Comuneros Tlahuicas del Estado de México piden a Andrés Manuel López Obrador, la intervención de la Guardia Nacional y autoridades para frenar la tala clandestina que está devastando el Parque Nacional ubicado en las Lagunas de Zempoala
Por Griselda Lozada
Enviada Especial de Cananea TV
En tres años, una veintena de talamontes protegidos por la delincuencia organizada ha acabado con un tercio de bosque de las 18 mil 854 hectáreas que tiene la comunidad indígena Tlahuica de San Juan Atzingo en Ocuilan, Estado de México.
Cinco mil hectáreas de Reserva Ecológica que han sido devastadas por grupos de taladores clandestinos que operan en 16 puntos en los poblados de Santa Lucia, Santa Martha, Loma de Teocalzingo, La Esperanza, Escalerillas, San José El Toto, Tlaltizapán, Mejicapa, Cascada del Obraje y San Antonio; y que además tienen secuestrado al municipio de Ocuilan e imposibilitado al mismo alcalde, Félix Alberto Linares para actuar, quien el pasado 3 de julio, mientras viajaba a bordo de una camioneta en el kilómetro 16 de la carretera Santa Martha-Cuernavaca rumbo a las Lagunas de Zempoala recibió un impacto de bala, resultando ileso.
CENTROS DE OPERACIÓN
Desde las primeras horas del día y hasta el anochecer, el grupo de talamontes con rifles en mano y acompañados de perros se dedican a cargar entre San Martha y las Lagunas de Zempoala camiones Torton y camionetas de 3.5 toneladas con árboles de la especie oyamel y pino que llevan a madererías de Toluca, Ecatepec, Michoacán y Ciudad de México, sin que hasta el momento ninguna autoridad estatal o federal se atreva a tomar cartas en el asunto, convirtiéndose en cómplices de quienes operan en la zona desde hace 30 años.
“Los taladores suben y bajan por las principales carreteras que van de las localidades de Santa Lucía, Santa Martha, Ocuilan en el Estado de México a Huitzilac, Morelos. Están bien organizados. En las carreteras tienen quien les avise con radios desde carros particulares hasta taxis y halcones”, revela un documento enviado al presidente López Obrador por parte del Consejo de Vigilancia del pueblo Tlahuica, quienes cansados de tanto abuso piden al gobierno de la 4T instalar en la zona una base mixta de la Guardia Nacional.
Margarito Neri Carlos, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del pueblo Tlahuica de San Juan Atzingo, detalló que en los últimos tres años el problema de la tala clandestina se agudizo, luego de que las autoridades del Estado de México permitieron a pobladores de Ocuilan afectados por el terremoto del 19 de septiembre del 2017 ir a talar árboles para la reconstrucción de sus viviendas.
Sin embargo, esta medida que sirvió para atender una emergencia en la demarcación fue el pretexto para que los grupos de talamontes se volvieran más ambiciosos y sanguinarios, al grado de detener a cuanto turista o peregrino circula por la carretera que conecta a Ocuilan con Cuernavaca.
“Estos grupos de talamontes están acabando con nuestro bosque, que es una fábrica de agua y benéfica a los estados de México, Morelos y Ciudad de México; y al pueblo de San Juan Atzingo lo están dejando sin el vital líquido”, informó Margarito Neri.
“NARDA” DESNUDÓ A TALAMONTES
La tala clandestina ya provocó que el pasado 28 y 29 de septiembre con el paso de la tormenta tropical Narda más de 4 kilómetros de bosque del Parque Nacional Lagunas de Zempoala se desgajaran, ocasionando el cierre total de esta área natural protegida, declarada patrimonio de México por el general Lázaro Cárdenas del Río en 1936. Actualmente administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Pruebas del ecocidio
“El destrozo va desde el cerro las Pastoras al cerro del Arco. Hemos reportado a todas las dependencias gubernamentales de los estados de México y Morelos esta devastación provocada por este fenómeno natural que afectó gran parte del país y de esta reserva ecológica, pero hasta el momento ninguna autoridad ha venido a ver el daño”, resaltó el dirigente Tlahuica.
Aseguró que debido al reblandecimiento de tierra provocado por la tala clandestina, el Parque de las Lagunas de Zempoala está en riesgo junto con toda su biodiversidad. “Aquí hay venados, jabalíes, ardillas, serpientes, zorrillos, ajolotes y el teporingo, éste último en peligro de extinción, pero tal parece que eso no importa a las autoridades”.
A casi dos meses de distancia de la tormenta tropical, el acceso al parque continúa cerrado, mientras tanto los talamontes siguen operando y provocando daños ecológicos alrededor que les deja ganancias de hasta 3 millones de pesos semanales.
Grave devastación
“En promedio talan 400 árboles diarios y reciben entre 100 y 150 mil pesos por cada camión. Por cuatro camiones se llevan 400 mil pesos diarios. A cada chalán le pagan 500 pesos, la mayoría son del Estado de México y Michoacán”, dice Margarito Neri.
