Como un atropello laboral y un acto de discriminación, un trabajador de 73 años fue privado de su salario al ser considerado demasiado “viejo” para laborar en la dependencia, por el fiscal Ricardo Guzmán, violando las disposiciones laborales de la emergencia sanitaria del Covid-19, que protege la salud de los empleados públicos de la tercera edad
El Diván de la Utopía
Por I. León Montesinos
Especial de Cananea TV
En definitiva, ni en el Diario Oficial de la Federación, ni en la Gaceta del Gobierno de la CDMX, o en alguna de las circulares emitidas por la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, donde se establecen los protocolos y lineamientos laborales del Plan de Contingencia para aminorar los efectos del Covid-19, aparecen rastros de sánscrito, arameo u otra lengua muerta, cuya traducción implique conocimientos especiales para su interpretación.
En todos los memorándums oficiales están claras las reglas a seguir desde que el pasado 31 de marzo, el Consejo de Salubridad decretó la Emergencia Sanitaria y el paro general de actividades, ponderando en las oficinas públicas la salvaguarda a la salud de los empleados mayores de edad, por ser un sector más vulnerable al mortal coronavirus.
No se entiende entonces el por qué funcionarios como Ricardo Guzmán Cruz, titular del área de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, estén cometiendo una serie de atropellos contra el personal administrativo a su cargo y peor aún, atenten contra los derechos humanos y laborales de adultos mayores a los que sin motivo alguno ha ordenado retenerles su salario, sumando a sus abusos el indudable delito de discriminación.
Un enlace administrativo que renunció hace unos días antes los desplantes y prepotencia del fiscal Guzmán, asegura que el funcionario ha ignorado olímpicamente lo dispuesto por el Presidente de la República, la Jefa de Gobierno y la Fiscal, quitando y moviendo personal a su antojo, como si la pandemia del Covid fuera el pretexto para hacer lo que le venga en gana.
Guzmán Cruz ingresó a la institución el pasado primero de junio y en un “corte de caja” al personal, pidió hace unas semanas referencias al ex enlace administrativo sobre el trabajador Armando Merino Mendoza, adscrito a su área y del cual se le explicó, había presentado en tiempo y forma su documentación para acogerse a los beneficios laborales por ser una persona de 73 años de edad. “Si ya tiene 73 años está viejo, ya no me sirve”, respondió despectivo el nuevo fiscal.
Acto seguido, vino el arbitrario deslinde laboral: el pasado 14 de julio al acudir al cajero automático, Armando Merino ya no vio reflejado el depósito de la primera quincena del mes, en el Banco Santander. Nadie en la fiscalía y menos su jefe, Ricardo Guzmán, se dignó informarle qué pasaba.
De hecho, en una de las últimas circulares firmadas por la Fiscal Ernestina Godoy, se extendía el plazo hasta el 10 de agosto para que trabajadores como Armando Merino retornaran a las actividades. No había pues razón alguna para ordenar la cancelación de su salario y, en consecuencia, su encubierto despido.
La dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México decidió tomar cartas en el asunto, pero se encontró con un muro peor que el de Trump; el prepotente y altanero funcionario, en reiteradas ocasiones, vía telefónica, expresó cortante al líder Fernando Mira: “Tengo mucho trabajo, no puedo atenderlo”.
El 20 de julio, la dirigencia sindical envió un escrito a la Fiscal, explicando la inexplicable y descabellada actitud antilaboral de Ricardo Guzmán, contraria en todos los sentidos a la posición institucional asumida por Ernestina Godoy en cuanto al respeto a los derechos de los trabajadores de todos los niveles, en su dependencia.
Lo que no tiene vuelta de hoja es que a mes y medio de haber llegado al cargo, esta versión de “Terminator”, ya metió en un conflicto laboral a la Fiscalía porque al decir del líder Fernando Mira Martínez, los abusos en contra de los trabajadores de su área son constantes.
En tanto la fiscal mete al orden a Guzmán Cruz, ya se preparan sendas denuncias en contra del funcionario, ante la Fiscalía de Servidores Públicos y en otras instancias jurídicas, por el atropello laboral a Armando Merino Mendoza, que ante los ojos de su jefe inmediato es un “viejo que ya no le sirve”.
Releo las disposiciones laborales del Covid y compruebo que en su redacción no se empleó ninguna letra muerta o lenguaje en desuso. Todo es claro y explícito.
Propongamos entonces a los trabajadores de la fiscalía hacer una colecta para comprar una lupa al autoritario fiscal o pagarle una visita al optometrista, para que lea a detalle el contenido de los ordenamientos. Quizá tenga graves problemas visuales o tal vez carezca de los elementales conocimientos jurídicos para desempeñar su cargo.
