Un campo con una visión agroecológica y de autosuficiencia
Entre otras de las propuestas del Movimiento “Plan de Ayala” al Proyecto de Nación 2024-2030 de Morena, está el proporcionar apoyo económico para el desarrollo agropecuario, a través de una nueva banca con créditos a una tasa de interés fijada por la SHCP y no por el Banco de México que favorezca a estratos medios del campesinado con potencial productivo
La Carta Robada
Por Emilio López Gámez (*)
Especial para Cananea TV
(II Parte y Última)
(En la anterior entrega de la Carta Robada sobre las propuestas del Movimiento “Plan de Ayala” al Proyecto de Nación 2024-2030 de Morena, expusimos los primeros cuatro puntos en materia agropecuaria y agraria para seguir adelante con la transición democrática. En esta segunda parte y última, detallamos los 21 restantes)
5.Fomentar la producción, acceso y comercialización en mercados locales de manera sana, inocua, en tiempo y suficiente a partir del otorgamiento de subsidios para la adquisición de bienes de capital e insumos que promuevan la transición agroecológica en los modos de producir alimentos de productores de pequeña y mediana escala que permitan logar la Soberanía alimentaria. Se propone un Plan Nacional de Transición Agroecológica (PLANTA BIENESTAR).
6.El eje de apoyo económico para estos sectores se proporcionará a través de una NUEVA BANCA de Desarrollo Agropecuario que prestará crédito a una tasa de interés fijada por la SHCP y NO por el Banco de México; con el diseño de un sistema nacional de garantías como forma de apoyo a la aprobación del crédito a los estratos campesinos medios con potencial productivo, atendiendo problemáticas regionales, por rama de producción o por tipo de unidades productivas.
7.La producción campesina de sectores medios con unidades productivas de entre 20 y 40 has. de temporal o de riego indistintamente habrán de contar con apoyos adicionales para la tecnificación del riego, obras de captación de agua de lluvia e infraestructura de almacenamiento como silos y bodegas.
8.El principal rubro del gasto público actual son los subsidios individuales, pero también lo deben ser los bienes públicos de fomento productivo, así como ampliar a subsidios colectivos que conlleva a un reconocimiento a las comunidades organizadas, grupos, organizaciones y a una profundización en un nuevo modelo de desarrollo rural.
9.El desarrollo de capacidades de la población rural que les permitan identificar áreas de oportunidad y que sus proyectos de desarrollo y procesos productivos, comerciales y organizativos permitan la inserción en las cadenas productivas, agregación de valor, así como acceder a mejores condiciones de ingreso y vida.
10.En todos los programas exitosos que subsidian a la población campesina y rural en general, falta la integración de varios miles de campesinos y campesinas que cumplen plenamente los requisitos para estar en el padrón de beneficiarios, pero hasta el momento han sido excluidos, por lo que este Padrón debe ser depurado y completado.
11.Establecer una política de articulación de leyes, ley de desarrollo rural, ley de alimentación, ley de aguas, ley general de salud y la legislación necesaria para lograr la justicia que merecen los pueblos rurales e indígenas de México.
12.Mandatar la restitución a los ejidos y las comunidades de las tierras y aguas de las que fueron despojadas durante el periodo neoliberal; por ejemplo, las concesiones para la minería a cielo abierto, el fracking o los consorcios de “gran turismo” y el acaparamiento de los derechos sobre el agua.
13.En prácticamente todas las comunidades rurales sobran capacidades productivas y productos agropecuarios y forestales que en diversas ocasiones no es rentable su comercialización, en este sentido, la reactivación de la pequeña y mediana empresa manufacturera debe ser fortalecida como política permanente.
14.En cuanto a atender la estructura agraria, la relación entre el Estado y la clase campesina es necesario el reconocimiento pleno de las formas de propiedad social y sus mecanismos de representación, esto como principio para reorientar y clarificar los objetivos de Política Agraria.
15.El derecho de paridad entre el campo y la ciudad impulsará el fortalecimiento y la protección de la propiedad social del ejido y la comunidad, así como el patrimonio natural y cultural de la agricultura campesina e indígena.
16.La reforma a la ley agraria es impostergable con objeto de perfeccionar las funciones de la SEDATU, la autonomía y las tareas de representación de la Procuraduría Agraria y el papel del RAN como el garante de la certeza y la legalidad jurídica de la tierra y los bienes naturales de ella.
17.Ponderando la situación que guardan las instituciones que hoy integran el sector agrario (SEDATU, PA, RAN, FIFONAFE e INSUS), es importante que el presupuesto futuro sea suficiente para culminar fehacientemente los expedientes que aún permanecen en trámite.
18.Acelerar la regularización a favor de los legítimos ocupantes de los terrenos nacionales que están en proceso de titulación, así como, resolver definitivamente la ambigüedad jurídica que guardan las colonias agrícolas y ganaderas para culminar con la titulación correspondiente.
19.Generar un fondo de recursos económicos públicos que permitan la transmisión ordenada de derechos agrarios para fomentar el recambio generacional y el arraigo de mujeres y hombres jóvenes al interior de los ejidos.
20.Para que la Procuraduría Agraria cumpla a cabalidad con sus atribuciones es ineludible la desectorización para su plena Autonomía y su carácter de Ombudsman Agrario.
21.El Registro Agrario Nacional debe disminuir la sobre regulación que impone en los procesos de inscripción de los documentos que acreditan el derecho a la tierra de los sujetos agrarios.
22. A partir de la reapertura de la atención en septiembre del año 2021, existe descoordinación entre oficinas centrales y las representaciones estatales, atención discrecional de acuerdo a las preferencias de los funcionarios y lo más relevante y negativo, un desconocimiento profundo de muchos funcionarios. Todo ello por supuesto deben ser corregido a través de funcionarios honestos y expertos en la materia.
23.Se destaca la necesidad de generar consenso de las masas campesinas en torno a un proyecto político, que continúe trabajando en la perspectiva de la transformación corrigiendo los errores de la burocracia federal actual y la de algunas entidades gobernadas supuestamente por la izquierda.
24.Desde el 2015 en el sexenio de Enrique Peña empezó una caída en términos reales del PEC. El presupuesto y manejo del PEC en el proceso de transformación no puede ser entendido solo a través de poner en el centro la cantidad de recursos, lo que resulta una mirada reduccionista de la realidad. Es necesaria su recuperación y un rediseño centrado en su reorientación hacia el campesinado.
25.Finalmente sostenemos que, no compartimos la concepción que deposita en el Estado una función monopolista respecto a la organización social pues no corresponde a la capacidad y a la conciencia de las fuerzas campesinas que en este momento construimos desde abajo el proceso de transformación. Por tanto, nos pronunciamos por el respeto a las formas autónomas de organización social campesina para impulsar la concreción de este proyecto.
(*) Doctor en Economía por la Universidad de Chapingo y experto en temas agrarios)
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