Alianza de Tranviarios Vive la Peor Crisis Interna de su Historia

La centenaria organización en el más grave trance de su existencia

Con su Comité Central dividido en dos bandos que mutuamente se acusan de violar el estatuto, surgen razonables dudas sobre las razones del conflicto en el longevo sindicato, no descartándose móviles políticos con miras a la sucesión del 2024

 Por I. León Montesinos
Especial de Cananea TV

 Tras la muerte de Benito Bahena, en noviembre del 2020, la centenaria Alianza de Tranviarios de México (ATM) enfrenta una de las peores crisis internas de su historia: con un Comité Central dividido y sumido en un toma y daca de acusaciones mutuas, todo apunta a que serán las autoridades del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), las encargadas de dirimir un conflicto que, al decir de algunos trabajadores, puede encubrir un interés político con miras la sucesión presidencial del 2024.

Seis miembros del Comité electo en una planilla de unidad en abril del 2021, desconocieron el pasado 18 de agosto, tras una accidentada Asamblea General Extraordinaria, a la dirigencia encabezada por Gerardo Martínez Hernández, como también a su Secretaria de Finanzas, María Diosdado Caro Silva, a Héctor Cortés, Secretario del Interior, Esteban González Mejía, Secretario de Actas y Empleos; también a Octavio Martínez Galindo, Presidente de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia y al vocal de la misma, Juan Carlos González Hernández.

Tras la muerte de Benito Bahena se diluye la unidad

Según la versión externada a Cananea TV por Andrés González, Secretario de Prensa y Previsión Social; Omar Aparicio Cruz, Secretario del Trabajo; Martín López Hernández, Secretario de Asuntos Políticos; Adrián Olivares Pastan, Secretario de Conflictos; Benito Belmont Ponce, Secretario del Exterior y Alma Teresa González, Secretaria de Relaciones y Género, el Secretario General y sus funcionarios sindicales afines, los destituyeron de manera ilegal en una Asamblea Plenaria del 11 de agosto a la que se les impidió el acceso, acusándolos de fomentar el divisionismo en la organización. También –acusan– se les impidió el uso de la palabra en la Asamblea Extraordinaria del 18, donde a su decir, fueron violentados por Gerardo Martínez y su gente, quienes se retiraron del recinto, pero ellos continuaron con la misma en la mañana y después en la tarde, consensando su destitución.

Del otro lado de la moneda, la versión es distinta pues los otros miembros del Comité y el Presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguran que los quejosos llegaron tarde a la Plenaria del 11, pese a habérseles notificado que era de vital importancia su presencia. Acusan que la reunión en la que estuvieron presentes todos los miembros de la estructura sindical incluidos los miembros de la Comisión de Fiscalización, de la Comisión de Ajustes, así como los delegados y comisiones de la Alianza, terminó alrededor de las 8;30 de la noche, pero media hora antes, los inconformes habían emitido ya un comunicado donde decían que siendo mayoría en el comité habían procedido a inhabilitar al Secretario General y el resto del Comité Central.

Nuevo parque vehicular en medio de confrontaciones

Según expresan a Cananea TV, en la ATM no se contemplan las decisiones colegiadas en su estatuto como tampoco las inhabilitaciones. Y con respecto a la versión de que la mayoría de los trabajadores los destituyeron en la Asamblea del 18, comentan que esto no es correcto pues en la orden del día se estableció como punto único, el informe que rendiría a los agremiados la Comisión de Fiscalización sobre presuntos actos de divisionismo de los seis disidentes, el cual no pudo ser leído por el presidente de la Mesa de Debates por los actos de violencia, generados por los inconformes, razón por la que el evento se canceló.

Añaden los afines al Secretario General que la intención de los seis miembros del comité acusados de presunto divisionismo, saben que la máxima autoridad de las Asambleas Generales Extraordinarias es el Presidente de Debates quien ante todo debe primero desahogar la orden del día para después, poner a consideración de la Asamblea si se discuten asuntos generales.

