Sindicalizados Nayaritas en el Éxodo por la Justicia y la Dignidad de los Trabajadores
En municipios como Tuxpan, la falta de recursos es tal que los trabajadores sindicalizados no recibieron ninguna prestación de ley, como tampoco su aguinaldo y hasta la segunda quincena de diciembre, lo que motivo el Éxodo por Justicia y la Dignidad de los Trabajadores, hacia Tepic; el líder del SUTSEM, Oscar Flavio Cedano, denuncia que además de que el gobernador ha criminalizado la protesta social, se ha negado a otorgar aumentos salariales a sus trabajadores desde el 2013, pero en contrasentido, mantiene vivas 200 averiguaciones contra empleados que han protestado por la defensa de sus derechos laborales y los salarios para llevar el pan a sus familias
Especial de Cananea TV
La recaudación histórica de 3 mil 168 millones de pesos, presumida por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, no incluye en sus beneficios sociales a miles de burócratas que desde el inicio de su gobierno no han recibido un solo incremento salarial a que por ley tienen derecho, sin contar que la brutal austeridad contra la clase trabajadora y muchos municipios de ese Estado, como es el caso de la alcaldía de Tuxpan, ha llegado al extremo de que el pasado mes de diciembre, los empleados públicos de base no solo se quedaron sin aguinaldo y ninguna prestación, además, sin su segunda quincena de diciembre y la mayoría, sin su salario en lo que va de enero.
En tanto el gobernador se toma la foto con la Presidenta Sheinbaum, presumiendo los aparentes logros sociales de su gobierno, en los hechos, la burocracia sindicalizada debe enfrentar una brutal represión como ha señalado Oscar Flavio Cedano Saucedo, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), pues el mandatario ha terminado por criminalizar la protesta social manteniendo abiertas en la Fiscalía del Estado, 200 carpetas de investigación contra trabajadores, por el solo hecho de manifestarse exigiendo el respeto a sus derechos laborales y al salario para llevar el sustento a sus familias.
Este sábado 24, antes de iniciar el llamado “Éxodo por la Justicia y la Dignidad de los Trabajadores”, en la plaza del municipio de Tuxpan, el dirigente señaló que la ausencia total en el pago de salarios y prestaciones a sus compañeros que laboran en esta alcaldía, fue la gota que derramó el vaso porque mientras el gobierno del Estado se vanagloria de su recaudación histórica que equivale a tener ingresos por unos ocho millones de pesos al día, se niega a asignar recursos para un rescate financiero a muchos ayuntamientos que se dicen en quiebra, dejando a los empleados públicos sin aguinaldo, primas, fondo de ahorro y otras muchas prestaciones de ley.
Cedano Saucedo lamentó que un gobierno de Morena criminalice la protesta social al grado de que la clase trabajadora tiene miedo de ser encarcelada por levantar la voz en la defensa de sus derechos laborales. En un comunicado emitido a los medios, el SUTSEM manifestó su temor porque las autoridades del Estado les impusieran sanciones penales alegando supuestos “ataques a las vías de comunicación”, al realizar su marcha por la carretera internacional.
“Caminar de Tuxpan a Tepic no es una amenaza; es la evidencia del fracaso institucional cuando se ignoran los derechos de quienes sostienen el funcionamiento del Estado”, afirmó Cedano Saucedo.
El éxodo ocurre en el marco de un conflicto laboral que se mantiene desde la llega al poder de Navarro Quintero, con más de cuatro años de violaciones a los derechos laborales y humanos, corrupción e impunidad, y que se agudizó en agosto de 2025, cuando el SUTSEM instaló un plantón permanente para exigir el cumplimiento de resoluciones judiciales, la entrega de la Toma de Nota 2024–2027, el respeto al Convenio Colectivo Laboral y el pago de incrementos salariales pendientes desde 2013.
En respuesta, el Gobierno estatal, por medio de la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, ha implementado medidas consideradas punitivas y desproporcionadas, entre ellas la integración de más de 200 carpetas de investigación, el desalojo violento del plantón con la participación de más de 150 elementos armados y encapuchados, así como la imposición de medidas cautelares como la suspensión parcial del salario, la obligación de firma periódica, el pago de fianza y restricciones para salir del estado. El SUTSEM califica estas acciones como castigo político y violaciones a derechos humanos, constitucionales e internacionales.
Pero como manifestó Cedano Saucedo, contra viento y marea su lucha sigue y esperan llegar este lunes 26 hasta las oficinas de la Fiscalía del Estado para demandar el cese a la represión y el respeto a sus derechos laborales, establecidos como uno de los pilares de la justicia laboral del Segundo Piso de la 4T, y reafirmados por la Presidenta, Claudia Sheinbaum.
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