Aparato burocrático alejado de la Ley General de Alimentación
Aportes Parlamentarios 24, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República han dado a conocer las características del proyecto de la “Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible” donde se incluye la creación de SEGALMEX como un aporte que en este proceso contribuya a la consolidación de esta ley; organizaciones campesinas como el Plan de Ayala Siglo XXI, reconocen como un avance la creación de esta entidad, pero han exigido una revisión profunda, dada su corrupción y errada operación, con el objetivo de que sus programas realmente apoyen a los pequeños productores campesinos que tienen las mejores condiciones para producir los alimentos sanos y de buena calidad, que requiere el pueblo de México. El reglamento ya fue aprobado en el Senado y su minuta se encuentra en la Cámara de Diputados
La Carta Robada
Por Emilio López Gámez (*)
Especial para Cananea TV
De acuerdo a Aportes Parlamentarios, 24, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, “El proyecto de Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible tiene por objeto: Establecer mecanismos para la planeación, coordinación y competencia entre las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno, en las acciones encaminadas a garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada.
De acuerdo a Aportes Parlamentarios, 24, “El 19 de septiembre de 2023 fue aprobada por unanimidad en el Senado —con 101 votos— la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, misma que actualmente se encuentra como minuta en la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación…”
Los antecedentes: El 13 de octubre de 2011 fue promulgada la reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el derecho de toda persona “a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” (iniciativa ley general de alimentación adecuada de la senadora Ana Lilia Rivera, del partido Morena) así como la obligación del Estado de garantizarla.
A 12 años después el país carece de una ley reglamentaria específica en la materia. Agrupamientos, colectivos, organizaciones campesinas, en los últimos meses se han manifestado por la aprobación de la ley general de alimentación, por ejemplo, la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, así como “Semillas de Vida, Greenpeace, el Poder del Consumidor, entre otras organizaciones, pidieron a las fuerzas políticas del Senado- ya la iniciativa está en la Cámara de Diputados para realizar “acciones más contundentes y urgentes” para aprobar legislaciones que fortalezcan la salud de las personas, la protección de los recursos naturales y el respeto a los territorios y sus contextos locales…”
El Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI (MCIAPASXXI) considera que “…estamos ante la oportunidad de transformar nuestro sistema agroalimentario para asegurar el futuro de la población con salud, justicia y equidad, y por ello es fundamental dejar sentadas las bases legislativas para asegurar los cambios que se requieren para modificar la forma en que producimos los alimentos, así como, la forma en que nos alimentamos”.
Factores externos e internos amenazas a la Ley General de Alimentación adecuada y sostenible. Sin duda hay factores externos como internos que hay que superar para avanzar en este proyecto y poder cumplir con estos grandes propósitos.
Por ejemplo, el poder Ejecutivo y el Legislativo tienen una tarea fuerte por cumplir ya que “ Si bien el Estado mexicano ha satisfecho su garantía política primaria mediante el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación, a 12 años de la promulgación de la citada reforma, el Estado aún no cumple con su obligación de crear su garantía legislativa, mediante el desarrollo de la ley reglamentaria correspondiente …”en donde se establezcan, entre otras cosas, los principios, alcances, programas, estrategias y responsabilidades para el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación (Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, Aportes Parlamentarios, 24).
En ese mismo sentido, el movimiento campesino ha propuesto: “Establecer una política de articulación de leyes, ley de desarrollo rural, ley de alimentación, ley de aguas, ley general de salud y la legislación necesaria para lograr la justicia que merecen los pueblos rurales e indígenas de México.
Desde luego los factores externos como la posición de los grandes conglomerados industriales de la alimentación global, están presionando fuertemente para detener estos cambios en México.
NO SUBORDINAR LA POLÍTICA AGROPECUARIA AL MERCADO EXTERNO
Así para MCIAPASXXI “La política agropecuaria no debe estar subordinada al mercado internacional puesto que éste se ha convertido en el causante de la exclusión económica y social…” y de debe “…Impulsar un programa estratégico de producción sustentable y distribución de alimentos en condiciones de sanidad e inocuidad y de precio accesible para la población. El uso del glifosato y transgénicos, beneficia solo a trasnacionales.
Se están anteponiendo los criterios de granos producidos por la agricultura industrial y no de productos del campo, nutritivos, suficientes y de calidad (que sí produce el campesino) tal como lo define el artículo 4 de la constitución. Pretextando el acuerdo comercial, el país vecino busca imponernos la compra de maíz transgénico para la alimentación de millones de mexicanos, lo que representa un riesgo para su salud. Con ello, utilizan el T-MEC para vulnerar nuestra soberanía alimentaria.
En el caso de un elemento clave institucional y necesario para avanzar en ese sentido y que destaca como un factor interno, es la creación de Segalmex: De acuerdo al Instituto Belisario Domínguez. “En 2020 se creó el programa Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que integró en una sola coordinación Liconsa y Diconsa. Para ello se establecieron objetivos prioritarios: Mejorar el ingreso y la calidad de vida de los pequeños y medianos productores rurales en aras de contribuir a la producción de granos básicos y leche, así como a la autosuficiencia alimentaria, entre otros.
Para el campesinado, sin duda, ese programa es uno de los más relevantes, sin embargo, ha presentado una muy mala operación y decisiones que han padecido los campesinos desde su origen hasta el día de hoy. Segalmex requiere de una revisión profunda para eliminar la corrupción, y favorecer la comercialización de la producción campesina.
Otro factor interno que es el estancamiento de los recursos presupuestales al campo: son necesarios más recursos para enfrentar al poder agroalimentario global: un comparativo de los fondos asignados del 2015 al 2022, al Programa Especial Concurrente (PEC), muestra un estancamiento, además de que los programas se orientan a la entrega de recursos individualizados.
(*) Doctor en Economía por la Universidad de Chapingo y experto en temas agrarios.
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