La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, que busca quitar la facultad de los líderes de la burocracia para asignar el 50% de las plazas en las dependencias de gobierno, ha encendido las sirenas de alerta y pondrá en guardia a Joel Ayala Almeida; una vez que pase la emergencia sanitaria, el dirigente tendrá que buscar la forma de neutralizar la propuesta a sabiendas de que Morena y sus aliados son mayoría en el Congreso
El Diván de la Utopía
Por I. León Montesinos
Especial de Cananea TV
El misil que desde San Lázaro apunta amenazante al centro del poder corporativo de la FSTSE, ha encendido las sirenas de alerta en todos los sindicatos burocráticos que deberán desempolvar sus vetustas estructuras para tratar de frenar la iniciativa del diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, quien plantea dejar en manos de las dependencias la asignación de plazas de nueva creación, y fuera de toda injerencia a los dirigentes, al reformar el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 Constitucional.
La cuarentena del Covid-19, ha dado un respiro al líder burocrático, Joel Ayala Almeida, para estudiar en su cuarto de guerra la estrategia a seguir una vez que se levante la emergencia sanitaria y la tregua concluya.
Una tarea nada fácil si se toma en cuenta que en la correlación de fuerzas, pesos y contrapesos legislativos en San Lázaro, la antes poderosa central se encuentra en franca desventaja y sin su histórico aliado, el PRI, al que el ex senador dio la espalda el pasado año, tras anunciar el surgimiento de su propia organización política.
Esta inferioridad numérica ante Morena y sus aliados como el PT, le da a la FSTSE poca capacidad de maniobra y negociación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y basta leer a detalle la exposición de motivos de la iniciativa del michoacano Reginaldo Sandoval, para intuir que la carga ideológica del letal misil lleva como principal objetivo partir en dos el poder de las dirigencias sindicales de la burocracia nacional y, por supuesto, debilitar el cacicazgo omnímodo que por más de 20 años ha ejercido el cachanilla Ayala Almeida.
En el documento se señala: “En el régimen de hegemonía priísta y aun considerando los doce años de los gobiernos del PAN, esta Ley se convirtió en el bastión del corporativismo burocrático que se encargó de contender las justas demandas de los trabajadores al servicio del Estado para contar con mejores condiciones laborales”.
De acuerdo al planteamiento del coordinador del PT en San Lázaro, tras la expedición de la ley burocrática, en diciembre de 1963, se permitió la manipulación de las bases sindicales del apartado “B” a través dos mecanismos de control: la existencia de un solo sindicato por dependencia y el contenido del artículo 62 que disponía que tanto sindicatos como autoridades se repartieran al 50% las plazas de nueva creación.
Y si bien desde mayo de 1999 se rompió la hegemonía sindical en las dependencias al otorgar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un amparo al entonces naciente Sindicato de Controladores Aéreos para constituirse en un organismo gremial ajeno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la SCT –ante la falta de apoyo a los controladores del ya empoderado líder de FSTSE, Joel Ayala, –, dejando sin validez el contenido del artículo 68 del ordenamiento burocrático, el sistema de asignación de plazas establecido en el artículo 62 quedó intacto.
SE DERRUMBAN LAS VIEJAS ESTRUCTURAS
¿Por qué la propuesta del legislador petista ha sacudido los cimientos de la artrítica FSTSE, al grado de poner en riesgo su permanencia y la de muchos liderazgos que han acompañado a Ayala Almeida en las últimas dos décadas?
Veamos: la asignación de plazas permitió a muchos dirigentes tener un mecanismo de control para afianzar lealtades y en muchos casos –salvo honrosísimas excepciones–, allegarse recursos ilegales, y fortunas indebidas, con la venta de las mismas. Comerciar con los puestos de trabajo, y las comisiones sindicales, se volvió algo así como una corrupción “institucionalizada” y hasta permitida por las autoridades pues en contraparte, los funcionarios hacían lo propio con el 50 por ciento de las plazas en su porcentaje establecido por ley. Líderes y autoridades debían pactar el reparto de mutuo acuerdo, para darle validez al ahora cuestionado artículo 62.
