La Junta cerrará sus puertas con su propio conflicto laboral
Decenas de Conciliadores, Secretarios de Acuerdos, Dictaminadores y demás personal de la estructura administrativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), están siendo cesados sin derecho a la liquidación que por ley les corresponde, ante la cercana entrada en funciones, de los nuevos juzgados laborales y el Centro de Conciliación, que deberán operar a partir de octubre; el titular del organismo, Eleazar Rubio, los engañó al decirles que estaba garantizada su estabilidad laboral
Por Staff de Cananea TV
Como una cruel paradoja, en la Casa de la Justicia de los trabajadores de la Ciudad de México se está exigiendo la renuncia masiva a Conciliadores, Dictaminadores y Secretarios de Acuerdos, muchos de ellos con una larga trayectoria y probada capacidad académica y profesional, sin otorgarles la liquidación que por ley les corresponde.
Desde el pasado martes 13, el personal de la estructura administrativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), está conociendo el doble lenguaje del titular del organismo, Eleazar Rubio Aldarán, quien todavía en agosto pasado comentó a los conciliadores que no debían preocuparse por su estabilidad laboral pues su trabajo era de suma importancia en la conformación de la plantilla laboral y funciones del nuevo Centro de Conciliación Laboral que junto con los Juzgados en la materia, comenzarán a operar el cercano mes de octubre.
Algunos de los afectados, denunciaron a Cananea TV que precisamente en agosto se dio a conocer la convocatoria para las contrataciones del nuevo organismo que suplirá a la JLCA y donde, de entrada, se contempla una considerable rebaja salarial a los conciliadores de nuevo ingreso pues de los 24 mil pesos mensuales que actualmente perciben ahora solo ganarán 18 mil pesos. Bajo la promesa de Rubio Aldarán de no perder sus empleos, hicieron caso omiso al trámite de nuevo ingreso.
Pero de pronto, las cosas cambiaron y ahora han recibido en sus propios escritorios el formato para firmar su renuncia sin derecho a indemnización alguna, bajo la insultante salvedad de que quiénes la acepten todavía cobrarán el próximo 30 de septiembre su última quincena.
Comenzó a circular de manera profusa en redes sociales la notificación que le hacen a la licenciada Patricia Ramírez Melo, entregándosela de propia por uno de sus compañeros. En el video la funcionaria con una larga trayectoria en la Junta pide le expliquen los motivos de su despido y expone que el decreto de reforma de justicia laboral establece la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, pero el encargado de llevar la fatal noticia no acierta a explicar las razones, mostrándose sumamente nervioso.
Patricia Ramírez, notificada sin argumentos
Para el personal administrativo lo argumentando en el texto de la misiva no tiene sólidos fundamentos jurídicos pues su verdugo, Eleazar Rubio, los clasifica como empleados de confianza cuando si bien ellos no son sindicalizados como el caso de los actuarios, sí tienen una base administrativa ganada mediante el servicio civil de carrera y diversas pruebas académicas donde han demostrado sus capacidades para ejercer sus funciones.
“No somos personal de confianza porque nosotros recibimos órdenes, son otras categorías como los Conciliadores “A” o los Secretarios de Acuerdos los que sí se ubican en esta clasificación y nos duele que en la casa donde los trabajadores buscan justicia, ahora a nosotros se nos quieran despedir sin siquiera una indemnización de ley”, comentan.
Conocedores de la materia laboral, los afectados indican que han firmado su cese bajo protesta, pero no su renuncia pues hacerlo equivaldría a perder su finiquito y el pago de otras prestaciones a las que tienen derecho por ley como vacaciones y aguinaldo.
Para los Conciliadores es preocupante que se pretenda echar a andar el nuevo Centro de Conciliación con menos del 50 por ciento del personal con que operaba la Junta, pero sobre todo con personal que carece de la experiencia en el tema, además de no considerar el número de expedientes acumulados durante los dos años de pandemia.
Alertan además que uno de los dos edificios donde se pretende instalar el nuevo Centro presenta daños estructurales considerables desde el terremoto del 85, lo que debe ser considerado porque no puede exponerse la seguridad y la vida de los trabajadores ni a la gente que acudirá a realizar sus trámites.
Aunque aún no hay un número exacto de despidos, hasta ayer se contabilizaban más de 50 profesionistas cesados, pero se espera que pasando los festejos patrios comience una movilización de todo el personal de la JLCA para pelear sus derechos, pues denuncian que, al parecer, en el presupuesto del presente año no se contempló siquiera el recurso para pagar sus liquidaciones, por lo muchos anticipan que se irán a juicio e incluso al paro de labores.
En tanto, su verdugo del doble lenguaje, Eleazar Rubio, deberá comenzar a buscar buenas excusas para enfrentar el tsunami laboral que está por caerle.
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