Comunidades prosiguen su lucha contra los despojos a mineras autorizadas por Salinas
La posición del grupo “Cambiémosla ya” identifica los puntos centrales del debate sobre la Ley Minera como innegociables y nos permite reforzar la hipótesis de esta Carta Robada: Hacer efectiva la libre determinación de los pueblos y el derecho de decidir sobre sus territorios, contando con mecanismos para una participación efectiva y vinculante, eliminando el carácter de utilidad pública y preferente para la minería; así también, modificar el régimen de concesiones para evitar la privatización del territorio y de los bienes naturales; eliminar los privilegios que tienen las empresas mineras para el acceso a la tierra y el agua, fortaleciendo el cuidado de los sitios sagrados, el medio ambiente y los derechos humanos
La Carta Robada
Por Emilio López Gámez (*)
Especial para Cananea TV
En una Carta Robada anterior (1 de abril 2023 *) señalamos que: Los neoliberales de ayer y hoy, ejecutan una desaparición lenta y soterrada del campesinado y los indígenas, mediante el asesinato de líderes, el despojo de territorios, la voracidad de las mineras, la destrucción de bosques y suelos, contaminación de aguas, ríos y presas, lo mismo que obras en contra de las comunidades y ejidos, avanzando con la eliminación real de parte de la población rural mexicana.
La iniciativa de Morena publicada el 18 de abril en la Gaceta Parlamentaria (Cámara de Diputados LXV Legislatura) “Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente…”es la acción más relevante que busca dejar atrás las reformas salinistas y que tiene una fibrosa relación con la problemática agraria e industrial del país.
Los conflictos sociales originados a partir de las actividades mineras son consecuencias de las reformas constitucionales de 1992, señalan en la iniciativa. Diagnostican acertadamente que “La política en materia de minería de los gobiernos neoliberales ha provocado una intensa extracción de los recursos minerales por parte de empresas extranjeras; la contaminación del subsuelo, los mantos acuíferos, los ríos y los manantiales; el despojo territorial y desplazamiento forzado de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como, los conflictos socioambientales, lo anterior en detrimento de los y las mexicanas”
Aquí en la Carta Robada (1 de abril 2023 *) hemos insistido en otra perspectiva del asunto de las reformas neoliberales: En el caso de América Latina: aunque para 2018 se estima una población de 45 millones de indígenas que viven en América Latina, esta ha sido víctima de genocidios pasados: “…cerca de 130 años después de los primeros contactos, el 90 % de la población indígena ya había sido asesinada. Y lo más cruel es que la población rural no sólo ha sido víctima de acciones violentas del pasado, sino también en el presente. Ejemplo de ello es la actividad minera que se desarrolla sobre territorios de los núcleos agrarios y que asocia la problemática agraria y el campo de la actividad industrial.
La política industrial del campesinado
Desde la perspectiva del movimiento campesino la relación entre la minería y las actividades agropecuarias, forestales y las implicaciones entre una y otra nos llevan a identificar que el campesinado ha tenido en sus luchas la mirada puesta en una política industrial obviamente distinta al modelo neoliberal. Por lo tanto, en el análisis de la política agropecuaria, la política agraria adquiere una gran relevancia dada su relación muy directa y evidente, y no se diga en el caso de la política industrial, pero en el caso de las actividades industriales esas relaciones aparecen, a primera vista, “disociadas” de la política agropecuaria, forestal, y crean condiciones para construirse narrativas ambientalistas y luchas por el agua, el suelo, con un enfoque particularista que se vinculan también a otros intereses.
Podríamos decir que un análisis que vaya más allá de la perspectiva de la contabilidad nacional (que parte de la idea de sectores) de la política agropecuaria, forestal, de la política agraria, de la política alimentaria tiene obviamente una relación, en términos de la acumulación del capital, muy intensa, con la política industrial que obliga a otra perspectiva y definición y posicionamiento en torno a la política industrial, de parte de los campesinos.
El movimiento campesino ha posicionado claramente el tema que señalamos, al momento de definir con precisión temas como los siguientes, cuyo vínculo con la política industrial (en este caso la minería) es más que evidente: El derecho de paridad entre el campo y la ciudad, que impulse el fortalecimiento y la protección de la propiedad social del ejido y la comunidad, así como el patrimonio natural y cultural de la agricultura indígena y campesina (por ejemplo, eliminar el carácter de utilidad pública y de actividad preferente para la minería); la garantía de la certeza y la legalidad jurídica de la tierra y los bienes naturales de ella ; resolver definitivamente la ambigüedad jurídica que guardan las colonias agrícolas y ganaderas para culminar con la titulación correspondiente; erradicación de la descoordinación entre oficinas centrales y las representaciones estatales, que lleva a la atención discrecional de acuerdo a las preferencias de los funcionarios y lo más relevante y negativo a una creciente corrupción en la gestión y entrega de documentos oficiales.
No puede faltar aquí el debate pendiente sobre la reforma del artículo 27 constitucional. Y un elemento muy contundente es la crítica a la concepción que deposita en el Estado una función monopolista respecto a la organización social. Ahora mismo el rechazo y la exclusión de las organizaciones y el movimiento campesino e indígena debilita proyectos como esta reforma de la ley minera.
La posición del grupo “Cambiémosla ya” al identificar los puntos centrales que señala en el debate sobre la ley minera como innegociables nos permite reforzar la hipótesis de esta Carta Robada: establecer una relación muy directa entre la política agropecuaria, política agraria y la política industrial. Cambiémosla ya!!!!, destaca: Hacer efectiva la libre determinación de los pueblos y el derecho de decidir sobre sus territorios estableciendo mecanismos para la participación efectiva y vinculante; eliminar el carácter de utilidad pública y preferente para la minería; modificar el régimen de concesiones para evitar la privatización de facto del territorio y de los bienes naturales; eliminar los privilegios que tienen las empresas mineras para el acceso a la tierra y el agua; fortalecer el cuidado del ambiente, los sitios sagrados y derechos humanos.
(*) Doctor en Economía por la Universidad de Chapingo y experto en temas agrarios.
* https://cananeatv.com/el-neoliberalismo-y-su-soterrado-exterminio-de-la-poblacion-rural/
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