Proyectos y presupuestos del agro deben consensarse
Durante muchas décadas los gobiernos y sus funcionarios han manejado el gasto al sector agrario desde una perspectiva privatizadora y con ausencia de participación democrática en el diseño de programas
LA CARTA ROBADA
Por Emilio López Gámez (*)
Especial para Cananea TV
Para Douglas C. North, Premio Nobel de Economía, en su obra Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, la interacción entre instituciones, organizaciones y la esfera política son cruciales para el cambio histórico. Las organizaciones, en un marco institucional apropiado, inducen al cambio, y se extienden ante las limitaciones institucionales; favorecen al cambio porque adquieren aptitudes de coordinación; favorecen la innovación, la conversión del conocimiento puro al aplicado, el crecimiento del capital humano y social; pueden mejorar las reglas; idean y descubren mercados, entre otros.
Parte de esta problemática se observa en el manejo del gasto público, el papel de la burocracia y las alternativas que desarrollan las organizaciones, por ejemplo del campo. Durante muchas décadas los gobiernos y sus burocracias han manejado el gasto desde una perspectiva privatizadora y con ausencia de participación democrática de las organizaciones.
En el caso del gasto público, para el periodo de enero a junio del 2020, la SHCP informó que el monto anual del Programa Especial Concurrente (PEC, expresión incompleta del gasto público rural), aprobado en la Cámara de Diputados de 339 mil millones, sufrió un cambio al autorizarse 329 mil millones, monto menor en 10 mil millones de pesos.
Esta ha sido una práctica común, así por ejemplo con Enrique Peña Nieto (EPN), se acumularon recortes al PEC por más de 100 mil millones de pesos. Estos cambios son muy significativos dado que el PEC es el instrumento que marca la ley para el desarrollo del campo (vinculado a la producción de alimentos).
EL PEC Y LAS REDUCCIONES PRESUPUESTALES
La parte productiva identificable por los productores, dentro del PEC, es el caso de la Sader que llegó a tener un monto asignado de más de 92 mil millones de pesos para el año 2015, y ya para el 2020 ese monto se redujo a 47 mil millones de pesos. Monto que se redujo aún más (5 mil millones de pesos) con el decreto de abril del 2020.Durante el periodo de EPN no había COVID-19 pero sí hubo recortes y subejercicios, pero ahora esa ha sido la explicación de los ajustes actuales. Por eso mismo, es obvio que dadas esas circunstancias, hay algo más de fondo en lo que ha sido la historia de la disminución del gasto rural en las últimas décadas y hasta este momento, posición en la que coinciden monetaristas y sus “detractores”. La hipótesis es que el PEC ha sido un instrumento dependiente de procesos sociales y económicos superiores, y de grupos de interés que son los que al final le han dotado de sus limitaciones y de su potencial.
En el marco del neoliberalismo, varios procesos atravesaron al gasto público rural, son cambios que no se reducen a recortes y ampliaciones del PEC, ya que con la entrada, en su momento, del TLCAN el gasto rural registró un cambio que además de reducciones-ampliaciones y subejercicios, fue más allá; se cambió la naturaleza del mismo gasto, ya que éste se desacopló (separó) de la producción para transformarse en un apoyo al ingreso del productor, lo que se tradujo en privatización de empresas del Estado, cuya función era la de apoyar al productor; se minimizó la investigación en todos los procesos productivos y se alejó al Estado de los problemas derivados de los costos de producción, entre otros temas.
EL GASTO RURAL HA SIDO INSTRUMENTO DE PODER
En todos esos contextos y procesos, el gasto rural se vio subordinado a esas transformaciones, detrás de los cuales hay, por supuesto, intereses de clase. Presentándose, ante la sociedad, el gasto rural como un instrumento para el desarrollo, también ha funcionado como un instrumento de poder, donde ha existido confabulación entre burocracias y grupos influyentes del capital. Problema urgente para ser resuelto en la 4T.
Hoy a la mitad del sexenio, considerando la programación del gasto para el 2021(para el PEC se proponen 334.8 mil millones), tenemos un cambio parcial-estructural del gasto: se busca acoplar el gasto a la producción, pero hay deficiencias; se eliminan, desde el inicio del sexenio y hasta mediados del mismo, decenas de programas y componentes, así como vertientes del llamado PEC; los montos para la parte productiva se ven muy disminuidos, con excepciones; la operación de esos programas presentan fallas.
Con los montos propuestos para el 2021 se puede hacer mucho, pero es necesario superar la gran limitación institucional que se observa con la exclusión de las organizaciones sociales y privadas en el diseño de los programas y su operación; con lo cual, en la fisonomía de la 4T, la política agropecuaria no logra definir un rostro nuevo.
GRUPOS DE INTERÉS SURGEN POR AUSENCIA INSTITUCIONAL
La gran ausencia es la representación (institucional) de los grupos organizados del campo (sociales y privados), lo que favorece la proliferación de grupos de interés (por ejemplo, la Boquilla, donde se expresa la fuerza de la negociación más que la interlocución reconocida y organizada institucionalmente) .Grupos de interés que buscan representar los derechos legítimos de los campesinos, ya que ante la ausencia de la interlocución con el gobierno y el desprecio con el que vienen siendo tratados, no les queda otra opción que la expresión desesperada y las calles.
Esa política, alimentada en las limitaciones institucionales, sin buscarlo, en el fondo reproducen el fortalecimiento de una estructura productiva subordinada a la producción de alimentos provenientes del exterior, que pude ser modificada. Por ello, la generación de instituciones (por ejemplo, espacios de representación de las organizaciones del campo) es clave en la 4T, que no pueden ser sustituidas por burocracias, ni con la coordinación única gubernamental, y mucho menos con instrumentos como el PEC y manejo de recursos de la sociedad, donde las organizaciones están excluidas de su diseño y operación, perdiéndose las virtudes institucionales, entre política y economía, que explica Douglas C. North.
(*) Economista y Doctor por la Universidad de Chapingo, especialista en temas agrícolas
