El actual modelo económico abandona los derechos sociales
La presente serie de artículos son extraídos del libro: Teorías, Estrategias y Desafíos de los Trabajadores y del Sindicalismo en su capítulo: Seis Temas Claves en la Agenda Sindical y tienen como objetivo orientar a la clase trabajadora sobre asuntos como la Reforma Laboral; Rendición de Cuentas; Trabajo Decente; Pensiones; Nueva Cultura Sindical y la Privatización de los Servicios Públicos, en el actual contexto que vive el país
Por Jesús Bautista Pérez (*)
Con autorización para Cananea TV
Quizás el logro más significativo del movimiento sindical a lo largo de su historia ha sido tener un marco jurídico convencional donde se plasman los derechos de la clase obrera, y en el que se sustenta la creación de las instituciones emblemáticas del Estado Social mexicano.
En ese andamiaje legal, además de la garantía a la seguridad social, están establecidas las bases de las relaciones laborales colectivas entre las que destacan: libertad sindical, derecho de huelga, contratación colectiva, jornada laboral y salario remunerador, etc.
Sin embargo, el advenimiento del modelo económico regido por los códigos de la oferta y la demanda, trajo consigo cambios profundos. Por una parte, implicó la apertura e integración de la economía mexicana al bloque encabezado por Estados Unidos; una drástica reestructuración productiva que debilitó al mercado interno, propició el adelgazamiento del sector público y el debilitamiento de los compromisos sociales del Estado; por otra, alentó una ofensiva sistemática contra los derechos sociales, la organización colectiva y los derechos humanos de los trabajadores.
El objetivo estratégico del neoliberalismo consistió en de mercado y edificar un arquetipo basado en la individualización de las relaciones de trabajo que, desde la perspectiva empresarial gubernamental y de organismos multinacionales como el FMI, BM y la OCDE, darían lugar a mayor productividad y competitividad.
Hoy, a pesar de que el modelo económico vigente ha demostrado limitaciones para crear una planta productiva dinámica, reducir la y mejorar el bienestar humano No obstante que la política laboral un fracaso para generar empleos decentes, salarios decorosos y derecho sociales; las iniciativas de reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFD) impulsadas por las fracciones parlamentarias del PAN y PRI, apuestan por un cambio estructural que profundiza la precarización de las condiciones de vida, aleja la posibilidad de acceso a un trabajo decente (estabilidad en el empleo, salario digno, seguridad social, representaciones sindicales fuertes y democráticas), amplía el desempleo y legitima el outsourcing, con lo cual acentuará el empobrecimiento de amplias franjas de la sociedad.
En ambas iniciativas no se aprecia un auténtico interés por mejorar la situación de los trabajadores, más bien tienden a maximizar la ganancia empresarial, a reforzar el dominio del libre juego de la oferta v la demanda 5, en los hechos, implica la claudicación del Estado en la responsabilidad de proteger a las cohortes más débiles de la sociedad. Paradójicamente, justo cuando la política económica arrasa con la planta industrial y agropecuaria, con los sindicatos y con las expectativas de los trabajadores, la izquierda partidista, que ha convertido la lucha por el poder político su auténtica prioridad, se ha vuelto retórica, autista y teatral.
Aún cuando los promotores de la modificación de la LFT argumentan que ese cambio legislativo redundará en mayor crecimiento económico y bienestar social, lo cierto es que las dos propuestas no sólo ensanchan la exclusión económica y laboral, sino que alientan la degradación física, moral y cultural de los trabajadores, los desempleados, los subempleados y de la población que padece el flagelo de la pobreza, cuya dignidad, por si fuera poco, es ofendida por su indefensión frente a la dictadura del mercado
En aras de la continuidad del modelo económico y de la política laboral, los proyectos de ley desdeñan el hecho de que la pobreza de más de 80 Millones de mexicanos; el desempleo abierto padecido por 2.6 millones el empleo informal donde se emplean cerca de 17.5 millones de mexicanos; la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, calculada en 70% en los últimos treinta años; la desigual distribución del ingreso y la languidez de las instituciones sociales del Estado, entre otros factores, alimentan la inseguridad, la inestabilidad y el deterioro del tejido social.
En este contexto, más allá de que los proyectos de ley tienen como denominador común una clara regresión; lo más dramático es que cancelan las expectativas de progreso y movilidad social a las futuras generaciones, y legitiman la existencia de un México sin derechos, sin trabajo decente y sin una vida decorosa.
Frente a esta tragedia, lo realmente preocupante es que un día descubramos que en México, en palabras de Viviane Forrester: “… hay algo peor que la explotación del hombre: la ausencia de explotación, que el conjunto de seres humanos sea considerado superfluo y que cada uno de los que integran ese conjunto tiemble ante la perspectiva de no seguir siendo explotable”.
De cara a la magnitud y complejidad de los grandes problemas nacionales; en esta encrucijada histórica, las instituciones de la República, los niveles de gobierno, las organizaciones empresariales, sindicales y los propios trabajadores tenemos el deber de actuar con visión de Estado.
Por supuesto que para dar viabilidad al país en el siglo XXI, construir una economía productiva y competitiva son imprescindibles las reformas legislativas. Sin embargo, es imperativo que cualquier enmienda debe afianzar los postulados del artículo 123 de la Constitución de 1917 y de la Ley Federal del Trabajo que, si bien fueron concebidos como mecanismos jurídicos para institucionalizar la integración de los trabajadores asalariados y conseguir su respaldo hacia el sistema político emanado de la Revolución Mexicana, de igual forma tuvieron un objetivo humano: subsanar las profundas desigualdades sociales que incentivaron la participación popular en el movimiento armado. (Enero-Marzo 2012).
(*) Maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Latinoamericana; Licenciado en Economía por la UNAM, con diplomados en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y Teoría y Prácticas Parlamentarias en la Cámara de Diputados, posee también una importante trayectoria académica y profesional, así como en el desempeño de cargos en la administración pública. Autor de diversos artículos y ensayos, ha ejercido además cargos de dirigencia y asesoría sindicales.
