Ni Joel Ayala Almeida como tampoco su “asesor” José Medel Ibarra y quienes integran el Directorio del SUTGCDMX, alertaron ni orientaron a las bases del insalvable trámite que, sin falta, deben cumplir todos los empleados del gobierno capitalino, incluidos los que menos ganan. La fecha límite es el 31 de mayo próximo y de no hacerlo, podrían ser despedidos; los sindicalizados están confundidos, molestos y sin ningún apoyo de quienes dicen representarlos
El Diván de la Utopía
Por I. León Montesinos
Especial para Cananea TV
Como si no bastará con las innumerables tropelías cometidas por quienes encabezan el Directorio del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX), durante la pandemia del Covid-19, ahora miles de sindicalizados se enteran que sin importar su categoría o rango salarial, deberán presentar a más tardar el 31 de mayo su “Declaración Patrimonial y de Intereses”, advertidos que una omisión, sin causa justificada, de dicho trámite “podría derivar en la separación del cargo del servidor público”, según lo contemplado en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
Sonriente y quitado de la pena, el pasado jueves 13 en sus lujosas instalaciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) –que envidiaría cualquier corporativo empresarial de Santa Fe–, el líder de la burocracia, Joel Ayala Almeida, lucía ante las cámaras su rúbrica en la declaratoria para promover la presentación puntual de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, acordada con la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
CRIMINAL SILENCIO DEL LÍDER DE LA FSTSE
En este paquete de “servidores públicos” ahora obligados a demostrar que tienen “las manos limpias” y no han incrementado su patrimonio de manera ilegal, están contemplados todos los empleados del Gobierno de la CDMX, incluidos aquellos que ganan menos de diez mil pesos al mes –algunos no exceden los 5 mil–, y que constituyen un 90 por ciento de la plantilla sindical de los afiliados al Único; es decir, más de cien mil trabajadores. Por cierto, ajenos al manejo de recursos financieros, materiales y humanos.
Como ya es costumbre con Ayala Almeida, titular del Directorio y que ejerce desde enero del 2020 la representación de los agremiados del SUTGCDMX, guardó en secrecía lo publicado en la Gaceta de la CDMX, el 28 de abril del pasado año –justo cuando inició el repunte de la pandemia–, sobre la nueva obligación que deberían atender este año los miles de trabajadores de las 40 secciones del Único.
Y así como buscó reformar sin su autorización el Reglamento Interno de la Caja de Previsión (CAPTRALIR), de igual manera nunca notificó del tsunami que esperaba a los sindicalizados este mes de mayo y que los coloca en la mayor de las indefensiones ante las autoridades, ante el riesgo de ser separados de sus puestos de trabajo, de no cumplir con un ordenamiento del que se han comenzado a enterar al cuarto para las doce.
MILES PODRÍAN SER DESPEDIDOS
Dependencias como el Sistema de Aguas (SACMEX), apenas notificaron ayer miércoles 19 de mayo a sus empleados sobre la insalvable obligación, y alcaldías como Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, giraron los respectivos oficios a sus trabajadores los días 17 y 18 pasados. Pero fue el contenido del memorándum del jueves 13 –justo el día en que Joel Ayala posó para la foto con la titular de la Función Pública–, dado a conocer a los empleados de la demarcación de Iztapalapa, lo que puso en alerta a todos los asalariados. En la circular 042/2021, se advertía sin medias tintas: la omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración “podrá derivar en la separación del cargo del servidor público”.
En todos los oficios girados a los ahora apanicados, confundidos y enfurecidos trabajadores, se establece que su declaración patrimonial deberán hacerla vía internet –no hay otra forma–, siguiendo las ligas que se han anexado de acuerdo a los lineamientos de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, establecidos en el oficio SCG/DGRA/0303/2021, del pasado 11 de mayo.
En el escrito se pide a las alcaldías, áreas y diversos organismos “realizar las funciones necesarias de difusión”; esto es, que de manera oficial se dejó solo un espacio de 20 días para que tanto los más de 100 mil trabajadores del GCDMX como el resto de la planta laboral de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la capital del país, cumplan con una obligación que nunca han realizado en su vida.
Habrá dos tipos de declaraciones: la simplificada para los trabajadores cuyo ingreso neto mensual sea menor a los 12 mil 402 pesos; y la declaración completa, para los que ganen arriba de la antes citada cantidad. Se puntualiza en las circulares que ya se difunden por doquier que deberá hacer dicho trámite todo el Personal de Base, de Estructura, Estabilidad Laboral, como también los trabajadores por Honorarios.
En una palabra, nadie se escapa a lo contemplado en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, instrumento legal contemplado en los acuerdos del Sistema Nacional Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre del 2019. Contenido de cuyos alcances nunca enteró el líder de la burocracia nacional a sus agremiados y que antes de las modificaciones solo contemplaba a los mandos medios y superiores de confianza en las dependencias públicas, incluido el gobierno de la CDMX.
