Alessandra Rojo, más show que transparencia; graves omisiones en su Órgano de Control Interno
Legisladoras de Morena, acompañadas por su vocero en el Congreso Local, Paulo García, y la dirigente de su partido en la CDMX, presentaron una denuncia administrativa ante la Contraloría capitalina, por presuntas licitaciones irregulares que habrían beneficiado a un grupo empresarial con más de 97 millones de pesos en la demarcación de Cuauhtémoc, gobernada por la alcaldesa priísta, Alessandra Rojo de la Vega
Por Staff de Cananea TV
Las diputadas de La Transformación Leonor Gómez Otegui, Iliana Sánchez Chávez y Diana Sánchez Barrios, presentaron una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Contraloría General en contra de servidores públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc y su Órgano Interno de Control por presuntas omisiones graves en materia de adquisiciones públicas.
Las legisladoras fueron acompañadas por Alicia Barrientos, Secretaria General de Morena en la Ciudad de México, y el Diputado por Coyoacán Paulo García, vocero de la fracción de Morena en el Congreso capitalino.
De acuerdo con la denuncia, la administración encabezada por Alessandra Rojo de la Vega habría asignado aproximadamente 97 millones de pesos a empresas vinculadas al Grupo Meor mediante procedimientos que simulan competencia en licitaciones públicas, generando un entorno de posible colusión, falta de competencia real y simulación de procedimientos.
La diputada Leonor Gómez Otegui fue contundente al señalar: “Hay que llamar a las cosas por su nombre, sin rodeos: esto es un esquema de corrupción. Esta es una Estafa Maestra en la alcaldía para desaparecer dinero público”.
La denuncia se fundamenta en información periodística publicada por el diario La Razón el 26 de enero de 2026, donde se documenta que empresas como Carbonusa, S.A. de C.V., Desarrollo Urbano y Suministros Tecnova, S.A. de C.V., y Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V., que comparten apoderados legales y vínculos corporativos, fueron invitadas a participar en los mismos procedimientos de licitación, contraviniendo lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios.
Por su parte, la legisladora y líder del comercio en vía pública, Diana Sánchez Barrios enfatizó: “Este es dinero de la gente. Queremos transparencia. Vamos a dejar claro que se debe demostrar qué pasó con ese dinero”.
En el mismo sentido, la diputada Iliana Sánchez Chávez declaró: “La Cuauhtémoc es quien ha sufrido por la opacidad. No vamos a permitir esto. Desde el Congreso vamos a defender a los vecinos de la Cuauhtémoc”.
Entre los casos señalados destaca la invitación restringida AC/033/2025 del 4 de abril de 2025 para adquisición de cemento y materiales de construcción, donde las tres empresas fueron convocadas a competir entre sí. Alianza Comercialización y Construcciones resultó ganadora con un contrato de 4 millones 797 mil pesos, a pesar de que su administrador único, Gerardo Castañeda Zuluaga, también es apoderado legal de otra de las empresas participantes.
Alicia Barrientos, Secretaria General del partido capitalino, señaló: “Las y los vecinos demandan investigaciones claras. El artículo 51 de la Ley de Obras Públicas señala que no pueden existir contratos donde se compartan representantes legales. Celebro y felicito a las diputadas de la Cuauhtémoc que buscan transparencia”.
Por su parte, el diputado Paulo García, vocero del grupo de Morena en el Congreso Local, expresó con firmeza: “No queremos pruebas antidoping, queremos pruebas anti-moche”.
La denuncia también destaca la presunta omisión del Órgano Interno de Control de la Alcaldía Cuauhtémoc, el cual, según la normativa vigente, tiene la obligación de intervenir, suspender procedimientos y dar vista a la Contraloría General cuando se detecten irregularidades, facultad que aparentemente no ejerció.
Las legisladoras locales solicitaron a la Contraloría General ordenar la apertura de una investigación administrativa, requerir la totalidad de los expedientes de contratación, investigar la posible simulación de competencia y determinar las responsabilidades administrativas correspondientes, incluyendo la posible suspensión, nulidad o reposición de los procedimientos irregulares.
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