Además, puntualizan, una destitución de cualquier miembro del Comité implica un procedimiento para el cual debe nombrarse una Comisión de Honor y Justicia con cinco miembros propuestos al azar de entre los presentes en la Asamblea y que son los encargados de analizar si la destitución o sanción determinada por la Comisión de Fiscalización procede o no,  y aunque la Asamblea es el máximo órgano de decisión, debe cumplir con los procedimientos estatutarios, pues una vez que la citada comisión tiene su veredicto se debe citar a una nueva Asamblea para que los trabajadores determinen en pro o en contra.

Al decir de la gente del Secretario General, la asamblea en la que supuestamente se pidió su destitución ni siquiera contaba con la mayoría de los trabajadores pues de unos 400 que ese día se presentaron al auditorio de la sede sindical de Doctor Lucio, solo quedaron unos 60. Y la asamblea vespertina en automático careció de validez por la sencilla razón de que el presidente de Debates declaró nula la de la mañana por haber determinado no existir las condiciones para llevar los trabajos en paz y armonía.

Pero para los seis opositores el escenario es distinto y, según ellos, en apego al estatuto se tomó como válida la determinación de la Asamblea por lo que procedieron a enviar el pasado 26 de agosto, un escrito al Director General de Servicios de Transportes Eléctricos de la CDMX, Martín López Delgado, notificándoles la destitución de Gerardo Martínez, como también de la Secretaria de Finanzas y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Octavio Martínez. Dos días después, el día 28, dirigieron un Boletín Informativo a toda la base trabajadora, sobre el mismo tenor.

El Grupo de los Seis, insiste en que su lucha es contra el autoritarismo del Secretario General, la falta de participación y facilidades para ejercer la encomienda de sus respectivas carteras, así como la nula transparencia en el manejo de los recursos y fondos como el de Huelga, además de la destitución arbitraria de dos comisionados y un delegado, para poner a gente que en su momento fue contraria al liderazgo de Benito Bahena, como Saúl Coquis Cortés. A su parecer, aseguran no tener como interés el apropiarse de la Secretaría General, sino pugnar porque retorne el ambiente de tranquilidad a su organización.

Para el Secretario General y el Presidente de la Comisión de Fiscalización, las cosas son en sentido contrario pues aseguran que siempre se les ha informado a los inconformes de cada una de las acciones realizadas en el comité y prueba de ello es el registro en documentos que lleva de manera puntual el Secretario de Actas y Empleos, Guillermo González Mejía. “No es posible que digan que no están enterados”, sostienen.

Los inconformes dicen estar dispuestos a llegar hasta el arbitraje del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), pues están convencidos de que existen diversas violaciones al estatuto. Pero del otro lado de la acera, Gerardo Martínez y la parte de su comité, aseguran que sus detractores “se brincaron todos los procedimientos” establecidos precisamente en los estatutos, “pues buscaron reventar la asamblea del 18 para que la base no se enterara de su proceder en contra de nuestra organización”.

Por otro lado, trabajadores aseguran que el día de la asamblea extraordinaria uno de los incitadores a la violencia que reventó el evento, es un sujeto de nombre Jesús Mendoza Oropeza a quien la organización lo inhabilitó de sus derechos por haber sido de los promotores de la agresión en contra de Benito Bahena y la Alianza de Tranviarios en el 2015.

“En la mañana los seis compañeros del Comité habían puesto como Secretario General sustituto a Omar Aparicio, pero en la tarde colocaron a Mendoza Oropeza que estuvo ligado al PRD en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y por eso se sumó a los ataques en contra del compañero Benito que en paz descanse, no sabemos quién o quiénes estén detrás de esto, pero no dudamos que quieran tratar de usar a la Alianza para revivir las agresiones que en la elección del 2018,  lanzaron contra la Dra. Claudia Sheinbaum, entonces candidata a la Jefatura de Gobierno y ahora precandidata a la presidencia en el 2024. Hay fotos y videos que así lo prueban”, afirman.

 

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