Privatización y retrocesos laborales amenazan al IPN
Una iniciativa aprobada por legisladores locales del Movimiento de Regeneración Nacional en Hidalgo, busca crear una nueva Ley Orgánica del IPN que pretende transformar a la institución en una entidad descentralizada por lo que sus trabajadores pasarían al apartado “A” y perderían sus derechos adquiridos; la propuesta abre además las puertas a la privatización con el pago de cuotas, por lo que estudiantes pobres ya no podrían concluir sus carreras. La Sección 60 del SNTE está llamando a la comunidad politécnica a cerrar filas
Por Staff de Cananea TV
A través de su dirigencia de la Sección 60, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encendió las sirenas de alerta por la pretensión de diputados hidalguenses de Morena de impulsar una nueva Ley Orgánica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que derogue la publicada el 29 de diciembre de 1981.
Guadalupe Alejandro Garduño López, líder de la 60, indicó en un comunicado que la iniciativa propuesta por los legisladores del Congreso de Hidalgo, busca la “desestabilización académica, social, administrativa y laboral del IPN, dando paso al desconocimiento de las actuales condiciones laborales que se han construido por más de 80 años”.
En su exposición de motivos, el líder saliente de la LXIV Legislatura hidalguense, Ricardo Baptista González y su compañera de bancada, Noemí Zitle Rivas, ambos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), fueron los promotores de la iniciativa de la nueva Ley Orgánica del IPN, bajo el argumento de tratarse de una propuesta de carácter ciudadano “hecha por académicos e investigadores académicos” de esta institución educativa.
Al tener mayoría, los diputados morenistas aprobaron sin problema la polémica iniciativa como una de sus últimas acciones de la LXIV Legislatura Local, dejando prendida la mecha de una letal carga que amenaza los fundamentos históricos y académicos de la institución creada por el general Lázaro Cárdenas para que de manera gratuita los hijos de los obreros y campesinos de México pudieran prepararse como los técnicos al servicio del país.
De inmediato, diversas voces de la comunidad politécnica se han alzado para denunciar que tal propuesta no surgió de un consenso de académicos y especialistas, y su intención de transformar al IPN en una entidad descentralizada, con “personalidad jurídica y patrimonio propio”, abre las puertas a su privatización y amenaza con cancelar el desarrollo científico y tecnológico que requiere el país.
De concretarse esta propuesta hecha por diputados locales al Congreso de la Unión, los trabajadores del IPN pasarían al apartado “A”, perdiendo la inamovilidad de su base y todas las conquistas sindicales logradas durante años. La iniciativa impulsada por los diputados hidalguenses de Morena los obligaría a la “evaluación para la permanencia”, con contratos por tiempo indeterminado y sin el amparo del “transitorio 10”, pasando a depender en el retiro, de las cuentas individuales.
De igual forma, la nueva Ley Orgánica pone en grave riesgo a los estudiantes de escasos recursos al dejar latente el cobro de cuotas, que se impondrían porque el IPN tendría que buscar fuentes de financiamiento, como en la mayor parte de las universidades públicas de nuestro país, al ser ubicada como una entidad descentralizada.
En un documento difundido por la Comunidad Organizada en Defensa del IPN, se advierte que la iniciativa de autonomía además de añejos objetivos del “Pacto por México”, es impulsada por grupos que desde años atrás buscan “crear un coto de poder y control económico” en el Politécnico; es decir, hacerlo su “patrimonio propio” y a esto responde el verdadero interés de quienes se hallan detrás de los diputados de Hidalgo.
La Sección 60 del SNTE hizo pública su determinación a realizar “las acciones que sean necesarias para defender a nuestra Alma Mater: el Instituto Politécnico Nacional”, a la vez de convocar a la comunidad politécnica, como a la sociedad en general “a cerrar filas y permanecer en unidad” en las acciones que se realizarán en los próximos días.
El ahora ex legislador, Ricardo Baptista, se caracterizó por ser uno más de los diputados locales de Morena incondicionales en Hidalgo al Grupo Universidad, cuyo jefe político, Gerardo Sosa Castelán, se encuentra preso en el Penal del Altiplano por presunto lavado de dinero por más de 150 millones de dólares, de acuerdo a investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