A diferencia de los funcionarios, los líderes no estaban obligados a rendir su declaración patrimonial y muchos de ellos terminaron por amasar verdaderas fortunas al hacer de su encargo una puerta de entrada al contratismo, edificando conjuntos habitacionales para la burocracia, entre otros muchos negocios. La Unidad de Inteligencia Financiera (UFI), anunció que no descarta comenzar indagatorias de dirigentes que ni remotamente podrán explicar el origen de infinidad de propiedades y sus pingües cuentas bancarias, algunas radicadas incluso en el extranjero.
La feroz disputa por los puestos sindicales radicó por muchas décadas en la regla no escrita pero aceptada de que un liderazgo era el medio más efectivo para mejorar la situación económica de quienes llegaban a las dirigencias y, en su momento, les abría la posibilidad de arribar a cargos de elección por la cómoda vía plurinominal, gracias a las cuotas de poder que el PRI asignaba a sus diversos sectores, cuando vivió sus días de gloria y esplendor. Los líderes incondicionales al antes partido en el poder también recibían impunidad legislativa para no ser molestados por la justicia.
La Reforma Laboral aprobada en mayo del 2019 vino a cambiar parte de estos mecanismos, al obligar a los nuevos liderazgos a legitimarse a través del voto libre, directo y secreto de sus agremiados, y a una rendición de cuentas mediante nuevos y más eficaces mecanismos de transparencia. Quitarles el sustento legal donde ha radicado buena parte de su control y poder a los líderes burocráticos como lo es el manejo del 50% por ciento de las plazas de nueva creación, es dejarlos en un franco desamparo y quiebra política, donde el manejo de las cuotas pasa a un segundo plano. Si acaso podría equilibrar tal pérdida el manejo discrecional de los bienes sindicales, pero la transparencia terminará por atarles las manos.
La intención de la iniciativa de los diputados del Partido del Trabajo no tiene vuelta de hoja: busca pulverizar a un corporativismo que sirvió en su momento al PRI como al PAN, para ahora tener bajo control a los burócratas, y trasladar buena parte de ese clientelismo político al naciente poder de Morena y sus aliados como el PT, pues aunque la iniciativa en cuestión sigue reconociendo que los sindicatos mayoritarios tendrán la titularidad para negociar con las autoridades las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), el que haya más sindicatos al interior de las dependencias “propiciará que el sindicato que tenga la titularidad de las CGT, vea siempre por la defensa de sus agremiados, ya que de no hacerlo podría perder la confianza y representación de la base trabajadora”, advierte la propuesta.
Nuevas organizaciones sindicales han surgido en diversas dependencias, y algunas fueron presentadas a los medios por las bancadas de la nueva mayoría legislativa en el ritual de renovados padrinazgos políticos, por lo que el misil cargado en la bancada del PT y estacionado en comisiones, difícilmente tendrá reversa.
Dejar a los titulares de las dependencias el otorgamiento absoluto de las plazas de nueva creación, les dará un inmenso poder, transfiriendo las antiguas lealtades de los líderes a los políticos del partido en el gobierno, que de esta manera influirán directamente en la decisión de los trabajadores para elegir la organización que ellos les indiquen. El derrumbe de los actuales sindicatos, de aprobarse esta iniciativa, será inevitable, comenzando el parto de un nuevo corporativismo con dirigentes afines a Morena.
LA REUNIÓN PRIVADA DE JOEL Y REGINALDO
No puede pasarse por alto un hecho que podría explicar la crisis que se avecina, pues el comandante en jefe del ataque que se prepara contra la FSTSE, estuvo reunido con su contraparte el 14 de enero pasado, cuando en lo que se consideró una visita de cortesía, el diputado Reginaldo Sandoval Flores se apersonó en las oficinas de Joel Ayala, acompañando a integrantes de una de las corrientes que buscan la presidencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX). Organización cuyo Directorio Provisional encabeza precisamente el ex legislador del PRI.
Nos comentan que el coordinador del PT y el líder de la FSTSE pidieron un espacio para charlar en privado por alrededor de 30 minutos. ¿Qué sucedió en el inesperado cónclave? De acuerdo a algunos de los presentes, tras salir del encuentro, Reginaldo externó haber expuesto a Ayala Almeida los puntos de la agenda laboral de su partido, en San Lázaro. Y el dirigente de la burocracia se comprometió a considerar los derechos de los jubilados en las reforma estatutarias del Único.
Pero… ¿Se abordó también la iniciativa para derogar el artículo 62 de la Ley Burocrática?
