El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, alentado por el ex presidente, Enrique Peña Nieto, generó infinidad de corrupciones que retrasaron su entrega, elevaron su costo inicial y permitieron el despojo de tierras en comunidades del Estado de México; la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó anomalías por más de 2 mil 600 millones de pesos
Por Griselda Lozada Tavera. Investigación Especial de CANANEA TV
Despojo de tierras, ecocidio, abuso de autoridad, entrega de recursos millonarios a presuntos representantes de Comisariados de Bienes Comunales, amparos promovidos por pobladores de Lerma, Ocoyoacac y Cuajimalpa, y detenciones arbitrarias es lo que ha dejado en cinco años la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, impulsada por el Grupo Atlacomulco y heredada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En julio del 2014, el ex presidente, Enrique Peña Nieto, anunció con toda la estridencia oficial la puesta en marcha de esta magna obra, a un costo de 38 mil millones de pesos para trasladar diariamente a 230 mil pasajeros, entre el Estado de México a la Ciudad de México. De acuerdo a lo programado, debería estar lista al final de su sexenio; sin embargo, esto nunca ocurrió. Su administración terminó y el proyecto no fue concluido.
Los retrasos en su edificación y la serie de protestas de los pobladores, que aún luchan por recuperar sus tierras, elevaron el costo del proyecto a más de 60 mil millones de pesos y podría irse a otros 30 mil millones, según advirtió Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP), quien reconoció que se trata de “una inversión pública de mala calidad”.
LOS DISPENDIOS DE NEVÁREZ
Con 30 trenes de vanguardia, compuestos por dos coches cabina y tres intermedios con capacidad para 719 pasajeros cada uno y una longitud de 58 kilómetros, la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, puso al descubierto el abuso de poder y la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, visibilizando la lucha de las comunidades que desde entonces se han mantenido en resistencia, como San Jerónimo Acazulco y Santa María La Asunción Tepezoyuca, ubicadas en Ocoyoacac, Estado de México.
Al analizar el contenido del juicio agrario 226/2018, hoy se sabe que Guillermo Nevárez Elizondo, quien en octubre en 2015 se desempeñaba como Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) – y actual Director de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–, actuó en contubernio con supuestos representantes, para comprar la voluntad y conciencia de unos cuantos comuneros y dar el banderazo al proyecto de Peña Nieto, a sabiendas de la oposición mostrada por la mayoría de los legítimos miembros de las comunidades.
Con el consentimiento del entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, Nevárez y otros funcionarios, sacaron la chequera para pagar jugosas cantidades a los ilegítimos representantes comunitarios.
El millonario cochupo quedó respaldado en cheques como el número 0000811 de HSBC, S.A Institución Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, PROYECTO TREN INTERUBANO ME, el 9 de octubre de 2015, a nombre de Valente Lima Hernández por la cantidad de 69 millones 560 mil 437 pesos con 48 centavos a cambio de la firma de un Convenio de Transmisión de Derechos de Posesión -el 16 de octubre del 2015- por un terreno de 172, 296.47 m2, ubicado en los cadenamientos 31+497.96 al 34+662.26 en los bienes comunales de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepezoyuca, Ocoyoacac, Estado de México para la construcción y operación del proyecto Ferroviario de Pasajeros Tren Interurbano México-Toluca.
Otro más de la misma cuenta le fue entregado a Marcelino Pascual Narváez de la O, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, quien curiosamente recibió su constancia de representante comunal el 4 de septiembre del 2015, bajo el número 000812 de HSBC, S.A, con fecha del 09 de octubre de ese mismo año, por la cantidad de 223 millones 343 mil 561 pesos con 52 centavos.
Ambos cheques suman 292 millones 903 mil 999 pesos, con los cuales Nevárez Elizondo, como titular de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT cumplió el encargo de su jefe superior, Gerardo Ruiz Esparza, de comprar a todos los comuneros posibles para llevar a cabo el plan maestro y con ello beneficiar a empresarios ligados al entonces presidente de la República y al Grupo Atlacomulco, como la empresa española OHL, acusada de actos de corrupción y La Peninsular, propiedad de la familia Hank Rhon, entre otras.
