Mejores precios de garantía a los maíces criollos
Movimientos independientes del agro como el Plan de Ayala Siglo XXI, piden un incremento de 9 mil 465 millones de pesos al proyecto del campo, enviado por el Ejecutivo al Congreso, con el el fin de establecer mayores precios de garantía para la compra de maíces nativos y alentar la autoproducción de semillas, con el fin de impulsar la producción agroecológica ante la agricultura industrial; asimismo, dotar de más recursos a la solución de conflictos agrarios generados por el neoliberalismo
La Carta Robada
Por Emilio López Gámez (*)
Especial para Cananea TV
La propuesta del Plan Nacional de Transición Agroecológica. En plena definición sobre el gasto del país para el 2022, se debate en la Cámara de Diputados el llamado Programa Especial Concurrente (PEC) para el campo que integra los programas para el medio rural, por lo que considerando la relevancia del tema se presenta un resumen de la propuesta del Movimiento Campesino Indígena y Afrodescendiente Plan Ayala Siglo XXI (MCIAPASXXI). La propuesta del MCIAPASXXI alcanza un monto total de 9,465 millones de pesos, adicionales al proyecto del Ejecutivo presentado a la Cámara de Diputados.
En la vertiente de competitividad. En el programa Precios de Garantía a productos alimentarios básicos, se propone incorporar un componente que se denominará Planta Bienestar (Plan Nacional de Transición Agroecológica): Planta Bienestar: estrategia especial de sobreprecio de garantía, para compras de maíces nativos, en regiones para un plan de abasto regional alimentario.
En el Programa producción para el bienestar se propone agregar cuatro componentes que se denominaran: Planta Bienestar: Apoyo directo padrón de productores para entrega de bioinsumos; Planta bienestar: Estrategia de desarrollo y fortalecimiento de módulos de autoproducción; Planta bienestar: Estrategia de autoproducción semillas. (Sader y Conacyt) y Planta bienestar: Producción agroecológica ganadera a partir de forrajes y animales endémicos a pequeñas unidades productivas.
RECUPERAR LAS ECONOMÍAS CAMPESINA E INDÍGENA
La propuesta del Plan Nacional de Transición Agroecológico (Planta Bienestar) es la propuesta central del MCIAPASXXI, dado el papel que juega la agroecología ante la agricultura industrial, que presenta grandes signos de agotamiento dados los impactos en la naturaleza de esta agricultura industrial que, destruye el medio ambiente y que produce alimentos para la población carentes de calidad, con fuertes impactos negativos en la salud. Planta Bienestar implica la recuperación del conocimiento de las economías campesinas e indígenas. El monto total de Planta Bienestar para 2022 suma 6,500 millones de pesos, adicionales al proyecto de PEC del Ejecutivo.
En la vertiente social. En el Programa Sembrando vida, se propone un componente que se denominará: Planta bienestar: economía de traspatio productores de autoconsumo y economía familiar. En el caso de INPI se propone un incremento de 1,181 millones adicionales al proyecto del Ejecutivo, para quedar en 5000 millones de pesos.
En la vertiente agraria. Se proponen incremento en los casos de Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios. Con el propósito de garantizar la Gobernabilidad, la Paz Social y el Desarrollo Agrario nacional y poner fin a la problemática social agraria del país, generada por los Gobiernos neoliberales y considerando que los 3 años de nuestro Gobierno, se caracterizaron por sentar las bases de la 4T, y que los tres restantes, el Gobierno Transformador volteará al campo para sacarlo del rezago y atraso en el que se encuentra; las organizaciones que integramos este movimiento pensamos que las instituciones de Procuración, impartición y de Registro Agrario deben modernizar y ampliar su cobertura a efecto de dar servicios dignos a los sujetos agrarios considerados en la ley y, cuando sea el caso, a los indígenas, afromexicanos y pueblos originarios.
ATENCIÓN A CONTROVERSIAS EN NÚCLEOS AGRARIOS
El pasado 13 de agosto se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos Operativos del Programa denominado Conflictos Sociales en el Medio Rural el cual busca poner fin a las controversias que han enfrentado a los núcleos agrarios entre sí, y/o con posesionarios por la propiedad o posesión de las tierras. Por lo que este Programa debe contar con los recursos suficientes que le permitan cumplir con sus objetivos y hacer justicia social a los olvidados como lo ha expresado el Presidente de la República.
Por esas razones se incluyen montos para el tema agrario en los casos de, Conflictos agrarios y obligaciones jurídicas (475 millones de pesos) y regularización y actos jurídicos agrarios (281 millones de pesos).
En la vertiente administrativa. Se propone adicionar montos a la Procuraduría Agraria (918 millones de pesos) y al Registro Agrario Nacional (148 millones de pesos). En el caso de Inca Rural se propone incrementar el monto hasta alcanzar la cifra para el año 2022 de 58 millones de pesos.
ASIGNAR RECURSOS AL INCA RURAL
El Inca Rural no tiene un presupuesto asignado para operar programas estratégicos; por lo que el presupuesto solicitado en este ejercicio es para para asumir, vincular y coordinar técnicamente y metodológicamente el intercambio de saberes en el trabajo; demás programas de las diversas dependencias cuya labor influyen en el sector rural; principalmente en las que impulsan la soberanía alimentaria, el desarrollo sustentable y sostenible, el cambio climático, crédito, financiamiento, seguros e inversión; no solamente con el enfoque rural, sino también en aspectos sociales como salud, económicos y otros.
Con lo anterior se determina que el INCA Rural necesita un equipo técnico capaz de realizar estas funciones. Esta estrategia está diseñada para asumir la función a corto y mediano plazo; por lo que se necesitará un reajuste presupuestal para asegurar su continuidad.
Lo anterior fundamentado al cumplimento de los mandatos constitucionales, específicamente de los Artículos 25, 26, 27 y en particular la fracción XX del mismo que establece: “XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público”.
(*) Doctor en Economía por la Universidad de Chapingo y experto en temas agrarios.