“PASE A LA VENTANILLA SIGUIENTE…”
En los últimos dos años, los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena Tlahuica de San Juan Atzingo han ingresado diversos oficios a dependencias del gobierno estatal y federal, sin que hasta ahora ninguna autoridad se comprometa hacer un operativo permanente en la zona contra la tala clandestina para exterminar por completo a esta veintena de talamontes.
“Ya se mandaron escritos con toda la información detallada a los gobernadores del Estado de México y Morelos, a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a la Protectora de Bosques (PROBOSQUE), a la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Policía Federal, a SEMARNAT, a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la Fiscalía General del Estado de México; a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero; al secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo Montaño; así como a los diputados federales, Mario Delgado Carrillo, Martí Batres Guadarrama, Porfirio Muñoz Ledo, Gonzalo Fernández Noroña, David Orihuela Nava y Maximino Alejandro Candelaria; al diputado local, Margarito González Morales y al senador Ricardo Monreal; además de tres cartas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin que nadie nos dé respuesta”, puntualizó uno de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Atzingo, al tiempo que al equipo de Cananea TV le mostraba la pila de documentos enviados tanto al gobierno del ex mandatario Enrique Peña Nieto como a la actual administración de la 4T.
RESPUESTAS HUECAS
En uno de los documentos enviados a Edgar Conzuelo Contreras, director general de PROBOSQUE, éste les informa, que se encuentra imposibilitado para atender su denuncia, luego de que el pasado 15 de septiembre del 2017 feneció el Convenio Específico para la Asunción de Funciones en Materia de Inspección y Vigilancia Forestal, mediante la atribución delegada por SEMARNAT, a través de PROFEPA.
En tanto, SEMARNAT, a través de otro documento con fecha 14 de octubre del 2019, les señala que derivado de un operativo en la zona , el 12 de septiembre se realizó la Clausura Total Temporal de 3 aserraderos, así como el aseguramiento de 16,137 m3 de madera en rollo y 14,209 m3 de madera aserrada de pino, oyamel y cedro; 4 carros de empujón, 20 cierras cinta, 8 motores eléctricos, 3 ganchos troceros, 1 sierra circular, 1 hacha y 1 motosierra; pero sin informarles cuántas personas hubo detenidas.
En torno a la solicitud de la Guardia Nacional para establecer una base permanente y realizar rondines con la finalidad de evitar la tala clandestina en Ocuilan, a través de otro oficio, con fecha de 24 de octubre, la SEDENA respondió:
“…a la fecha no existe aún personal suficiente de la Guardia Nacional para destacamento en el Distrito que alude, por lo que personal militar jurisdiccionado a esta Zona Militar, seguirá proporcionando apoyo por cuanto hace recorridos en forma aleatoria para inhibir las actividades de la delincuencia organizada, sin establecerse permanentemente en citado municipio”.
En ese mismo documento, la dependencia federal les detalla que en lo referente a la tala clandestina su oficio sería remitido a la Fiscalía General de la República con sede en Toluca.
“Tal parece que hay una red de corrupción y complicidad entre este grupo de talamontes y las autoridades del estado de México porque simplemente no quieren entrarle a detener a este sujetos; y cuando lo hacen, al día siguiente ya están libres con 5 mil ó 10 pesos. Por lo que exigimos al gobierno de López Obrador vea hacia nuestras comunidades indígenas”, precisó Margarito Neri, al punto que señaló que su denuncia se hace por acuerdo de asamblea de los 648 comuneros.
Los Tlahuicas tienen como costumbre y tradición sofocar incendios forestales, reforestar y monitorear el bosque, por lo que se han dado a la tarea de denunciar a estos grupos de talamontes que están acabando con uno de los pulmones más importantes del país, pese a que en el Estado de México se castiga con 20 años de prisión, sin derecho a fianza, a quien se localice talando en áreas naturales protegidas o parques nacionales.
Por lo que entonces nos preguntamos, porque hasta el momento esta red de talamontes sigue ampliando su mercado y apoderándose de los bosques.
HUACHICOLEO DEL AGUA
Aunado a la tala clandestina, la comunidad indígena de San Juan Atzingo debe enfrentar el huachicoleo del agua por parte de la Asociación de Usuarios “Las Trancas”, quienes el 13 de septiembre de 1962 firmaron con el ayuntamiento de Ocuilan, encabezado por Gilberto de la Serna Varón, un convenio de compensación de daños a favor del municipio, donde los fraccionadores se comprometen a pagar 200 mil pesos por tubería de asbesto para la construcción del sistema de agua potable de diferentes poblados del municipio, a cambio de que el ayuntamiento no les moleste en el uso y disfrute de dichas aguas.