En este delicado asunto, solo hay de dos aguas: O el legislador michoacano se guardó su carta mayor para no descubrir su juego ante el principal destinatario del misil en proceso, o Joel Ayala minimizó la figura política del visitante y el riesgo que estaba por venir. Conociendo la experiencia política y el colmillo mega retorcido de Joel Ayala, resulta inverosímil creer que platicó con Sandoval Flores del estado del tiempo o de la receta de los uchepos y corundas.
PROTESTA DEL SINDICATO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Apenas un día después de presentada la iniciativa del economista michoacano, la primera reacción en contra surgió de parte del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados; el jueves 19 de marzo y azuzados por su líder, Jesús Salvador Aguilar Aguilar, una centena de sus miembros irrumpieron en el salón de sesiones, exigiendo respeto a su organización y a la “Libertad y Autonomía” sindicales.
Antes, otra de las propuestas alentadas por Reginaldo Sandoval para otorgar su estabilidad laboral, mejores salarios y prestaciones a 462 trabajadores de limpieza, algunos con 20 años laborando bajo el esquema de outsourcing, produjo otro encontronazo entre la dirigencia sindical y los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, la panista Laura Rojas y el morenista, Mario Delgado.
Versiones en los medios difundieron que el sindicato de Aguilar Aguilar pedía hacer extensivo el beneficio de basificación a los empleados contratados como operativos bajo el esquema de trabajadores de confianza pero que desempeñaban funciones ajenas a tales nombramientos. Incluso, circuló la versión que varios afanadores y afanadoras con derechos, fueron excluidos de una plaza laboral para dar cabida a gente cercana al grupo parlamentario del PT.
Otras versiones ubicaron el desacuerdo del Sindicato de la Cámara, en el sentido de que precisamente invocando el artículo 62 de la Ley Burocrática, los líderes peleaban que los nuevos basificados pasaran a formar parte de su organización y que el 50% de los nuevos puestos fueron designados por el actual comité de Jesús Salvador Aguilar.
Al obtener su plaza, los empleados de limpieza de San Lázaro, se convirtieron en un apetitoso botín sindical al grado de que el ex senador y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, buscó también atraerlos a sus filas.
Al día siguiente de la protesta en el Salón de Sesiones en contra de la iniciativa del PT, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), emitió un comunicado externando su inconformidad por la “forma sorpresiva” en que se pretendía reformar la Ley Burocrática para “violentar el derecho de las Organizaciones Sindicales en materia escalafonaria y de plazas de última categoría”.
El documento signado por Marco Antonio García Ayala, dirigente de esa organización y sobrino de Joel Ayala, estableció: “la FSTSE y el SNTSA estaremos en protesta permanente para impedir en base a razonamientos jurídicos y de alcance laboral que se transgredan los derechos y prestaciones colectivas de nuestros agremiados”.
SIN BANDERAS BLANCAS
Una vez que pase la emergencia sanitaria y los pendientes legislativos deban desahogarse en un periodo extraordinario, Joel Ayala y su círculo cercano deberán poner en marcha su estrategia de defensa para evitar que el misil apuntado a sus dirigencias impacte en su objetivo.
¿Será que el país verá algo inédito y las bases de la burocracia nacional saldrán a marchar y protestar por las calles del país, intentando frenar la iniciativa de Reginaldo Sandoval?
¿Tendrá esa capacidad de convocatoria y movilización la enmohecida FSTSE de Joel Ayala? ¿Saldrán de su zona de confort y bajarán de su nube muchos funcionarios sindicales de la central burocrática, acostumbrados a no ensuciarse los zapatos?
Y a todo esto: ¿Qué dirán los miles y miles de sindicalizados que, en muchos de los casos, solo conocen a sus dirigentes seccionales pero no así a sus líderes nacionales? ¿Estarán dispuestos a protestar por convicción y en libertad, o lo harán para cumplir con el pase de lista, como sucedía antaño en los desfiles del Primero de Mayo?
Habrá que preguntar al coordinador del PT si tras la emergencia sanitaria por el Covid-19, da marcha atrás a su propuesta o decide ir con todo para apretar el botón y lanzar el misil contra el corporativismo charril que tanto ha criticado en los medios.
Por el momento, y en medio de la tregua, aún no ondea en el horizonte ninguna bandera blanca, pero comienzan a escucharse los tambores de guerra.
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