La Corte requiere un presidente sensible a la justicia laboral
Es importante valorar que entre los aspirantes están la ministra Esquivel Mossa y el ministro Laynez Potisek, quienes impulsaron la sustitución de la jurisprudencia P.J. 1/1996 y con ello ocasionaron una serie de agravios legales para diversos sindicatos en detrimento de los trabajadores, cuando el alto tribunal está para garantizar y ampliar los derechos, no para limitarlos
Por Mtro. Julio Antonio García Palermo
Especial para Cananea TV
La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal cambiará el 02 de enero de 2023; entre sus funciones, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución, salvaguardar la progresividad de los derechos humanos y se encarga de autorizar los lineamientos de la dirección de la Suprema Corte y del Consejo, así como los programas anuales de necesidades y el proyecto de presupuesto, gestiona los asuntos de la competencia del Pleno y establece comités de consulta y apoyo.
¿Quiénes son los candidatos y cuáles son sus proyectos?
Las personas candidatas son las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Yasmín Esquivel Mossa, y los ministros Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Javier Laynez Potisek. Por orden alfabético y de manera general se presentan sus proyectos.
La ministra Yazmín Esquivel Mossa propone fortalecer y poner en la vanguardia al Poder Judicial Federal (PJF) además de comprometerse a escuchar la diversidad de opiniones, velar por los derechos humanos, garantizar el acceso a la justicia.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propone realizar una encuesta nacional sobre el acceso a la justicia, respetar los derechos laborales; además, propone un programa institucional detallado sobre trabajo a distancia y uso de tecnología para las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, e identificar las mejores prácticas a nivel mundial para combatir el nepotismo.
El ministro Javier Laynez Potisek plantea fortalecer la labor judicial, apostar por la transparencia y combate a la corrupción y enfocarse en los derechos humanos, accesibilidad y atención a grupos vulnerables, partiendo de una neutralidad política y una presidencia incluyente.
El ministro Alberto Pérez Dayán se pronuncia por la credibilidad y fortalecimientos del PJF, identificar faltas comunes de los servidores públicos a fin de prevenirlas, fomento del teletrabajo, adoptar acciones para erradicar la inequidad de género y ampliar las acciones para que las mujeres ocupen mayores espacios.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández entre las líneas generales de trabajo propone fortalecer la función jurisdiccional, consolidar el combate a la corrupción, una reingeniería y medidas de mejora de la actividad administrativa y centralidad de los derechos humanos a través de unidades especializadas.
La Suprema Corte está para garantizar y ampliar los derechos humanos laborales, no para limitarlos
Con la frase “La Suprema Corte está para garantizar y ampliar los derechos humanos laborales, no para limitarlos” diversos sindicatos se movilizaron en 2021 para sensibilizar e informar a las y los ministros respecto a la importancia de mantener la jurisprudencia P.J. 1/1996; sin embargo, el Pleno de la SCJN decidió sustituirla, solo votaron en contra los ministros González Alcántara Carrancá y Pardo Rebolledo y la ministra Piña Hernández (todes de la primera sala).
El viernes 28 de enero de este año, la SCJN publicó la nueva tesis jurisprudencial P./J. 10/2021 estableciendo que los Organismos Públicos Descentralizados federales pueden regir sus relaciones laborales en el apartado A ó B del artículo 123 constitucional derivado de su libertad de configuración.
A manera de conclusión, debemos estar muy atentos a la persona que sea elegida para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que no se nos olvide que, entre las personas aspirantes están la ministra Esquivel Mossa y el ministro Laynez Potisek, quienes impulsaron la sustitución de la jurisprudencia P.J. 1/1996 y con ello ocasionaron una serie de agravios legales para diversos sindicatos (unos se fueron amparos, otros emplazaron meses antes). Como ciudadanos y personal sindicalizado, debemos alzar la voz y manifestar nuestras inquietudes, pues la SCJN está para garantizar y ampliar los derechos, no para limitarlos.
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