TEMOR Y CONFUSIÓN EN LA BASE TRABAJADORA
El malestar que cunde entre los trabajadores adheridos al SUTGCDMX es por demás justificado porque en su inmensa mayoría son gente de escasos recursos, temerosos de que al no poder llenar correctamente los formatos –pues no se admiten rectificaciones–, puedan perder sus empleos. Además, son miles los que ganan entre 3 y 6 mil pesos mensuales, ni siquiera tienen casa propia o de INFONAVIT, pagan renta y difícilmente podrían justificar la pantalla, el refrigerador o sus escasos enseres domésticos, obtenidos las más de las veces a crédito.
Algunos, inclusive, no tienen computadora ni internet. Ya se comenta que pueden declarar en ceros, pero ¿quién les garantiza que al hacerlo no están en riesgo de posteriores investigaciones y sanciones?. Obtener la asesoría de un contador o un abogado les representa un gasto que no pueden costear.
Ante este confuso y amenazante escenario, la pregunta es: ¿Y dónde están los miembros del Directorio? ¿Dejarán otra vez que los miles de sindicalizados se las arreglen como puedan?
Hace un par de semanas llegó por cierto a este Directorio un “flamante” asesor, ex líder del Único y millonario empresario, José Medel Ibarra, que según los aplaudidores de su Coalición de Trabajadores apoyará a Joel Ayala a sacar adelante la elección pendiente y a zanjar diversos problemas.
NEUTRALIZAR ENEMIGOS, PRIORIDAD DEL DIRECTORIO
Bueno, pues la actual coyuntura está que ni mandada a hacer para que de su abultada cartera saque recursos, junto con Ayala Almeida, para pagar a contadores y abogados que orienten y auxilien a los sindicalizados. No vaya a salir el aprendiz de “comunicador” de que con el dinero de las cuotas quieran afrontar tal gasto, cuando de entrada todavía ni siquiera transparenta los recursos entregados por el GCDMX por este concepto a las 40 secciones, durante el periodo de la pandemia.
No puede dejar de citarse que las traiciones de quiénes integran el Directorio a las bases continúan, y prueba de esto es la circular de fecha 28 de abril del 2020 que emitió la dirigente de la Sección 19, afín al grupo de Joel Ayala, Susana Paz Martínez, quien advertía a sus agremiados sobre el problema por venir: “Es importante hacer notar que es un procedimiento al cual se debe dedicar tiempo, atención y se requiere acceso al internet”. Alertaba además: “Es importante mencionar que para accesar a la declaración por medio de la llave CMDX, es muy complicado, aunado a que los números de teléfono proporcionado (sic) con extensión, no los contestan. Y es imposible que alguien nos oriente vía telefónica”.
Esto demuestra que desde finales de abril algunos secretarios ligados al Directorio ya sabían lo que esperaba a los trabajadores y los problemas que enfrentarían para éste trámite. ¿Por qué entonces no se dieron a la tarea de alertar sobre tales fallas y obligar a Joel Ayala a pedir a las autoridades mejorar su sistema? Peor aún, la cabeza del Directorio, sus integrantes y ahora su “asesor” estrella, se cruzaron de brazos sin ofrecer orientación alguna a los sindicalizados, a sabiendas que el no presentar su declaración patrimonial les puede costar su empleo.
De verdad lamentable que tanto Medel Ibarra como Joel Ayala y las figuras decorativas del Directorio estén más preocupadas en ver la forma de neutralizar a su opositor Hugo Alonso Ortíz en las próximas elecciones sindicales que en atender un problema de las dimensiones del que ahora enfrentan miles y miles de trabajadores a lo que dicen representar.
¿Y LAS DECLARACIONES JOEL Y SUS “ASESORES”?
Y en tanto este grupito de oportunistas se toman la foto con altos funcionarios o recibiendo oficinas en la FSTSE, el humilde trabajador de limpia, el de parques y jardines o el de panteones, entre otros muchos, hace cuentas y se pregunta ante la falta de información, si en su declaración patrimonial debe incluir la bicicleta con su llanta ponchada, su carcachita herencia de su padre, o hasta las pulgas del perro y el gato. No vaya a ser que la batida contra la corrupción la tome en su contra y le encuentre culpable de empobrecimiento inexplicable.
Es momento de que la pisoteada base trabajadora, no únicamente del Único sino de todos los sindicatos federados del país, le pregunte a Joel Ayala, a José Medel y a tantos dirigentes que se han hecho millonarios, si ellos también entran en el paquete de responsabilidades para hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. Si la ley es pareja y barre de arriba para abajo, esperamos que transparenten y expliquen a los ojos de quienes han lanzado sin miramiento alguno al foso de los leones, el origen de sus cuantiosas fortunas, tal y como establecen las nuevas reglas de transparencia de la Reforma Laboral.
Piso parejo para todos. Así de sencillo.