Y es que en su afán de conseguir el arranque de la obra, los ex funcionarios de la administración peñista devastaron zonas ecológicas tanto del Estado de México, como de la comunidad agraria de San Lorenzo Acopilco, perteneciente a la alcaldía de Cuajimalpa en la Ciudad de México.
En tal sentido, se dieron también a la tarea de presionar y comprar a comuneros como Gabino Sandoval Baltazar, a quien le pagaron 47 millones 149 mil 509 pesos con 90 centavos por el Convenio de Transmisión de Derechos de Posesión de Terreno de Bienes Comunales, celebrado el 24 de julio del 2016, para ceder una superficie de 26, 941.767 m2, ubicada entre los kilómetros 40+887.38 al 41+208.95.
La entrega de tal cantidad se encuentra documentada en el cheque número 705, correspondiente a la cuenta bancaria 4057137960 del Banco HSBC México, S.A.
Bajo el mismo modus operandi, los servidores públicos echaron mano de la figura jurídica de “Transmisión de la tierra” para tirar el decreto presidencial de 1945, que otorgó a las comunidades la titularidad de los núcleos agrarios.
Con la representación de apenas un grupo de comuneros de los casi 2 mil acreditados legalmente y asambleas al vapor, los funcionarios priistas entregaron en menos de dos meses más de 400 millones de pesos a representantes que nunca informaron al resto de la comunidad los acuerdos que mantenían en oscurito con el Director Adjunto de Regulación Económica y el Director de Planeación, Evaluación y Proyectos Ferroviarios de la SCT; quienes junto con Guillermo Nevárez despojaron de sus tierras a la gente, en complicidad con funcionarios del Tribunal Agrario y la Notaria Provisional Pública N.15 con sede en Toluca, con fin de ratificar las firmas de los supuestos representantes comunales de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepezoyuca, Ocoyoac, Estado de México.
LOS NUEVOS RICOS
De la noche a la mañana y pisoteando derechos comunales, personajes como Valente Lima Hernández y Marcelino Pascual Narváez de la O, de San Jerónimo Acazulco y Santa María La Asunción Tepezoyuca, se volvieron millonarios, ya que además de los 292 millones 903 mil 999 pesos, que recibieron por la Transmisión de Derechos, a Narváez de la O, le fueron entregados otros 47 millones de pesos por la Indemnización de los Bienes distintos a la tierra y 800 mil más por el pago de bienes; mientras que a Valente Lima Hernández, 600 mil pesos.
Tales cantidades se pueden constar en los cheques 000814, 0000841 y 0000839, respectivamente, también del Banco HSBC con fecha 9 de octubre 2015, sucursal 3817 de Plaza Metrópoli de la Ciudad de México, a nombre de SCT PROYECTO TREN INTERUBANO ME.
En tanto, a Gabino Sandoval Baltazar, de la Comunidad San Lorenzo Acopilco, le fueron entregados otros 14 millones de pesos por un terreno de 7,300 m2, que se encontraban dentro del Derecho de Vía de la Comisión Federal de Electricidad, el cual se comprometía a desalojar y entregar. Así como 9 millones 600 mil pesos por la transmisión de derechos y un millón 980 mil pesos por el pago de Bienes Distintos a la Tierra.
Tales montos hasta el momento no han sido recibidos por el resto de los comuneros que siguen en pie de lucha en espera de que el gobierno de la Cuarta Transformación les haga justicia, pues las cifras millonarias que recibieron los supuestos representantes de parte de la SCT en nada repara el despojo de las comunidades, ni el impacto ambiental que ha dejado a su paso la construcción del Tren Interurbano.
Gracias a la lealtad a Ruiz Esparza y al Grupo Atlacomulco, Nevárez Elizondo, llegó a hacer el trabajo sucio y a tapar la corrupción en la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, pues antes de arribar al cargo laboró, hasta marzo del 2015, en la Subdirección de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública también vinculada con el despojó de tierras en los proyectos de la Reforma Energética de Peña Nieto.
