
Puertas cerradas a diputada en riesgo
Los hechos ocurridos el pasado 19 de noviembre a las puertas del Congreso de la CDMX, obligan a las y los diputados locales a revisar los protocolos que rigen la actuación y desempeño laboral como empleados sindicalizados, del personal de resguardo, cuyos integrantes, de manera insólita, negaron el acceso a la diputada Diana Sánchez Barrios, cuando ante sus propios ojos, era agredida, estando en riesgo su integridad física
El Diván de la Utopía
Por I. León Montesinos
Especial de Cananea TV
Los momentos de tensión registrados a las puertas del recinto parlamentario de Donceles, el pasado jueves 19 de noviembre, donde estuvo en riesgo la integridad física de la diputada morenista Diana Sánchez Barrios, implican una urgente revisión de los protocolos de actuación del personal de resguardo del Congreso Local, cuyos integrantes sencillamente se cruzaron de brazos viendo cómo la legisladora suplicaba le dieran acceso.

Horas más tarde, la líder del comercio ambulante y la comunidad trans, denunció el hecho en sus redes sociales, al exponer: “Los compañeros de resguardo en el Congreso, por órdenes de la Mesa Directiva, no me permitieron entrar por una puerta alterna. Aunque vieron que había decenas de golpeadores de Alessandra Rojo de la Vega, me obligaron a pasar en medio de la multitud, poniendo en riesgo mi integridad”.
La Vicecoordinadora, Brenda Ruiz, debió intervenir para que estos elementos le permitieran el ingreso a su “propia casa”, a una legisladora que estuvo a punto de ser linchada, poniendo en tela de juicio los criterios que guían el actuar de quienes deben ser garantes de la seguridad de diputadas y diputados, medios de comunicación y ciudadanos al interior y entradas del Congreso Local, pero se han convertido en “cadeneros” de la “Casa del Pueblo”.

Los hechos de abusos recurrentes y falta de profesionalismo, muestran que resultó contraproducente haberlos transferido, en 2018, de un régimen laboral de empleados de confianza a uno de base. Los elementos de resguardo saben que pese a incurrir en toda una serie de abusos, prepotencias y atropellos a la gente, no pueden ser fácilmente despedidos.
El colmo de sus abusos es que cual “cadeneros” de antro, deciden a su libre albedrío quién ingresa al recinto y ciertas áreas, según su muy personal y, a veces, escaso criterio. Su actuación de señores de horca y cuchillo, está a la vista de todos y hasta el personal de prensa y de apoyo de varios legisladores ha tenido que soportar sus desplantes, pero todo esto resultó asunto menor comparado con lo sucedido a la diputada Diana Sánchez Barrios.
Las preguntas que deben hacerse a estos empleados son, entre otras: ¿Qué acaso no conocen a las y los diputados para quienes trabajan? ¿Cómo es posible que en sus propias narices se ponga en riesgo la integridad física –y quizá hasta la vida–, de una legisladora y ellos sencillamente hagan mutis?

Podrán escudarse en que recibieron órdenes directas de la panista Olivia Garza de los Santos, presidenta de la Mesa Directiva, o del titular de Resguardo, Alberto Ojeda, pero esto no los exenta de su falta de aptitud para aplicar los protocolos mínimos de seguridad, cuando se presenta una situación de emergencia y alto riesgo como la acontecida hace unos días y que, insistimos, pudo tener un lamentable desenlace para Sánchez Barrios.
Y si con tal desdén tratan a sus superiores, es de entenderse la suerte que corren el resto de los mortales que laboran o ingresan por alguna razón al Recinto de Donceles, entre estos, los propios medios de comunicación.
Debe venir el deslinde de responsabilidades porque el asunto acontecido no es menor y exige una pronta enmienda. Las cosas pueden empeorar si por apatía, se deja a los “cadeneros” de la “Casa del Pueblo”, proceder según les marquen sus cuestionables capacidades.
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