Se les hará justicia a miles de jubiladas y jubilados
El Vicecoordinador de Morena, en San Lázaro explicó que este resultado deriva del diálogo sostenido con organizaciones de personas jubiladas y pensionadas, luego de una serie de reuniones realizadas entre el 29 de mayo y el 8 de junio, en las que participaron representantes de entidades como Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro, así como otros organismos públicos, además de diputadas y diputados federales.
Por Angy Torres
Especial de Cananea TV
Tras los debates generados respecto al monto máximo de las pensiones en México, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que la interpretación emitida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sobre la aplicación del artículo 127 de la Constitución representa un avance para otorgar certeza jurídica a miles de personas jubiladas y pensionadas de instituciones públicas. No obstante, planteó la necesidad de que ese criterio quede establecido en la ley para evitar ambigüedades.
El legislador explicó que este resultado deriva del diálogo sostenido con organizaciones de personas jubiladas y pensionadas, luego de una serie de reuniones realizadas entre el 29 de mayo y el 8 de junio, en las que participaron representantes de instituciones como Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro, así como otros organismos públicos, además de diputadas y diputados federales.
Durante esos encuentros, indicó, se revisaron las preocupaciones surgidas tras la entrada en vigor de la reforma constitucional y se definió una vía institucional para dar atención mediante el intercambio de propuestas y la búsqueda de soluciones jurídicas.
Como parte de ese proceso, se envió un oficio a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con los planteamientos formulados por las organizaciones de jubilados y pensionados, con el objetivo de solicitar una interpretación que diera claridad sobre la aplicación de la reforma.
Ramírez Cuéllar expuso que la respuesta de la Consejería Jurídica reconoce la importancia de aplicar un criterio uniforme que mantenga la congruencia entre las remuneraciones percibidas durante la vida laboral y las pensiones derivadas de ellas.
El diputado mencionó que la Consejería Jurídica identificó una contradicción entre las fracciones II y IV del artículo 127 constitucional, ya que una establece como referencia la remuneración íntegra de la persona titular del Ejecutivo Federal y la otra el 50 por ciento de esa percepción.
Por ello, aseguró que debe prevalecer una interpretación que preserve la continuidad entre el salario en activo y la pensión correspondiente, tomando como base la totalidad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal.
El diputado sostuvo que esta respuesta brinda tranquilidad a miles de personas jubiladas y pensionadas, además añadió que, con este criterio, en dependencias como Pemex se logró resolver aproximadamente el 98 por ciento de las afectaciones.
Aun así, señaló que será necesario revisar los casos que continúan afectados o que rebasan el monto establecido, aunque estimó que, tras los ajustes realizados, estos no deberían representar más del 3 por ciento.
Ramírez Cuéllar destacó que este proceso también abre la posibilidad de fortalecer el marco jurídico para que las jubilaciones y pensiones se actualicen de manera anual conforme a la inflación, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de quienes concluyeron su vida laboral. En ese contexto, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en 2024 que sus percepciones permanecerán congeladas como parte de la política de austeridad.
El legislador añadió que, desde el inicio de la implementación de la reforma, la presidenta manifestó la disposición del Gobierno de México para revisar su aplicación y atender las inquietudes de las personas jubiladas y pensionadas. Consideró que la respuesta emitida por la Consejería Jurídica refleja ese compromiso y adelantó que el Congreso buscará incorporar este criterio en la legislación para otorgar mayor certeza jurídica.
