Siguen corruptelas y abusos en el Cereso de la capital de Hidalgo
Desde 2019, Roberto Yáñes Anta y sus familiares, tiene la concesión del único comercio autorizado al interior del centro penitenciario, dándose el lujo de imponer los precios a precios descomunales y actuando con absoluta impunidad en la venta de celulares que, por ley, están prohibidos en los Ceresos; ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo pidió en el sexenio pasado, corregir los abusos pero estos continúan al igual que la presunción de venta drogas
Por Staff de Cananea TV
Si los inspectores de la PROFECO en Hidalgo y los funcionarios del Gobierno del Estado hacen una visitada inesperada a la tienda instalada en el Penal de Pachuca, con toda seguridad se llevarán la sorpresa de que los internos del centro penitenciario pagan en un sobrecosto de hasta un 300 por ciento las mercancías que ahí se expenden de manera exclusiva por parte de Roberto Yáñez Anta, dueño del negocio.
El asunto de la corrupción e impunidad con que se maneja este personaje apoyado por sus hermanas, Deya, Norma y Angélica, es ya escandaloso y ha creado un malestar generalizado entre la población de dicho Cereso porque además, los kilos lejos de darse “copetadas” son de 750 gramos. Y cuando algún inconforme comprador regresa a reclamar, le dicen que ya le quito gramaje al producto, exponiéndose a ser vetado para ventas futuras.
Por ejemplo, narran familiares, un refresco de dos litros que en una tienda normal cuesta unos 30 pesos, el penal de Pachuca se eleva hasta 80 pesos. Y lo más graves que reos de alta peligrosidad pueden adquirir en el negocio de Yánes, equipos celulares, cargadores y todo tipo de aditamentos extras, por lo que pueden seguir realizando labores de extorsión gracias al proveedor interno que viola todos los protocolos de seguridad de los penales en México, pues a diferencia de otros reclusorios donde son familiares y custodios corruptos los que introducen estos aparatos, en el Cereso pachuqueño, peligrosos delincuentes los pueden adquirir como si se tratara de papas fritas o chocolates.
El negocio lleva ya varios años de jugosa bonanza para su propietario y fue autorizado desde el 2019 para la entonces Directora de Seguridad Pública en Hidalgo, Laura Talamantes García, quien se dio el lujo de instalar cámaras para revisar que los familiares no introdujeran alimentos o productos de consumo a los reos, con el fin de obligarlos a comprar en el costoso establecimiento.
Tales abusos fueron expuestos en la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo y el entonces ombudsman, Alejandro Habid Nicolás reconoció el sobreprecio en los productos, solicitando a las autoridades estatales investigar y poner orden, pero nada ocurrió.
Las familias de los internos, piden al gobernador Julio Menchaca y a sus nuevos funcionarios, realizar una investigación sobre el propietario de la tienda del penal porque además de introducir celulares, se denunció hace años que su chofer fue descubierto en la aduana del penal introduciendo drogas, pero a pesar de haber sido arrestado fue puesto en libertad gracias a la intervención de la entonces influyente, Talamantes García.
Así también, señalan que les es imposible apoyar a sus familiares presos porque con esos precios no hay dinero que alcance lo que redunda en una mala alimentación de los mismos pues es inconcebible que los precios se eleven hasta un 300 por ciento por encima de los habituales en los supermercados y tiendas de conveniencia, normales.
“Pedimos al Secretario de Seguridad y al Gobernador, y hasta a los inspectores de la PROFECO, que se den una vuelta por esta tienda para que vean que no mentimos. Y no puede ser que esta persona se siga enriqueciendo con la necesidad de nuestros familiares”, denuncian.
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