo se le regateo la alimentación –consistente en un pan seco con una magra rebanada de embutido conocido como “pastel de pollo”–, sino que no se le asignó ningún personal para que le auxiliara al menos para ir al baño.
Sus familiares han comenzado a enviar escritos a las Ongs de Hidalgo y del país, así como a legisladores de Morena para que desde el Congreso de la Unión se pida información del inframundo que prevalece en este centro penitenciario, pues no es exagerado aceptar que Castro tiene fundamentados motivos para temer por su vida. De hecho, el Padre Alejandro Solalinde llegó a calificarlo como preso político, víctima del ex gobernador Francisco Olvera.
Tenemos conocimiento que en el escritorio de la actual titular de la CNDH, Rosario Ibarra Piedra, ya descansa una carpeta con la información de los abusos cometidos contra el empresario y otros reclusos más en el penal de Pachuca. Estaremos atentos a ver el curso que toma en lo político y jurídico este asunto que es la prueba fehaciente de lo mucho que hay todavía por hacer para recobrar el sentido de los derechos humanos en México y el aniquilado Estado de Derecho.
Indudable que el director Juan Carlos Delgadillo, la funcionaria de enlace Yosune Valdéz y la doctora Erika Bautista, tienen mucho que explicar a los hidalguenses y la opinión pública del país.