En el caso del EdoMéx, la primera estrategia para iniciar el despojo de estas comunidades fue invocar por parte de los funcionarios de la SCT, el decreto de 1985 que permitió el tendido de líneas de transmisión de la CFE, en la llamada red de la Ciudad de México-Ixtapaltongo.
El plan inicial de Ruiz Esparza era argumentar el uso legal de la zona, comprendida en la Servidumbre de Paso -140 metros de ancho- para instalar los pilares que sostendrían las vías, sin embargo, debido a la lucha que emprendieron las comunidades por la defensa de sus tierras, las autoridades se vieron en la necesidad de buscar la forma de comprar voluntades para echar mano de la figura jurídica de Transmisión de la Tierra y así continuar sin problemas los trabajos.
Esto queda de manifiesto en las demandas presentadas por los afectados en el Tribunal Unitario Agrario de los Distritos 9 en Toluca y 8 en la Ciudad de México, que dan cuenta de la serie de irregularidades para beneficiar a la SCT.
EL INAUDITO PREMIO A NEVÁREZ
De manera inédita y pese a su cuestionado desempeñó en el proyecto del Tren Interurbano, Guillermo Nevárez Elizondo, logró acomodo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al retornar a la CFE pero ahora a la Dirección de Distribución y no a su anterior cargo de Subdirector.
Al interior de la Comisión Federal no se explican cómo fue que el titular, Manuel Bartlett Díaz, no objetó su nombramiento, permitiéndole incluso el intimidar a los usuarios morosos que tienen retrasos en el pago de luz, con el uso de la fuerza pública y hasta del ejército para realizar cortes del servicio y detenciones arbitrarias.
A la luz de las recientes arbitrariedades, cabe recordar que durante su paso por la SCT, como Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en el sexenio anterior, Nevárez quedó a deber a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el cumplimento de 52 observaciones, haciéndose acreedor a nueve promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por irregularidades en el manejo de fondos de las obras del Tren Interurbano México-Toluca.
Además, durante su gestión –del 2015 al 2018– el órgano fiscalizador le detectó un manejo irregular de fondos por 2 mil 658 millones de pesos.
Tras la debacle del PRI y a casi un año del triunfo arrasador de Morena a la Presidencia de la República, la corrupción del Grupo Atlacomulco terminó por salir a flote y con ello la presión social de cientos de familias que exigen justicia y que, como al interior de la CFE, también se preguntan cómo es que Nevárez retornó por la puerta grande a la dependencia.
Sería bueno que los encargados de la Función Pública y el mismo Presidente López Obrador echen un vistazo al juicio agrario 226/2018, promovido por los comuneros afectados en contra de este funcionario, a fin de que se enteran a detalle de sus tropelías cometidas en agravio de cientos de comuneros y sus familias en San Jerónimo Acazulco y Santa María La Asunción Tepezoyuca en Ocoyoacac, Estado de México, y de San Lorenzo Acopilco, en la Ciudad de México.
En la lista de cómplices, las autoridades de la 4T, podrán identificar fácilmente a personajes como Valente Lima Hernández, Marcelino Pascual Narváez de la O y Gabino Sandoval Baltazar y a funcionarios como el Director de Asuntos Legales, Miguel Ferrusquía Canchola, el cual sigue operando en la Dirección General de Desarrollo Ferroviario de la SCT.
Ferrusquia Canchola ha sido acusado de fraude procesal, corrupción, engaños y autoritarismo por otros pobladores del municipio de Ocoyoacac, también afectados por la construcción de Tren Interurbano México-Toluca.
La investigación especial de Cananea TV, deja en claro que además del elevado sobreprecio de la aún inconclusa obra, hay también un alto costo social que debe ser reparado, para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, honré su palabra empeñada a los mexicanos, cuando aseguró en su campaña: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
