Justicia social de la mano de un mercado interno fuerte
La presente serie de artículos son extraídos del libro: Teorías, Estrategias y Desafíos de los Trabajadores y del Sindicalismo en su capítulo: Seis Temas Claves en la Agenda Sindical y tienen como objetivo orientar a la clase trabajadora sobre asuntos como la Reforma Laboral; Rendición de Cuentas; Trabajo Decente; Pensiones; Nueva Cultura Sindical y la Privatización de los Servicios Públicos, en el actual contexto que vive el país
Por Jesús Bautista Pérez (*)
Con autorización para Cananea TV
Una de las principales características del mundo laboral mexicano es que ha sido una fuente de la estabilidad del país. Por ello, en un complejo, inseguro, incierto y convulso, la eventual reforma no puede ni debe arriesgar al país a una crisis social incontrolada de consecuencias impredecibles. Bien vale la pena que los legisladores reflexionen serenamente -independientemente de quien gobierne al país- en torno a la idea de que ningún dirigente electo por la vía democrática podrá gobernar eficazmente un México cuyo tejido social esté devastado.
Lo que requerimos son cambios constitucionales o de las leyes secundarias que: incentiven la construcción de un mercado interno fuerte, moderno, productivo y competitivo; impulsen la producción industrial, comercial, de servicios y de los recursos tecnológicos; y, fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que generan más del 90 por ciento del empleo formal.
Sin un mercado interno sustentado en una planta productiva, comercial y servicios modernos y dinámicos; sin una población laboral con ingresos decorosos, con necesidades básicas satisfechas y con capacidad de consumo; difícilmente podremos alcanzar la meta de tener un crecimiento económico sostenible, una sociedad justa y con bienestar, un arreglo democrático de calidad y un sistema de justicia impecable.
En esta misma perspectiva, sería conveniente que los representantes populares”, diluciden que el carácter tripartita de las relaciones laborales ha sido un vehículo muy eficaz para el entendimiento entre los principales sectores productivos. Por ello, es alarmante que a través de ambos proyectos se busque legitimar la unilateralidad patronal en la determinación de las condiciones de trabajo. De consumarse en los términos propuestos, en los hechos abriría la puerta de par en par para que éstas se sigan ajustando a la baja, en detrimento de la intermediación sindical y la contratación colectiva afianzando, así, el ilegal predominio de los contratos colectivos de protección.
La pretensión de restringir el ejercicio del derecho de huelga, por su parte, no sólo implicaría un retroceso, sino que amplía la discrecionalidad de los empresarios en la determinación de la duración de la relación de trabajo, al instituir la primacía de los contratos temporales, los periodos de prueba y el albedrío de la contratación. Con ello, incluso la garantía formal de estabilidad laboral desaparecería a fuerza de un decretazo.
La posible flexibilización y simplificación del procedimiento del despido constituye otro cambio inadmisible, entre otras razones, porque hacen nugatorio el derecho a la indemnización o a la reinstalación en el puesto de abajo, junto a lo cual se reduce a un año el límite para el pago de los salarios caídos.
La vulneración de los derechos adquiridos en materia de jornada de trabajo, salario mínimo y la bilateralidad de las relaciones de trabajo; y la legitimación del outsourcing es una pretensión que contraviene al principio de trabajo decente. Es más grave todavía porque se le pretende legalizar sin el establecimiento de disposiciones jurídicas que, mínimamente, fiscalicen y pongan límites a esa práctica.
En síntesis, contra los postulados de su respectiva exposición de motivos, ambos proyectos, contravienen derechos fundamentales establecidos en los convenios internacionales por la OIT. Pero más allá de ello, el riesgo inminente es que prohíjen una indeseable transmisión generacional de la pobreza.
Contra el discurso y la política social encaminada a combatir y reducir la pobreza, de aprobarse las modificaciones legales comentadas, inclinarán aún más al Estado a favor del mercado y, con ello, no sólo podrían ampliar las causas de la desigualdad y la polarización social, sino socavar las bases de la democracia.
Hoy más que nunca es preciso desplegar una reflexión responsable alrededor del modelo nacional de desarrollo, es imperativo cavilar sensatamente sobre la pertinencia de adoptar una política económica que tenga como máxima prioridad el bienestar y el desarrollo humano, entre otras razones, porque el pueblo de México merece mejorar su calidad de vida.
Según mi visión, una reforma laboral con verdadera visión de Estado, nos permitirá desplegar una estrategia orientada a garantizar a toda la sociedad una efectiva prosperidad. Especialmente para la población excluida, es urgente construir un piso mínimo que cubra, en primer lugar, sus necesidades básicas en materia de educación, salud, alimentación, vivienda y protección social.
En este sentido, necesitamos pavimentar el camino si queremos lograr la reactivación económica productiva y competitiva, que genere empleos dignos e ingresos sostenibles para los trabajadores y sus familias, y cuyos beneficios se repartan equitativamente e incluyan a todos. Esta estrategia, por lo demás, nos permitirá encarar con más eficacia contexto incierto y recesivo.
En suma, es indispensable una reforma laboral consensada y, sobre todo basada en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, movilidad social, armonía y convivencia democrática, todo lo cual sin duda ensanchará las oportunidades de trabajo productivo, salario decoroso y el pleno desarrollo de las empresas.
Coincido con la Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional, Sharan Burrow, en el sentido de que: “Hacer hincapié en los derechos fundamentales del trabajo, incluida la libertad sindical y el derecho a la protección social, es una estrategia clave para reducir las desigualdades en las sociedades, mejorar el acceso a servicios públicos de calidad, incrementar la demanda y lograr un crecimiento económico sostenido y sostenible”.
Por estas razones, es necesario realizar un examen juicioso de las iniciativas en cuestión, para que la posible reforma laboral realmente nos ayude a escalar a un estadio superior e integral de desarrollo.
La eventual reforma de la LFT debe apuntar hacia la construcción de un México próspero, democrático, con derechos plenos y exigibles, con trabajo decente y bienestar para todos.
De otro modo, quedará claro que la reforma laboral será simple y llanamente la continuación de la “revolución conservadora” iniciada en México a principios de 1980, una estrategia política que, al más fiel estilo de la facción más obcecada del Partido Republicano, apela al espíritu patriótico de los trabajadores como artilugio para seguir imponiendo el capitalismo salvaje. (Enero-Marzo 2012).
(*) Maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Latinoamericana; Licenciado en Economía por la UNAM, con diplomados en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y Teoría y Prácticas Parlamentarias en la Cámara de Diputados, posee también una importante trayectoria académica y profesional, así como en el desempeño de cargos en la administración pública. Autor de diversos artículos y ensayos, ha ejercido además cargos de dirigencia y asesoría sindicales.