Esto, luego de que la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos otorgara a esta Asociación un permiso para extraer agua del arroyo que alimenta a la Laguna de Zempoala para llevársela a fraccionamientos exclusivos del estado de Morelos.
Desde entonces y hasta la fecha Las Trancas dota del vital líquido a 14 fraccionamientos, principalmente del Residencial Montecassino, ubicado en Huitzilac, Morelos, en donde habitan artistas, empresarios y políticos.
Recientemente la CONAGUA otorgó hasta el 2025 a esta Asociación Civil el permiso para seguir explotando 315 mil 360.00 metros cúbicos anuales de agua de la Reserva Ecológica.
Por lo que el pueblo originario Tlahuica, reconocido por el colegio de San Pedro y San Pablo de la Sagrada Cofradía de Jesús en 1712 que existió en Malinalco, exigen al gobierno federal un título de Concesión que les permita a las comunidades indígenas Tlahuicas hacer uso de las aguas.
“Llevan muchos años extrayendo nuestros mantos acuíferos. Estas personas no son mexicanas. Ellas dicen que toman el agua de las Trancas pero en realidad es de Dos Ríos. Por lo que le pedimos al gobierno de López Obrador nos otorgue al pueblo Tlahuica un título de concesión, pues no es justo que mejor a una particular de nacionalidad española se le otorgue nuestras aguas nacionales”, subrayó Margarito Neri.
Tras el paso de la tormenta tropical Narda que afectó parte del bosque del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, la toma de agua que utiliza esta A.C para llevar el vital líquido de la reserva a los fraccionamientos se reventó, por lo que el pueblo originario exige a CONAGUA cancele el título de concesión que tiene con Cristina María Duncan Wecman, titular de la Asociación Las Trancas, quien en repetidas ocasiones se ha negado a brindar ayuda a la comunidad Tlahuica, sobretodo, cuando se presenta algún incendio al interior de la Reserva Ecológica.
El líder Tlahuica, recordó que ningún particular tiene derecho a explotar los recursos naturales de las comunidades indígenas sin tener el consenso de estas. Ya que de acuerdo a la Constitución son las comunidades las que tienen el uso preferente del recurso natural, además de que el Presidente López Obrador en repetidas ocasiones ha refrendado su apoyo y respaldo a los pueblos originarios de México.
EL DESPOJO DEL TRIBUNAL AGRARIO
Pero, las agresiones y despojo contra los Tlahuicas no terminan ahí. Otro de los personajes como la magistrada del Tribunal Unitario Agrario número 9 con sede en Toluca, Araceli Cubillas Melgarejo busca despojar a estos pueblos indígenas de sus tierras para beneficiar a Saúl Peñaloza, quien se ostenta desde hace 35 como representante de la Comunidad.
“Él únicamente es representante. No es Presidente del Comisariado, no es comunero. Es un usurpador de Bienes Comunales de Ocuilan, dedicado a fraccionar y vender terrenos; busca recuperar sus memorias de lindero, que abarca a 14 núcleos agrarios, sin embargo, el 20 de julio del 2007, el mismo Tribunal Unitario Agrario nos cedió las 18 mil 854 hectáreas, que hoy están siendo devastadas por los talamontes y que Cubillas Melgarejo busca arrebatarnos”, aclaró Margarito Neri.
Por su parte, la representante legal del Comisariado de los Bienes Comunales del Pueblo Originario Tlahuica, explicó a Cananea TV, que el Tribunal Unitario Agrario se niega a respetar los dictámenes del Cuerpo Consultivo Agrario, documento que avalan y reconocen la paleografía que declara la autenticidad y el dictamen jurídico para el reconocimiento de tierras a estas comunidades indígenas, y donde la Secretaría de la Reforma Agraria antes de crear los Tribunales Agrarios les reconoce sus tierra a San Juan Atzingo. “Esta magistrada quiere aplicar un título primordial, que eran juicios eternos donde los indígenas peleaban con los hacendados o con el Colegio de San Pedro y San Pablo que nunca concluían; y con esos documentos históricos pretende despojar a los pueblos originarios de sus tierras y desconocerlos”.
Por último, Margarito Neri Carlos, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del pueblo Tlahuica de San Juan Atzingo llamó al Presidente de la República y a la Secretaría del Bienestar incorporarlos al programa de Sembrando Vida, a fin de impulsar la vida laboral en la región para que los jóvenes no caigan en las garras de los talamontes.
“La mayoría de la comunidad indígena de San Juan Atzingo nos dedicamos al campo, a la siembra de chícharo, frijol, haba, zanahoria. Al forraje, a la floricultura y a la venta de comida. Por lo que pedimos al gobierno de la República no se olvide los Tlahuicas, quien creímos en él y confiamos en que va a recuperar nuestra tierra y a exterminar a estos grupos organizados, disfrazados de talamontes, que están acabando con nuestras fuentes de agua y pulmones de todos los mexicanos”, concluyó.
